Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 13 de Junio de 2023, expediente CAF 000346/2018/CA001

Fecha de Resolución13 de Junio de 2023
EmisorCamara Contencioso Administrativo Federal- Sala II

Poder Judicial de la Nación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL

SALA II

Expte. n° 346/2018

En Buenos Aires, a los trece días del mes de junio de dos mil veintitrés,

reunidos en acuerdo los señores Jueces de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal para conocer del recurso interpuesto en autos 346/2018 “Xue, Caiying c/ EN –

DNM s/recurso directo DNM”, respecto de la sentencia dictada el 25 de octubre de 2019 el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

El Dr. L.M.M. dijo:

  1. Que la Sra. X.C., de nacionalidad china, interpuso recurso judicial directo contra la disposición SDX nº 012178, del 17/1/18,

    por la que se desestimó el recurso de reconsideración que había interpuesto contra la disposición SDX nº 257106, del 28/10/15 (páginas 63/66 del expediente administrativo nº 2348272014, del documento titulado “Contestación demanda: CUMPLE ACORDADA (Parte 2 de 4)” y páginas 62/64 del expediente administrativo nº 2348272014, del documento titulado “Contestación demanda: CUMPLE ACORDADA (Parte 4 de 4)”, respectivamente, que fueran subidos al Sistema de Gestión Lex 100 con fecha 9/3/18).

    Mediante la mencionada disposición SDX nº 257106, la Dirección Nacional de Migraciones (en adelante, D.N.M.) denegó el beneficio solicitado por la actora, declaró irregular su permanencia en el país,

    ordenó su expulsión del territorio nacional y prohibió su reingreso por el término de cinco (5) años.

    A ese fin, la D.N.M. tuvo en cuenta que la actora había ingresado al territorio nacional eludiendo el control migratorio correspondiente y que ese hecho se subsumía dentro de los impedimentos para ingresar o permanecer en el territorio nacional normados por el artículo 29 inciso i)

    de la Ley nº 25.871 (en lo sucesivo, LNM).

  2. Que el Sr. Juez de primera instancia dictó sentencia con fecha 25/10/19 mediante la cual rechazó el recurso judicial directo interpuesto,

    con costas (art. 68, primer párrafo, C.P.C.C.N.).

    Para así decidir, luego de reseñar las posiciones de la partes y lo establecido en el cuarto párrafo del artículo 99, inciso 3º de la Constitución Nacional, afirmó que no se encontraba discutido que el Poder Ejecutivo Nacional había remitido a la Comisión Bicameral Permanente el decreto nº 70/17 (conf. fs. 3 y fs. 23 vta.) y había Fecha de firma: 13/06/2023

    Firmado por: J.L.L.C., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: M.C.C., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: L.M.M., JUEZ DE CAMARA

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    comunicado el dictado del decreto de necesidad y urgencia mediante mensaje nº 11 de fecha 1º/2/17.

    A su vez, destacó que, si bien el mismo había sido tratado por la Comisión Bicameral Permanente mediante reunión celebrada el día 16/2/17, lo cierto es que al momento de dictarse la sentencia el decreto en cuestión no había sido rechazado por el Congreso Nacional.

    Afirmó que la actora se limitó a efectuar una reseña parcial y sesgada de la normativa aplicable, sin realizar una mínima y seria argumentación al respecto, agregando que la consecuencia que aquella pretendía otorgar a la falta de pronunciamiento de la Comisión Bicameral Permanente, no surgía ni de la letra de la Constitución Nacional ni del texto de la Ley nº 26.122.

    Por otro lado, indicó que si bien no se registraban precedentes de la Corte Suprema con relación a los supuestos en que no haya mediado convalidación por parte del Congreso de la Nación a un decreto de necesidad y urgencia con posterioridad al dictado de la Ley nº 26.122, lo cierto es que el Máximo Tribunal indicó que la inexistencia del debido control legislativo, exigido por la Ley Fundamental, no suponía que un decreto de estas características perdiera vigencia. Por el contrario,

    aseguró que los tribunales se encontraban habilitados para evaluar el presupuesto fáctico —la configuración de un estado de necesidad y urgencia— que justificaría la adopción de decretos que reúnan tan excepcionales presupuestos (Fallos: 333:633).

    En virtud de ello, entendió que no podía considerarse que en el sub examine se hubiera producido una “estafa procesal”, y expresó que toda vez que un decreto de necesidad y urgencia no pierde su vigencia en virtud de la falta de convalidación legislativa, sino del modo en que lo establece el art. 22 de la Ley nº 26.122, por lo que correspondía desestimar la pretensión introducida por la accionante en su escrito de inicio.

    Asimismo, advirtió que la parte actora se limitó a sostener que el decreto nº 70/17 era “inexistente” –expresión extraña a nuestro ordenamiento- citando parcialmente las normas de la ley reglamentaria del cuarto párrafo del art. 99, inc. 3 de la Constitución Nacional, sin una demostración efectiva y concreta de tales asertos (arg. de Fallos:

    Fecha de firma: 13/06/2023

    Firmado por: J.L.L.C., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: M.C.C., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: L.M.M., JUEZ DE CAMARA

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    331:563), lo que conducía a desestimar la declaración de inconstitucionalidad pretendida.

    Finalmente, dispuso que una vez que se encontrase firme y consentido dicho decisorio, la D.N.M. podría concretar la retención de la extranjera, en los términos de lo establecido en los arts. 69 octies y 70 de la Ley nº 25.871.

  3. Que disconforme con lo resuelto, la actora interpuso recurso de apelación y expresó agravios con fecha 28/10/19, los que no recibieron réplica de su contraria.

    En primer lugar, señaló que, si bien mayoritariamente coincidía con el exhaustivo estudio realizado por el Juzgador, resaltó que existían cuestiones normativas que no fueron tenidas en cuenta en la sentencia.

    Al respecto, se quejó de que el Sentenciante no hubiera advertido que el decreto nº 70/17 había sido dictado mientras que el Congreso se encontraba en funcionamiento.

    Puso de resalto que no expresó el Sentenciante, ni surgía del decreto en cuestión, cuales habían sido las razones de necesidad y urgencia que a criterio del Magistrado autorizaban al Poder Ejecutivo a “desobedecer“ la Constitución Nacional y a “dictar un decreto que no tenía ningún apuro en esperar una sanción del Congreso, dado que los inmigrantes no estaban provocando actos de vandalismo, ni eran tantos los delincuentes, ni ponían en peligro la seguridad del estado, tampoco hacían aumentar el precio del dólar, ni generaban desastres económicos,

    tampoco quitaban el trabajo a los Argentinos, sino no hubieran permitido el ingreso irrestricto de inmigrantes Venezolanos”.

    Alegó que no compartía la interpretación del pronunciamiento apelado en cuanto a que, si bien la ley que regula los decretos de Necesidad y Urgencia prevé que la Comisión Bicameral debe expedirse,

    ello no implicaba que el Decreto dejara de tener vigencia si la citada Comisión no se expedía.

    En otro apartado de su presentación, agregó “decía mi abuelo (Ex Juez de la Suprema Corte de Asís) que las leyes no se interpretan por lo que dicen, sino por el criterio del Magistrado (eso en Italia prefascista), y algo de razón tenía, no por sabio, como yo lo consideraba, sino por viejo”

    -sic- anteúltimo párrafo de la página 2 de la presentación de fecha 28/10/19).

    Fecha de firma: 13/06/2023

    Firmado por: J.L.L.C., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: M.C.C., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: L.M.M., JUEZ DE CAMARA

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    Refirió por otra parte que, “si los inmigrantes fueran el origen de todos nuestros males, responsables de la debacle económica, de los aumentos de los combustibles, luz y gas, de la inflación, que nuestros ciudadanos carezcan de trabajo, que las grandes cadenas de Supermercados Extranjeras, se fundan, como consecuencia de la competencia de los Super-Chinos, la Obligación primordial de la Dirección Nacional de Migraciones, con el apoyo de Gendarmería, y hoy el Ejercito Argentino, es no dejarlos entrar, cuidando nuestras fronteras, y no cobrarles para entrar (clandestinamente) y luego gastar del erario público para deportarlos” (sic).

    En virtud de ello, solicitó que “siguiendo el criterio sustentado en la excelente sentencia dictada por el A-quo” y lo enunciado en su recurso,

    se revoque la misma, declarando inexistente el decreto nº 70/17 por no haber cumplido con los requisitos que impone la ley y la Constitución Nacional, con expresa imposición de las costas.

    Por último, hizo reserva de plantear el recurso Extraordinario Federal “por violarse el artículo 90 de la Constitución Nacional, la Ley Antidiscriminatoria, por expulsar a los Chinos y admitir a los Venezolanos y ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por violar el Pacto de San José de Costa Rica, que prohíbe las deportaciones masivas”.

  4. Que con fecha 10/4/23 dictaminó el Sr. Fiscal General y mediante proveído del13/4/23 pasaron los autos al Acuerdo.

  5. Que, liminarmente, es menester dejar en claro que los jueces no estamos obligados a seguir a las partes en todas y cada una de las argumentaciones que se pongan a consideración del Tribunal, sino tan solo aquellas que sean conducentes para decidir el caso y basten para dar sustento a un pronunciamiento válido (conf. C.S.J.N. en Fallos:

    258:308; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 291:390; 297:140:

    301:970; y esta Sala, en autos “C., F. y otros c/ PNA – Disp.

    nº 448/09”, sent. del 25/10/2011; entre otros).

  6. Que, sentado lo expuesto, y teniendo en cuenta las cuestiones involucradas en el caso, es menester poner de relieve los lineamientos jurídicos y la hermenéutica dada a las cuestiones sobre las cuales se debate en autos.

    Fecha de firma: 13/06/2023

    Firmado por: J.L.L.C., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: M.C.C., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: L.M.M., JUEZ DE CAMARA

    Poder Judicial de la Nación...

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