Sentencia Definitiva de Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, 27 de Mayo de 2015, expediente B 66884

PresidenteNegri-Genoud-Hitters-Soria-de Lázzari-Pettigiani-Kogan
Fecha de Resolución27 de Mayo de 2015
EmisorCorte Suprema de la Provincia de Buenos Aires

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 27 de mayo de 2015, habiéndose establecido de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores N., G., Hitters, S., de L., P., K., se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa B 66.884, "Y., A.J. contra Provincia de Buenos Aires (I.P.S.). Demanda contencioso administrativa".

A N T E C E D E N T E S
  1. La señora A.J.Y., con patrocinio letrado, promueve demanda contencioso administrativa contra la Provincia de Buenos Aires procurando la anulación de las resoluciones 490.597 y 509.023 dictadas por el Directorio del Instituto de Previsión Social los días 14-II-2002 y 2-VII-2003, por medio de las cuales se le impuso sobre su prestación pensionaria un cargo deudor por la percepción indebida de los haberes jubilatorios por parte de su cónyuge y se rechazó el recurso de revocatoria que oportunamente interpusiera, respectivamente.

    Tras la anulación de los actos referidos, solicita que se deje sin efecto el cargo deudor practicado y se condene al organismo previsional a reintegrar las sumas descontadas y retenidas, con actualización monetaria e intereses.

  2. Por resolución de fecha 28-II-2007 esta Corte hizo lugar a la medida cautelar pedida en la demanda, ordenando al Instituto de Previsión Social la suspensión de la ejecución del cargo deudor formulado a la señora A.J.Y. hasta tanto recaiga pronunciamiento sobre el fondo del asunto (fs. 29/32).

  3. Corrido el traslado de ley, se presenta a juicio Fiscalía de Estado, quien al contestar la demanda solicita su rechazo argumentando a favor de la legitimidad de los actos impugnados (fs. 38/47).

  4. Agregadas las actuaciones administrativas, sin acumular, y los alegatos de ambas partes, la causa quedó en estado de pronunciar sentencia, decidiéndose plantear y votar la siguiente

    C U E S T I Ó N

    ¿Es fundada la demanda?

    V O T A C I Ó N

    A la cuestión planteada, el señor Juez doctor N. dijo:

    I.R. la accionante que el Instituto de Previsión Social le otorgó a su cónyuge, R.J.R., con fecha 6-X-1990 el beneficio de jubilación ordinaria, abonándole el 70% del sueldo y bonificaciones asignadas al cargo de Agente de Propaganda Médica desempeñado en la empresa CIBA GEIGY ARGENTINA (NOVARTIS), incluyendo la bonificación por comisión de Agente de Propaganda Médica percibida en actividad, hasta el día de su fallecimiento.

    Indica que el 7-III-2000, y luego de ocurrido el deceso de su esposo, se presentó a solicitar el beneficio de pensión en su condición de legítima esposa.

    Señala que la Comisión de Prestaciones del I.P.S. manifestó que en el beneficio de jubilación se había abonado una bonificación que no cumplía con los recaudos de regularidad y habitualidad exigidos por el art. 40 del decreto ley 9650/1980 y que, en cambio, sí se encontraban cumplidos los requisitos del art. 34 de esa misma norma, por lo que aconsejó otorgar la pensión y practicar los cargos deudores al causante de autos y a la pensionada por la incorrecta percepción de haberes, criterio que fue plasmado por el Directorio del citado organismo en la resolución 490.597 de fecha 14-II-2002.

    Expresa que contra dicha resolución interpuso en tiempo y forma recurso de revocatoria, solicitando el pago de la bonificación por comisión y que se dejen sin efecto los cargos deudores practicados por incorrecta percepción de haberes, impugnación que fue rechazada por resolución 509.023 del 17-VII-2003.

    Manifiesta que el acto administrativo impugnado es arbitrario y le causa perjuicios irreparables atento el carácter alimentario de la prestación.

    Afirma que el Instituto de Previsión Social debió suplir la falta de elementos de juicio, solicitando la producción de informes u otras medidas probatorias, antes de derivar de aquélla un perjuicio para el afiliado. Más aún teniendo en cuenta que, según aduce, el causante había acompañado el certificado de servicios del laboratorio requerido para la determinación del haber, constancia que el organismo previsional estimó insuficiente.

    Dice que si bien la accionada posee la potestad administrativa de revisión de sus actos, tal como la ejerció en el presente caso, debió también tener en cuenta que en materia previsional lo esencial es cubrir riesgos de asistencia. En consecuencia, impugna el hecho de que se hubiese practicado el aludido cargo deudor sin agotarse previamente otros medios posibles de producción de prueba.

    Sostiene que la bonificación por comisión percibida por el señor R. reúne los recaudos de regularidad, habitualidad y permanencia, encuadrando en el art. 40 del decreto ley 9650/1980 (t.o. 1984).

    Explica que la retribución integrada con la comisión conforma una garantía salarial que debe tenerse en cuenta a los efectos de liquidar el haber previsional, en tanto ha sido establecida a favor de la totalidad del personal con el fin de compensar la disponibilidad permanente que caracteriza a la actividad desempeñada por los agentes de propaganda médica. En el entendimiento que la perciben todos los agentes en igual situación de desempeño, afirma que la percepción de dicha comisión tiene carácter de permanencia.

    Asevera que la bonificación por comisión tiene también carácter de habitual, dado que hay uniformidad y certidumbre en el modo de determinar su cuantía, no tratándose de una identidad en el monto percibido, sino de identidad en las bases o datos a considerar para establecerlo.

    Alega que si bien dicha remuneración es variable en su monto, ello no significa que las haya percibido en forma irregular y no permanente. Agrega que tal situación la ha acreditado aportando en varias oportunidades los informes de la empresa que así lo demuestran. No obstante ello, señala que el organismo previsional, sin pedir ampliación alguna, determinó que no se hallaban reunidos los recaudos legales.

    Indica que el causante percibió en el cargo de agente de propaganda médica una remuneración mensual bruta de $ 1.076 y una remuneración variable de $ 2.298, siendo ésta la percepción habitual y permanente o regular de la categoría de agente de propaganda médica por la que se realizaron los aportes de ley.

    Pide el dictado de una medida cautelar, procurando la suspensión de la ejecución del cargo deudor formulado sobre su haber pensionario.

    Funda en derecho su pretensión, cita jurisprudencia, peticiona se haga lugar a la demanda, se impongan las costas a la demandada y plantea caso federal.

    Finalmente, amplía la demanda con ofrecimiento de prueba documental -actuaciones administrativas 2350-73.390/00, recibos de haberes previsionales, recibos de sueldo, fojas del expediente administrativo sustanciado ante el A.N.Se.S., Convenio Colectivo de Trabajo 119/1975 y Estatuto del Viajante de Comercio- (fs. 15/17).

  5. Fiscalía de Estado afirma la legitimidad de los actos administrativos cuestionados en la demanda.

    En tal sentido, recuerda que el art. 40 del decreto ley 9650/1980 (t.o. 1994) establece que se consideran remuneración los sueldos o asignaciones percibidas por todo concepto, incluidos los suplementos y bonificaciones adicionales que revistan el carácter de habituales y regulares.

    Pone de relieve el carácter variable y la ausencia de los caracteres de regularidad y permanencia en el suplemento por comisión.

    Considera que el hecho de que las liquidaciones del suplemento analizado estén supeditadas al cumplimiento de determinados requisitos, trae aparejado que las mismas no puedan considerarse como integrantes del haber previsional en tanto, de permanecer en actividad, el causante no las hubiera percibido necesariamente.

    Sostiene que la indicada bonificación estaba relacionada de manera directamente proporcional a la venta efectivamente realizada como requisito para percibirla y que el consecuente carácter variable de la misma se encuentra acreditado en el certificado de la empresa CIBA del 9 de noviembre de 2003 agregado en las actuaciones administrativas, donde se observa la irregularidad y la no uniformidad del suplemento por comisión que percibía el causante.

    Finalmente, destaca que existió un enriquecimiento sin causa por parte del afiliado y un consecuente perjuicio patrimonial para el Instituto de Previsión Social.

    Indica que, en ese contexto, resulta plenamente aplicable lo normado por el art. 61 del decreto ley 9650/1980 (t.o. 1994) en cuanto le confiere al organismo previsional provincial la facultad de descontar hasta el veinte por ciento de los haberes previsionales, en concepto de las deudas originadas en pagos indebidos a los beneficiarios.

    En síntesis, solicita el rechazo de la pretensión deducida con fundamento en la legitimidad del obrar administrativo.

    Deja planteado el caso federal.

  6. De las actuaciones administrativas 2350-73.390/00 -acompañadas en copia autenticada- surgen los siguientes datos útiles para la solución de la causa:

    1. Por resolución 359.203 del 17-II-1994, el Directorio del Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires, acordó al señor R.J.O.R. el beneficio de jubilación ordinaria, por reconocimiento de los servicios desempeñados en el ámbito de la Caja Nacional de Previsión, de la Industria, Comercio y Actividades Civiles, a partir del 6-X-1990, fecha de la opción por la citada caja otorgante formulada por el beneficiario. Asimismo, resolvió que el beneficio acordado se abonaría a partir del 1-X-1993 -momento en que se produjo la baja en el orden nacional- y sería equivalente al 70% del sueldo y bonificaciones asignados al cargo de Agente de Propaganda Médica desempeñado en CIBA GEIGY ARGENTINA (fs. 102 bis, expte. adm.).

    2. A fs. 167 se glosa el acta de defunción que da cuenta del fallecimiento del señor R. ocurrido el 4-II-2000.

    3. El 7-III-2000, la señora Y. solicitó ante el I.P.S. el beneficio de pensión derivado del fallecimiento de su cónyuge, acreditando el vínculo marital con la correspondiente partida de matrimonio (fs. 167...

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