Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo , 23 de Marzo de 2011, expediente 8.600/2008

Fecha de Resolución23 de Marzo de 2011

8.600/2008

TS07D43414

PODER JUDICIAL DE LA NACION

SENTENCIA DEFINITIVA Nº 43414

CAUSA Nº 8.600/2008 - SALA VII - JUZGADO Nº 28

En la ciudad de Buenos Aires, a los 23 días del mes de marzo de 2011, para dictar sentencia en los autos : “WALKER

VERONICA MARIA C/ U.P.S. DE ARGENTINA S.A. S/ DESPIDO” se procede a votar en el siguiente orden:

LA DOCTORA ESTELA MILAGROS FERREIRÓS DIJO:

  1. En este juicio se presenta la actora e inicia demanda contra U.P.S. DE ARGENTINA S.A. en procura del cobro de unas sumas a las que se considera acreedora, con fundamento en las disposiciones de la Ley de Contrato de Trabajo (fs. 10/17).-

    Aduce que se desempeñó en relación de dependencia con la demandada –conocida empresa de correo internacional- desde el 11-07-95, cumpliendo tareas de “ejecutivo de cuentas” en el área de ventas, aunque en realidad –sostiene- era un viajante de comercio.-

    Explica las características y condiciones en que se desarrolló el vínculo así como también las irregularidades e incumplimientos en que incurriera su empleadora.-

    Dice que la demandada constantemente le cambiaba las tareas haciendo un uso abusivo del ius variandi y que con fecha 28-09-07 comunicó a aquélla su estado de gravidez, mas, ante las modificaciones antes indicadas –que continuaban- decidió

    intimarla y ante su silencio se colocó en situación de despido indirecto.-

    Afirma que tardíamente la demandada responde rechazando sus reclamos e intimándola a que se reintegre a trabajar bajo apercibimiento de abandono, lo que desconoce además de considerar irrelevante en tanto su parte ya había disuelto el contrato de trabajo.-

    Viene a reclamar las indemnizaciones correspondientes al despido incausado, multas e incrementos previstos en el ordenamiento laboral y solicita se declare inconstitucional el tope previsto en el art. 245 con la reforma introducida por la Ley 24.013 y mantenida por la ley 25.877.-

    La demandada responde a fs. 27/41vta.-

    Desconoce todos los extremos invocados en la demanda, relata su versión de los hechos y, tras realizar varias consideraciones más, impugna liquidación y pide el rechazo del reclamo.-

    La sentencia de primera instancia obra a fs.

    545/548vta.-

    En ella el “a-quo”, luego de analizar los elementos fácticos y jurídicos de la causa, decide en sentido favorable a las pretensiones de la parte actora.-

    Los recursos que analizaré llegan interpuestos por la demandada (fs. 555/568vta.) y por la actora (fs. 549/550).-

  2. En primer término la demandada cuestiona el fallo en tanto consideró legítimo el despido decidido por la parte actora. Para hacerlo, aduce que no correspondería la aplicación de la presunción del art. 57 de la L.C.T. además de que aquélla no acreditó las causas invocadas en el telegrama.-

    No encuentro razones para apartarme de lo resuelto en primera instancia.-

    En efecto, cabe tener presente que la pieza postal fue enviada por el actor con fecha 11-10-2007 y recibida por la demandada el 12-10-2007. Se trata de un día hábil ya que el feriado fue trasladado al lunes siguiente (15 de octubre), de modo 8.600/2008

    que a mi juicio la respuesta enviada sólo el día 17 resultó

    extemporánea, en tanto el plazo que dejó transcurrir hasta ese momento revela –como lo indicó el “a-quo”- una conducta especulativa e incumplidora, teniendo en cuenta el principio de buena fe (art. 63 de la L.C.T.).-

    Desde tal perspectiva, cobra operatividad la presunción contenida en el art. 57 del citado cuerpo normativo, a favor de las afirmaciones del trabajador.-

    Sabido es que la conducta de las partes durante la vigencia de la relación y también al momento de su ruptura, es elemento de juicio a tener en cuenta al momento de sentenciar y en este caso, ante un claro emplazamiento como el formulado por la actora (bajo apercibimiento de despido), la omisión de la demandada de responder oportunamente es una actitud que revela que consintió la ruptura decidida por el trabajador por las causales denunciadas por él desde que los hechos antecedentes obligaban a la interpelada a manifestarse sobre la última denuncia telegráfica (art. 919 del Código Civil).-

    El art. 919 del Código Civil impone al requerido la consecuencia desfavorable de guardar silencio cuando hay deber de responder a un acto, como lo es una intimación telegráfica al cumplimiento de obligaciones laborales. Y lo es la de una tácita manifestación de voluntad a favor del interpelante (en igual sentido el art. 57 de la Ley de Contrato de Trabajo).-

    Y bien, tal como se indica en el fallo en crisis, en autos no se ha producido prueba que desvirtúe esa presunción.-

    En efecto, comparto la valoración que ha realizado el “a-quo” acerca de la prueba de testigos –cuyos dichos en sus partes esenciales transcribe- quienes no aportaron dato alguno que permita desvirtuar aquélla presunción, más que nada en cuanto a la existencia de un correo electrónico mediante el cual se le comunicaba a la actora el cambio de área, tareas y la forma de establecer las comisiones –su disminución- ; cambio de cartera de clientes y desvío de operaciones hacia otros vendedores. Es más, dicha disminución ha sido corroborada en el informe pericial contable, que diera cuenta de importes de ventas totales muy inferiores a los que le correspondiera a la actora por el año 2007, a lo que cabe agregar que la demandada no lleva el libro previsto por el art. 10 de la ley 14.546 (v. fs. 491/502vta. y fs. 538/542).-

    En aval de sostener su tesitura, la apelante afirma que ha quedado demostrado que los planes de venta eran confeccionados sobre la base de criterios objetivos y no impuestos unilateralmente. Es un sistema que además la actora conocía y jamás cuestionó.-

    No veo razón en su planteo.-

    El art. 66 de la Ley de Contrato de Trabajo dispone que “el empleador está facultado para introducir todos aquéllos cambios relativos a la forma y modalidades de la prestación del trabajo, en tanto esos cambios no importen un ejercicio irrazonable de esa facultad, ni altere modalidades esenciales del contrato de trabajo, ni causen perjuicio material ni moral al trabajador...”

    De la norma, surge que el empresario –en virtud del carácter dinámico del contrato de trabajo- puede alterar algunos aspectos unilateralmente: efectuar cambios que resulten necesarios para modernizar y mejorar la producción. Se trata de una potestad, de una decisión unilateral que adopta el empleador y 8.600/2008

    que no requiere ni la consulta ni el consentimiento del trabajador.-

    Señala el Dr. H.H.K., en su libro “Ius Variandi” – Medidas precautorias (actualización según Ley nº

    26.086), editorial Aplicación Tributaria S.A.; Colección Sociedad y Derecho, marzo 2008; “...se trata de un instituto -tan propio del derecho laboral- que se encuentra legislado en el art. 66 de la Ley de Contrato de Trabajo. Con decidida intención protectoria,

    conforme lo normado en el...

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