Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala IV, 11 de Abril de 2023, expediente CAF 055280/2018/CA001

Fecha de Resolución11 de Abril de 2023
EmisorCamara Contencioso Administrativo Federal- Sala IV

Poder Judicial de la Nación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL

- SALA IV -

Exp. CAF 55280/2018/CA1: “WEN, SHIBAO c/ EN-M INTERIOR OP Y V-DNM

s/ RECURSO DIRECTO DNM”

En Buenos Aires, a de abril de 2023, reunidos en acuerdo los se-

ñores jueces de la Sala IV de esta Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Con-

tencioso Administrativo Federal, a efectos de conocer el recurso interpuesto en los autos “WEN, SHIBAO c/ EN-M INTERIOR OP Y V-DNM s/ RECURSO DIRECTO

DNM” contra la sentencia del 16.08.2022, el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

El señor juez de Cámara M.D.D. dijo:

  1. ) Que, por sentencia del 16.08.2022, el señor juez de primera instancia hizo lugar al recurso deducido por el ciudadano de nacionalidad china S.W. y, en consecuencia, ordenó a la autoridad migratoria que dictara resolución dentro del plazo de veinte (20) días expidiéndose nuevamente sobre la situación del actor,

    teniendo en cuenta las circunstancias y elementos informados en la causa y, en especial,

    la normativa que entendió aplicable a la especie.

    Distribuyó las costas en el orden causado, en atención a las particu-

    laridades que advirtió en el asunto debatido (art. 68, segundo párrafo, CPCCN).

    Para fallar como lo hizo, efectuó una reseña de los antecedentes del caso y reparó en que el decreto PEN 138/2021 —en vigencia desde el 5.3.2021, art. 4º—

    había derogado a su par 70/2017 y, por ende, dejado sin efecto las modificaciones que éste último había introducido a la ley 25.871.

    Sobre el punto, puso de relieve que la Administración había consi-

    derado que esos cambios —que ella misma había introducido apenas cuatro años antes — resultaban inconciliables con la Constitución de la Nación y con el sistema interna-

    cional de protección de los derechos humanos que ésta receptaba, lo que justificaba res-

    tituir la vigencia de la legislación originaria en materia migratoria.

    Por ende, concluyó que procedía que la autoridad competente efec-

    tuara un nuevo encuadre del caso a la luz de lo dispuesto en ese régimen normativo.

  2. ) Que, disconforme con el pronunciamiento, el 17.08.2022, el le-

    trado apoderado de la DNM interpuso recurso de apelación, que fue concedido libre-

    mente el 22.08.2022.

    Fecha de firma: 11/04/2023

    Firmado por: M.D.D., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: R.W.V., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: J.E.M., JUEZ DE CAMARA

    Puestos los autos en la Oficina, expresó sus agravios el 21.10.2022,

    los que no fueron contestados por el demandante (v. providencia del 18.11.2022).

  3. ) Que, ante todo, el organismo migratorio recordó los hechos más relevantes de las actuaciones administrativas en cuestión y sostuvo que de ellos se des-

    prendía, con total claridad, el cumplimiento de los requisitos esenciales de todo acto ad-

    ministrativo, a saber, (i) dictado por autoridad competente; (ii) debidamente fundado en las circunstancias fácticas y jurídicas vigentes al momento de la decisión, sin que resul-

    tara viable en el caso el denominado criterio de “reunificación familiar”; (iii) existencia de dictamen previo respecto de cada uno ellos, y (iv) su debida notificación.

    En este sentido, ponderó que —en lo que aquí importa— se hallaba configurado uno de los supuestos objetivos previstos para declarar irregular la perma-

    nencia de un extranjero en el país y ordenar su expulsión. Asimismo, agregó que —tal como ocurría en el caso— el derecho sustantivo debía ser analizado de conformidad con la normativa vigente al momento de acaecimiento de los hechos en debate o, en su de-

    fecto, al tener efectivo conocimiento de su ocurrencia.

    Por otra parte, adujo que la decisión del a quo afectaba el principio de legalidad, la estabilidad del acto y, por ende, su seguridad jurídica. En otras palabras,

    manifestó que significaba una declaración de nulidad absoluta de las disposiciones en crisis, que habían sido dictadas de forma razonable, bajo los términos de la ley y respe-

    tando el debido proceso.

    Desde tal perspectiva, precisó que, al ordenar el reenvío de las ac-

    tuaciones a la DNM, el juez de grado se había adjudicado atribuciones que no le eran propias, razón por la que solicitó que se revocara la decisión apelada.

  4. ) Que, con el fin de dar adecuada respuesta a las cuestiones traí-

    das a conocimiento de esta Alzada, resulta oportuno reseñar los principales antecedentes de hecho que dieron lugar al conflicto, sobre los cuales —valga destacarlo— no ha exis-

    tido controversia entre las partes.

    Así, de las actuaciones administrativas incorporadas a autos (Exp.

    nº 198479/2017, digitalizado el 10.09.2018) surge que:

     El 1°.12.2017, la Dirección Nacional de Migraciones emitió a nombre del señor S.W. el Acta de Declaración Migratoria e Intimación a R.-

    rizar n° 00081998, en la que se constató su ingreso irregular al territorio nacional, toda vez que así lo declaró —bajo juramento— el propio actor. En este sentido, admitió ha-

    ber accedido ilícitamente al país el 15.11.2017, en micro desde Bolivia (cfr. fs. 1/2, exp.

    cit.).

     En virtud de tal circunstancia, el 28.05.2018, el organismo migra-

    torio subrayó que tampoco surgía de sus registros constancia de tránsito de ingreso o an-

    tecedente migratorio alguno y, por entender que el extranjero se encontraba comprendi-

    do en el entonces art. 29, inc. k, de la ley 25.871, modificada por el decreto 70/2017,

    Fecha de firma: 11/04/2023

    Firmado por: M.D.D., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: R.W.V., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: J.E.M., JUEZ DE CAMARA

    Poder Judicial de la Nación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL

    - SALA IV -

    Exp. CAF 55280/2018/CA1: “WEN, SHIBAO c/ EN-M INTERIOR OP Y V-DNM

    s/ RECURSO DIRECTO DNM”

    dispuso su expulsión de la República Argentina, con el agravante de prohibirle el rein-

    greso por el período de cinco (5) años (cfr. 25/28, disposición SDX 104532).

     Disconforme con lo decidido, el migrante interpuso recurso jerár-

    quico, el cual fue rechazado el 4.07.2018 mediante la disposición SDX 133994 (cfr. fs.

    33/36 y 50/52 del exp. adm.).

  5. ) Que, sentado lo que antecede y a modo de introducción, resulta conveniente recordar que, mientras las normas de índole procesal son de aplicación in-

    mediata a los juicios en trámite, en tanto no deroguen actuaciones anteriores (cfr. Fallos:

    211:589; 220:30; 241:123; 306:2101; 307:1018; 317:499; 323:1285; 324:1411;

    326:2095, entre otros), el derecho sustantivo debe ser analizado a la luz del régimen vi-

    gente al momento del acaecimiento de los hechos en debate o de su efectiva toma de co-

    nocimiento, según el caso (esta Sala, in re, “A.P., C.M. c/ E.N.

    – DNM s/ Recurso Directo DNM”, sentencia del 22.04.2021, entre muchas otras).

    Este principio elemental de interpretación jurídica en el derecho na-

    cional, sumado a la (ineludible) consideración de todas las circunstancias fácticas de re-

    levancia ocurridas que, como regla, debe llevar a cabo la Administración en el proceso de toma de decisiones para que éstas resulten legítimas, eficaces y eficientes, conducen a revocar lo resuelto en la instancia de grado, de acuerdo con la línea argumental que se expone a continuación.

  6. ) Que, en consonancia con lo antedicho y en primer lugar, corres-

    ponde descartar la aplicación al sub lite del decreto de necesidad y urgencia Nº 138/2021

    que dispuso la sentencia apelada, en razón de que dicho acto fue sancionado recién el 4

    de marzo de 2021 y entró en vigor —de acuerdo a lo que él mismo dispuso— el día 5

    de ese mes y año (cfr. art. 4º), es decir, casi tres años después de las disposiciones im-

    pugnadas.

    Al respecto —y aunque obvio, en función del postulado constitucio-

    nal que le da sustento—, conviene rememorar que el eventual encuadre y/o recrimina-

    ción jurídica de una determinada conducta supone, inexorablemente, la existencia previa de un ordenamiento legal válido que contemple tal hipótesis y le dé sustento, pues ése es el alcance y sentido fundacional que tiene uno de los principios más trascendentes que resguarda nuestra Constitución, tanto en la primera parte de su artículo 18 como en la se-

    gunda de su artículo 19, como es el de legalidad, que —entre otros aspectos— veda las denominadas leyes ex post facto.

    Fecha de firma: 11/04/2023

    Firmado por: M.D.D., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: R.W.V., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: J.E.M., JUEZ DE CAMARA

    Axioma, valga destacarlo, que tiene carácter general y no se ciñe al ámbito exclusivo del derecho penal, como lo ha puesto de manifiesto la propia Corte Su-

    prema de Justicia de la Nación en su jurisprudencia, desde antaño y en innumerables ocasiones (cfr., a modo de ejemplo y entre otros, Fallos: 148:430; 187:352; 275:89;

    304:892; 307:511; 327:2258; 328:940; 334:1241 y, más recientemente, 343:1218, en esp., consid. 4º).

    En este sentido, el Código Civil de la Nación establecía que, “Las leyes no son obligatorias sino después de su publicación y desde el día que determinen.

    Si no designan tiempo, serán obligatorias después de los ocho días siguientes al de su publicación oficial” (art. 2º); y que, “A partir de su entrada en vigencia, las leyes se aplicarán aun a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes.

    No tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, salvo disposición en contra-

    rio. La retroactividad establecida por la ley en ningún caso podrá afectar derechos am-

    parados por garantías constitucionales” (art. 3º, primer párrafo, énfasis añadido). El ac-

    tual Código Civil y Comercial de la Nación ha reproducido, en lo sustancial y más allá

    de algunos matices, esta máxima (cfr. arts. 5º y 7º).

    No está de más recordar que este principio tuvo por fuente primaria de inspiración la doctrina de la “situación jurídica” elaborada por P.R., sobre cuyas bases se afirmó que “la creación, modificación o extinción de una situación jurí-

    dica es consecuencia de un hecho jurídico, pero (…) es un efecto que casi siempre se agota en el...

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