Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Camara Civil - Sala M, 6 de Agosto de 2020, expediente CIV 073710/2010/CA001

Fecha de Resolución 6 de Agosto de 2020
EmisorCamara Civil - Sala M

Poder Judicial de la Nación CAMARA CIVIL - SALA M

ACUERDO. En Buenos Aires, a los días del mes de agosto del año dos mil veinte, hallándose reunidas las señoras jueces de la S. “M” de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Dras. M.I.B. y Gabriela A.

I., a fin de pronunciarse en los autos “V., A.M.c.,

V.P. y otro s/daños y perjuicios”, expediente n°73.710/2010, la Dra.

  1. dijo:

I.A.M.V. demandó a V.P.L. y a su seguro, Liderar Compañía General de Seguros S.A. -en los términos del art. 118 de la ley 17.418-, por los daños y perjuicios ocasionados con motivo del accidente ocurrido el 8 de marzo de 2010, aproximadamente a las 06:45 horas.

Según lo expuso el accionante al promover la demanda, en la fecha mencionada se trasladaba por la calle G.C. a bordo de su vehículo Chevrolet Corsa, dominio DJR-720. Al detenerse en la intersección con la calle T., por encontrarse el semáforo de paso en rojo, fue embestido de forma imprevista en la parte trasera por el rodado Ford Falcon, dominio WVC-994, conducido por la codemandada L., lo que provocó que -a su vez-

embistiera al vehículo que se encontraba detenido por delante.

Como consecuencia del siniestro, y raíz de los fuertes dolores y mareos que sufría, fue trasladado por una ambulancia al sector traumatológico del Hospital “R.L..

En la sentencia de fs. 228/236 el Sr. Juez de grado admitió

la demanda y condenó a la emplazada a abonar al actor la suma de $179.700 con más sus intereses y las costas del juicio. Hizo extensiva la condena contra Liderar Compañía General de Seguros S.A. en la medida del seguro.

El pronunciamiento de primera instancia fue apelado por el actor (fs. 237) y la citada en garantía (fs. 239). Los agravios fueron expresados a fs. 298/301 y 287/296, respectivamente, y el accionante contestó a fs. 302/305 las quejas de la aseguradora.

  1. No se discute en la especie que el caso se encuentra aprehendido en las disposiciones del Código Civil sustituido. Es que, de conformidad con las reglas del derecho transitorio, la responsabilidad civil se rige por la ley vigente al momento del hecho antijurídico que, en el caso, es el Código Civil y sus leyes complementarias. Sin embargo, el nuevo ordenamiento aprehende las consecuencias que al tiempo de su entrada en vigencia no se Fecha de firma: 06/08/2020

    Alta en sistema: 07/08/2020

    Firmado por: M.I.B., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: A.P.R., SECRETARIO INTERINO

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    hallaban consumadas (conf. K. de C., A. “La aplicación del Código Civil y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes”,

    R.C., Santa Fe. 2015, p. 101; Z. de G., M.,

    "Resarcimiento de daños" 2da Daños a las personas (integridad psicofisica), Ed.

    Hammurabi-Jose L.D.E., p. 473; G., J.M., “La responsabilidad civil y el derecho transitorio”, en rev. La Ley del 16-11-2015,

    p. 3).

    Al respecto, cuadra distinguir -por un lado- la configuración del daño como elemento medular de la responsabilidad civil y, por otro, la fijación del monto resarcitorio que no es sino una consecuencia de esa relación jurídica que, al estar pendiente de determinación -deuda de valor- no se encuentra consolidada y, por tanto, ha de quedar gobernada por el Código Civil y Comercial de la Nación (CNCiv., S.M., “F. c/ Arcos Dorados s/daños y perjuicios”

    del 15-9-2016; “Hauret c/ Guerineau s/daños y perjuicios” del 11-8-2016;

    "Cabali, E.E. c/ Colectiveros Unidos S.A.C.I.F. y otros s/daños y perjuicios", expte. nº 39.510/2013, del 7-7-2017, entre muchos otros).

    De todos modos, no es dudoso que la utilización de fórmulas aritméticas, como las que prevé actualmente la legislación para establecer la cuantía del daño, constituyen una pauta orientadora o una herramienta más a considerar para dotar de mayor objetividad el principio de reparación plena del daño (art. 1740 CCyC). De allí que, aun de aplicarse el criterio inveterado de la Corte Suprema sobre el particular, como lo hace habitualmente la Dra. I., designada en la vocalía N° 39, se alcanzaría una solución final coincidente para cuantificar el daño (art. 1746 CCyC).

  2. Me ocuparé entonces de las quejas de las partes vinculadas con las partidas por las que prosperó el reclamo.

    1. Incapacidad psicofísica sobreviniente.

    El actor se agravió de que el a quo no haya valorado minuciosamente las pericias producidas y, por tanto, el daño que sufrió, por lo que peticionó la elevación del monto otorgado por incapacidad física.

    Por su parte, la aseguradora cuestionó las sumas otorgadas por este concepto. Aduce que los porcentajes de incapacidad otorgados resultan exagerados por ser las lesiones físicas únicamente de origen cervical y por padecer afecciones psicológicas previas al hecho, lo que denota -a su vez- la falta de relación causal de las secuelas que encontró el perito con el hecho. En consecuencia, solicita la justa reducción de su cuantía.

    Fecha de firma: 06/08/2020

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    Por incapacidad sobreviniente debe entenderse cualquier alteración del estado de salud física o psíquica de una persona que le impide gozar de la vida en la medida en que lo hacía con anterioridad al hecho, con independencia de cualquier referencia a su capacidad productiva (conf. Alpa-

    Bessone, “Il fatti illeciti”, en Tratatto de D.P. (dir. Resigno), XIV-6, p-

    9. La protección de la integridad corporal y la salud estuvo implícitamente consagrada en la Constitución Nacional de 1853 (S.C.J.M., sala I, marzo 1-1993, “Fundación Cardiovascular de Mendoza c/Asociación de Clínicas de Mendoza” E.D. To. 153 pág. 163 con nota de S.A. y, explícitamente,

    en el art. 42 de la Carta Magna y a través de la incorporación de los tratados internacionales, en la modificación de 1994.

    Así, tal protección resulta, entre otros, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 25.1: “Todo ser humano tiene el derecho a un nivel de vida que le permita a él mismo y a su familia gozar de salud y bienestar; tiene derecho a la seguridad en caso de desempleo, enfermedad,

    discapacidad, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia”); del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 12.1: “Los Estados se comprometen al reconocimiento de derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”); de la Convención Americana de Derechos Humanos (art. 5.1: “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral” y art. 11.1: “Toda persona tiene el derecho… al reconocimiento de su dignidad”); del art. 18 del Protocolo Adicional a la Convención Americana en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (“Toda persona afectada por una disminución de sus capacidades físicas o mentales tiene derecho a recibir una atención especial con el fin de alcanzar el máximo desarrollo de su personalidad”).

    Como se advierte, la salud aparece como un bien jurídico de la mayor jerarquía a la hora de su tutela jurídica. En virtud de ello, las consecuencias de su afectación resultan un daño resarcible, en tanto agravia el interés de la persona a mantener su nivel de salud, que es protegido por el ordenamiento (conf. Parellada, C.A., “Incapacidad parcial y permanente”, en “Reparación de daños a la persona. R. indemnizatorios y responsabilidades especiales”, dir. T.R., F.-B., M., ed. La Ley, 2014, T. III p. 3).

    Si se ubica a la persona como centro y eje del ordenamiento jurídico, el contenido y la consideración del daño experimentado ha de tener especial significación.

    Fecha de firma: 06/08/2020

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    En la especie, corresponde destacar que el a quo cuantificó

    por separado los reclamos efectuados por la incapacidad, tanto física como psíquica, pretendida por el actor. Sin embargo, considero que deben computarse en conjunto, pues parto de la concepción de que el ser humano es una unidad vital y que si existe una minusvalía que repercute en cualquiera de los ámbitos debe ser considerada en su integridad pues, parcializarla o descomponerla en distintos renglones indemnizatorios, implica una visión fragmentada de la persona que,

    contrariamente a lo que se presume, no importa necesariamente justipreciar correctamente el daño, por cuanto constituyen diferentes rótulos que, en verdad,

    son mentalmente considerados cuando se trata de cuantificar la indemnización y todos ellos se tienen en cuenta para establecer la reparación total que se entienda justa y razonable. No por tratar en forma separada o conjunta los distintos acápites, la indemnización será mayor. Antes bien, ambas órbitas forman parte de un mismo menoscabo -incapacidad sobreviniente- de manera que es razonable que se las valore en conjunto (ver mis votos en autos: "Fuentes, F.c.S.E. y otros s/daños y perjuicios" (expte. nº23.261/2011)

    del 18/08/2016, "., C.A. y otros c/ Argos Mutual de Seguros del Ttes. Público de P. y otros s/ daños y perjuicios" (expte. n° 21545/2013)

    del 22/02/2017; "H., R.E. y otro c/ B.E., L.M. y otros s/daños y perjuicios" (expte. n° 64.083/2003) del 21/03/2017, entre muchos otros).

    Es sabido que la causalidad cumple en la responsabilidad civil dos funciones: 1) una relativa a la imputación del hecho dañoso a su autor o,

    si se prefiere, tendiente a la individualización del responsable, denominada por buena parte de la doctrina autoral italiana como "causalidad material" y, 2) otra,

    consistente en determinar el contenido de la obligación resarcitoria, conocida como "causalidad jurídica" (conf. R. y G., cit. por Mayo y J.P., J.M. en “La relación de causalidad como requisito autónomo y esencial de la...

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