Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 21 de Diciembre de 2016, expediente A 72514

PresidenteSoria-Pettigiani-de Lázzari-Negri
Fecha de Resolución21 de Diciembre de 2016
EmisorSUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 21 de diciembre de 2016, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctoresS., P., de L., N.,se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa A. 72.514, "Visa Argentina S.A. contra Municipalidad de Chacabuco. Proceso Sumario de Ilegitimidad. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley".

A N T E C E D E N T E S

La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Nicolás revocó la sentencia de primera instancia, hizo lugar a la demanda promovida y -en consecuencia- anuló el acto administrativo a través del cual el Intendente municipal de Chacabuco había determinado de oficio los derechos de publicidad y propaganda a cargo de la firma actora (v. fs. 242/266).

Disconforme con dicho pronunciamiento, la Municipalidad de Chacabuco interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 273/287), el que oportunamente fue concedido por la Cámara interviniente (v. fs. 288).

Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 299) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte decidió plantear y votar la siguiente

C U E S T I Ó N

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?

V O T A C I Ó N

A la cuestión planteada, el señor J. doctorS. dijo:

I.1. La firma Visa Argentina S.A. promovió proceso sumario de ilegitimidad a fin de que se declare la nulidad del decreto 1146, por medio del cual el Intendente municipal de Chacabuco determinó de oficio los derechos de publicidad y propaganda correspondientes a los períodos 2005 a 2010 que presuntamente adeudaba; planteando asimismo -de manera subsidiaria- la inconstitucionalidad de la ordenanza fiscal de dicho municipio y la de su decreto reglamentario.

Relató que, en el entendimiento de que tales gravámenes se hacían también exigibles frente a anuncios realizados fuera de la vía pública, la demandada había labrado en un mismo día seis actas relativas a publicidad ubicada dentro de locales comerciales privados, que no se limitaban a registrar la existente al momento de practicarse la verificación sino que además comprendían años anteriores, valiéndose para ello de supuestas declaraciones juradas de terceras personas, todo lo cual reputó ilegítimo.

Sostuvo que en la especie se violó el derecho de propiedad, los principios de razonabilidad e irretroactividad, la supremacía constitucional y la prelación normativa en general, la defensa en juicio y el debido proceso, así como también que se configuró abuso del derecho (conf. arts. 14, 17, 18 y 28 de la Constitución nacional; 11, 15, 27 y 31 de la provincial; y art. 1071 del -hoy derogado- Código Civil).

En particular, planteó que devenían absolutamente irrazonables las multas fijadas en el 100% del gravamen establecido -con más sus intereses- y la manera de determinar la superficie de los anuncios en cuestión, por cuanto se la había establecido en 1 m2, cuando las calcomanías que identifican que los medios de pago de Visa Argentina S.A. son aceptados en los comercios tienen un tamaño de alrededor de 20 x 15 cm.

Aseguró que la ordenanza fiscal de la Municipalidad de Chacabuco, así como también su reglamentación, se oponen al principio de irretroactividad, expresamente receptado para actos administrativos municipales como el aquí discutido -además- en los arts. 110 y 111 de la ordenanza general 267/80.

Pregonó que se había vulnerado lo dispuesto por la ordenanza general 197 de la Provincia de Buenos Aires y el art. 27 inc. 15 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, denunciando que -a su entender- el decreto impugnado incurrió en los vicios de violación de la ley y desviación de poder, esto último a causa de la "voracidad fiscal" que -supuestamente- había llevado a convalidar las actas de inspección con carácter retroactivo.

Más adelante alegó que el tributo en cuestión no constituía una verdadera tasa, por no retribuir un servicio divisible, prestado en forma particular e individualizada al contribuyente, ya que sólo se vinculaba con avisos internos que no hacían uso de ninguna instalación ni espacio de la Municipalidad, sin que tampoco dependieran -en su visión- de que ésta asegurase o no el acceso de público. De allí extrajo que, en rigor, se trataba de un impuesto, cuando -expresó- los municipios no cuentan con facultades para establecer ese tipo de gravámenes.

Por lo demás, interpretó que los derechos pretendidos resultaban inaplicables en su caso, aduciendo que los avisos objeto del reclamo tendían simplemente a tutelar la vigencia del derecho a la información que asiste a los consumidores, de acuerdo con lo normado en el art. 42 de la Constitución nacional. Puntualmente, negó que aquellos pudieran razonablemente ser considerados como "propaganda", en tanto no buscaban atraer a potenciales clientes.

A su vez, negó encontrarse entre los sujetos obligados al pago de la gabela, destacando que los avisos considerados habrían sido colocados por los propios titulares de los comercios en sus respectivos locales, sin participación, indicación y/o sugerencia de su parte.

  1. A fs. 104/111, la Municipalidad de Chacabuco contestó demanda, negando los hechos invocados por la actora que no fueran objeto de especial reconocimiento y defendiendo tanto la legitimidad del gravamen reclamado como la del procedimiento seguido a ese fin.

  2. Por su parte, a fs. 142/147, el juez de primera instancia resolvió acoger la pretensión promovida, considerando -en lo medular- que, independientemente de los argumentos vertidos por las partes, en la especie no cabía tener por satisfecho el requisito de publicación de las ordenanzas que habían conducido al dictado del acto de determinación de deuda en cuestión, por lo que correspondía decretar la nulidad de este último y -en consecuencia- ordenar la devolución de...

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