Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 6 de Diciembre de 2017, expediente C 120698

Presidente:de Lázzari-Kogan-Soria-Pettigiani-Negri
Fecha de Resolución: 6 de Diciembre de 2017
Emisor:SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 6 de diciembre de 2017, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctoresde Lázzari, K., S., P., N.,se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa C. 120.698, "Yacht Club Argentino contra Municipalidad de San Fernando. Usucapión".

A N T E C E D E N T E S

La Sala I de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Isidro confirmó la sentencia de primera instancia que, a su turno, había declarado la prescripción adquisitiva de la fracción aluvional a favor del actor, aclarando que aquélla había operado el 7 de septiembre de 1956. Asimismo, impuso las costas a la demandada (v. fs. 1.097).

Se interpuso, por la Fiscalía de Estado, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 2.003/2.027 vta.).

Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente

C U E S T I Ó N

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?

V O T A C I Ó N

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor de L. dijo:

  1. El "Yacth Club Argentino" promovió demanda de prescripción adquisitiva veinteañal contra la Municipalidad de San Fernando respecto de la Parcela "1 a" de la Circunscripción V, Sección A, Fracción I, inscripta al Folio 263 del 27 de octubre de 1936 como fracción de terreno aluvional, de 19.754,5835 metros cuadrados de superficie, contigua a la parcela 7 que había adquirido en el año 1936. Indicó que la parcela "1 a" pertenecía al dominio privado del Estado y que ejercía su posesión desde hacía ciento veinte años, ya que sumaba a la suya la del anterior propietario, que la había adquirido en el año 1884, resaltando que desde hacía sesenta y ocho años venía realizando sus propios actos posesorios (v. fs. 212/230 vta.).

    Corrido el traslado de ley se presentó la Municipalidad de San Fernando a contestar demanda, repeliendo la acción a través de la articulación de la excepción de falta de legitimación pasiva sosteniendo que la parcela en cuestión pertenecía al dominio público del Estado provincial (v. fs. 244/251 vta.). Esa defensa mereció la réplica de la actora (v. fs. 255/258), quien solicitó -además- la citación de la Provincia de Buenos Aires, lo que le fue concedido (v. fs. 278 y vta.).

    Se presentó la Fiscalía de Estado a tomar debida intervención y, luego de una negativa pormenorizada, alegó que el bien que se pretendía usucapir pertenecía al dominio público del Estado provincial, pues tenía origen aluvional a un afluente navegable como era el río Luján y, por ello, era imprescriptible e inalienable (v. fs. 374/404 vta.).

    Posteriormente se abrió el juicio a prueba y, oportunamente, se dictó sentencia haciendo lugar a la pretensión actoral, declarando adquirida por prescripción la parcela "1 a" de la Circunscripción V, Sección A, Fracción I, en razón de que pertenecía al dominio privado del Estado provincial. Le impuso las costas a este último. A su vez, hizo lugar a la excepción de falta legitimación pasiva opuesta por la Municipalidad de San Fernando e impuso las costas por su orden (v. fs. 984/997 vta.).

    Este pronunciamiento fue apelado por la Fiscalía de Estado (v. fs. 1.002) presentando su correspondiente memorial de agravios (v. fs. 1.014/1.030 vta.), el que fue repelido por el actor (v. fs. 1.049/1.066).

  2. La Sala I de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Isidro confirmó la sentencia de primera instancia que había hecho lugar a la adquisición por prescripción veinteañal de la parcela pretendida por el actor, aunque modificó la fecha en que había operado aquélla estableciéndola en el 7 de septiembre de 1956.

    En principio el Tribunal de Alzada dejó aclarado que la materia se regía por el Código Civil, en razón de que era de aplicación la ley vigente al momento en que se había comenzado a ejercer la posesión y seguidamente repasó los principios generales sobre prescripción adquisitiva de inmuebles, para luego ingresar en el análisis de la naturaleza del bien que se pretendía usucapir y de la prueba rendida (v. fs. 1.082/1.084).

    En esa faena -con cita de fallos y doctrina de autores- dispuso que:

    II.1. sólo se podían prescribir los bienes privados del Estado porque los destinados al uso público se encontraban fuera del comercio, concluyendo, respecto de los cursos de agua, que las porciones de tierra que las mareas bañaban y desocupaban durante las crecientes normales eran bienes del dominio público de Estado, por lo tanto el cauce y la ribera interna no eran adquiribles por prescripción (v. fs. 1.084/1.085);

    II.2. la Provincia de Buenos Aires había dictado -el 13 de enero de 1966- el decreto 102, en el que tomaba para sí la facultad de determinación y permanente actualización de la línea de ribera fluvial, que era la que separaba el dominio público del privado (v. fs. 1.085);

    II.3. se había sancionado el Código de Aguas -ley 12.257- en cuyo art. 18 se disponía que la Autoridad del Agua tenía a su cargo la demarcación de la línea de ribera, la que a su vez fue explicitada en el decreto reglamentario 3.511/07, criterio que era coincidente con lo que había dispuesto esta Corte en B. 49.281, "Mar de Ostende S.R.L." (sent. de 4-VIII-1992), por lo que la ribera externa era del dominio privado del Estado (v. fs. 1.085/1.086 vta.);

    II.4. el tablestacado había sido construido por la actora, lo que surgía de los planos acompañados y de lo que informaban las pericias de los ingenieros, lo que implicaba la inexistencia de playa y de tierra que las aguas bañaran y desocuparan en las crecientes normales o las crecidas medias ordinarias (v. fs. 1.086 vta.);

    II.5. esa construcción no podía ser considerada clandestina, como alegaba la Fiscalía de Estado, cuando había obtenido la autorización de la Municipalidad de San Fernando, pues las obras de protección de la orilla habían sido realizadas en el año 1968 y aprobadas en el año 2001 cuando estaba vigente el Código de Aguas provincial que en su art. 96 permitía al ribereño realizar tales protecciones (v. fs. 1.086 vta./1.087);

    II.6. la referencia a la causa B. 50.865, "Náutica Propeller", fallada por esta Corte, servía sólo para tomar en cuenta la diferencia entre ribera interna y ribera externa, señalando que en el presente caso se trataba de usucapir la ribera externa porque la interna limitaba con el referido tablestacado (v. fs. 1.087 y vta.);

    II.7. del informe de Catastro Territorial de la Provincia surgía que parte de la parcela "1 a" era un fondeadero privado, concluyendo que el resto tenía igual carácter. Hizo referencia al fallo de la Corte nacional en la causa "Las Mañanitas S.A. c/Provincia de Neuquén s/Acción declarativa de certeza", sentencia de 4 de agosto de 2009, con el que encontraba similitud, destacando que en el plano aprobado por la Dirección de Geodesia provincial la línea de ribera estaba marcada por los mojones 72-73 y 74, que habían sido colocados por el Ministerio de Obras Públicas de la Nación, lo que a su vez había sido corroborado en el terreno por el perito agrimensor, permitiendo entonces inferir que la parcela en cuestión pertenecía al dominio privado del Estado (v. fs. 1.087 vta./1.089 vta.);

    II.8. de los planos y fotografías acompañados por la actora y corroborado con los informes realizados por los peritos ingenieros R. y F. y por Catastro provincial, la parcela "1 a" no era colindante con un río navegable sino con una bahía y fondeadero cerrado por sus cuatro laterales con una entrada de menos de 30 metros de largo (v. fs. 1.090/1.092 vta.);

    II.9. la Fiscalía de Estado había iniciado el expediente administrativo 5100-4856/2005 con motivo del traslado de la demanda para obtener la declaración administrativa de nulidad del plano 96-15-63, persiguiendo la determinación de la línea de ribera, cuando la ya demarcada había sido realizada por autoridades competentes, pero tal objetivo no prosperaría porque no podían aplicarse retroactivamente las resoluciones administrativas dado que así lo disponían los arts. 3 del Código Civil y 7 del Código Civil y Comercial de la Nación; 111 y 113 del Código de Procedimiento Administrativo de la Provincia de Buenos Aires, criterio que además era el sostenido por la Corte nacional en la causa "C. de Cantón y otros" (v. fs. 1.092/1.094 vta.);

    II.10. la bahía donde funcionaba el fondeadero era propiedad del Estado Mayor General de la Armada porque así lo disponía el decreto del Poder Ejecutivo nacional 43.896 del 9 de octubre de 1939 y le fue cedida a la actora en uso precario por resolución del Ministerio de Marina 442/1945 (v. fs. 1.094 vta.);

    II.11. el intendente de la Municipalidad de San Fernando había conferido validez al plano de mensura aprobado en el expediente 2209/2000 mediante el decreto 1.188 del 5 de julio de 2001 (v. fs. cit.) y

    II.12. de las constancias obrantes en la causa surgía la aplicación del último párrafo del art. 2.572 del Código Civil, pues la parcela "1 a" no se encontraba vecina a un río navegable ni al río Luján, que era el límite para fijar la línea de ribera en la cual finalizaba el dominio público y nacía el dominio privado del Estado provincial susceptible de ser materia de prescripción adquisitiva (v. fs. cit.).

  3. Luego, la Cámara analizó la prueba rendida para acreditar elanimus dominiy elcorpuscorrespondiente al término legal para usucapir y la consideró suficiente (v. fs. 1.096 y vta.).

    Para así decidirlo sostuvo que:

    III.1. El actor...

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