Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 17 de Agosto de 2011, expediente C 105708

Presidentede Lázzari-Hitters-Negri-Kogan
Fecha de Resolución17 de Agosto de 2011
EmisorSUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

Dictamen de la Procuración General:

La Sala I de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Lomas de Z., en el juicio que por daños y perjuicios incoaraH.G.V. yM.E.M. , ambos, por su propio derecho y en representación de su hijo menor de edadA.G.V. , contra C.F., M.B.P. y S.E.F., confirmó -en sustancia- la sentencia de origen (v. fs. 164/171) en cuanto estableciera el cincuenta porciento de la responsabilidad por el siniestro acaecido en cabeza de los mencionados co-demandados, haciendo lugar al reclamo indemnizatorio impetrado. Condenó a estos últimos solidariamente, y en forma concurrente a la citada en garantía Omega Seguros, a abonar en favor deA.G.V. la suma de $35.000 en concepto de indemnización por perdida de chance y $10.000 por el daño moral ocasionado, y en beneficio deH.V. la suma de $350 en concepto de indemnización por los gastos médicos en que incurriera, rechazando únicamente el rubro daño moral reclamado por la coactoraM.E.M. que había sido acogido en el decisorio de origen. Impuso las costas de la Alzada por su orden (v. fs. 219/230).

Contra dicho pronunciamiento se alzaron las codemandadas M.B.P. y S.E.F., con patrocinio letrado, mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (fs. 236/257 vta), cuya concesión fuera dispuesta en la instancia ordinaria en fs. 264 y acerca del cual pasaré a expedirme en función de la vista conferida por V.E. en fs. 271.

Denuncian las recurrentes:

Error en la atribución de la responsabilidad, reputando violados y erróneamente aplicados los arts. 1113 2º párrafo, 1114, 499, 513, 514, 1067, 1071, 265 y 274 del Código Civil, así como absurda valoración de la prueba y violación de los arts. 34 inc. 4, 163, 330 inc. 6, 375, 384, 456 y 474 del Código procesal y doctrina de la S.C.B.A. que cita.

Señalan igualmente infringidos los arts. 1067 y 1071 del Código Civil; 18 de la Constitución Nacional; 15 de la Constitución de la Provincia de Bs. As, 34 inc. 4º, 163 inc. 6º, 165, art. 330 incs. 3º y C.P.C.C.. Califica de absurda e irracional la fijación del monto indemnizatorio acordado en favor de los accionantes.

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Su primer queja finca en la apreciación de las circunstancias fácticas realizada por la Cámara -básicamente en cuanto a la valoración de la abundante prueba testimonial rendida-, que llevó al tribunal a concluir que en autos quedó acreditada la existencia de daños en el menorA.G.V. y de causa adecuada entre el hecho y tales padecimientos, así como que no medió total exención de responsabilidad de las recurrentes, todo lo que a su juicio configura el vicio de absurdo que permite la revisión en sede extraordinaria de aspectos que en principio estarían vedados de ser abordados por V.E.

Sostienen que la Cámara -puntualmente- resta veracidad a las declaraciones de ciertos testigos sin indicar cuales son los fundamentos para arribar a tal conclusión, ni puntualizar cuáles serían las contradicciones observadas en las mismas, extractando parcializadamente párrafos de los testimonios con una técnica inadecuada, limitándose a citar jurisprudencia sobre la potestad de elección de la prueba y la sana crítica. Tal conducta –agrega- engendró un punto de partida errado que desemboca en una solución equivocada, llevando a no contemplar la teoría del hecho inevitable e imprevisible como eximente de responsabilidad, configurándose al efectuar una ilógica utilización del sistema de la sana crítica, la violación de los arts. 384 y 456 del C.P.C.C. y el vicio de arbitrariedad.

Refieren que el tribunal, con citas jurisprudenciales relativas al denominado juicio de probabilidad entre el accidente y las lesiones invocadas en la demanda, termina por concluir que se ha conformado una base convictiva elemental a favor de tener por acreditado el nexo causal entre el accidente de autos y los daños reclamados por el accionante.

Alegan que el núcleo desencadenante y medular para achacar responsabilidad está constituido por la producción del daño, y sosteniendo que, en el caso, no se encuentra debidamente acreditada su existencia, cobra virtualidad lo previsto por el art. 1067 del C.C.

Señalan que los accionantes no probaron los dichos ni hechos aludidos en la demanda (art. 375 CPCC), como tampoco la internación del menor en el centro asistencial “Natiello”, ni el brindado de curación alguna, ni su atención en ningún centro asistencial. Agregan que no existe constancia alguna acerca de denuncia policial ni causa penal. Refieren que ni siquiera el perito médico interviniente pudo hacer la pericia en base a tales constancias necesarias, realizando su dictamen con apoyo únicamente en los dichos de la actora.

Sostienen que quedó debidamente acreditada la inexistencia del daño (art. 1067 C.C.). Que de la pericia médica y su aclaración no surge relación temporal, causal, ni verosimilitud técnico científica para endilgar la generación de la cicatriz en la frente del menor como consecuencia directa del hecho de autos. Que habiendo la Cámara descartado la prueba testimonial –por razones que no explicitó cabalmente-, la única prueba restante de medular importancia es la pericial referida, de la cual no surge ni se acredita la causalidad entre el hecho y el daño, disconformándose los quejosos por la errónea, subjetiva, parcializada y arbitraria evaluación efectuada respecto de las constancias de autos.

Alega asimismo sobre la responsabilidad que les compete a los padres en la omisión de cumplimiento de sus deberes de cuidado sobre el menor, puntualizando sus críticas en torno del escaso porcentaje del 50 % de responsabilidad que en el hecho a ellos se les atribuye.

Como segundo agravio desarrollado por los quejosos el remedio extraordinario traído hace referencia disvaliosa al reconocimiento del rubro perdida de chance al que la Cámara consideró comprensivo del daño físico y estético, confirmando así el decisorio del juez de primera instancia. Tal pronunciamiento en su consideración vulnera el principio de congruencia violando los arts. 34 inc. 4, 163 inc. 6, 330 del C.P.C.C., 1071 del C.C., 18 de la Constitución Nacional y 15 de la Carta Magna local, normas que en su entender, en salvaguarda de los derechos de defensa e igualdad de las partes, determinan la existencia de un valladar que impide el dictado de pronunciamientos que, como el aquí cuestionado –a su ver- resultan “extra petitum” ó “ultra petitum”.

Por último, denuncian la absurda e irracional fijación del monto indemnizatorio acordado por el tribunal de Alzada correspondiente a los rubros pérdida de chance y daño moral reconocidos en favor del menorV. , al sostener que han sido producto del ejercicio irracional del juzgador, apartándose de los criterios sustentados en torno a la doctrina que al respecto tiene elaborada V.E..

El recurso en mi opinión debe prosperar.

En efecto. En lo que atañe al medio de impugnación bajo examen, comenzaré por recordar que las temáticas cuyo acierto impugnan los presentantes, revisten indudable naturaleza fáctica y probatoria, detraídas, como tales y en principio, de la función revisora que constitucionalmente tiene asignada ese Alto Tribunal.

Ahora bien. No es menos sabido que la enunciada regla cede frente a la concurrencia del vicio de absurdo, supuesto excepcional cuya configuración, en la especie y con relación a los tópicos puestos en discusión, el agraviado se ha encargado de denunciar y evidenciar con éxito, conforme fuera apuntado cuando...

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