Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 10 de Abril de 2019, expediente L. 118427

PresidentePettigiani-Kogan-Negri-de Lázzari-Soria-Genoud
Fecha de Resolución10 de Abril de 2019
EmisorSUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

A C U E R D O En la ciudad de La Plata, a 10 de abril de 2019, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctoresP., K., N., de L., S., G.,se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 118.427, "Violini, E.V. contra Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. y otro/a. Accidente de Trabajo-Acción Especial." A N T E C E D E N T E S El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Quilmes hizo lugar a la demanda promovida, con costas a la parte accionada (v. fs. 265/281 vta.). Se dedujo, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 292/315 vta.). Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes C U E S T I O N E S 1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley respecto de los agravios orientados a cuestionar el pronunciamiento del tribunal de origen en cuanto a la decisión sustancial? En caso negativo: 2ª) ¿Es fundado en cuanto denuncia la violación del art. 505 del Código Civil y la doctrina legal que cita? En su caso: 3ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? V O T A C I Ó N A la primera cuestión planteada, el señor J. doctorP. dijo: I. En lo que interesa, el tribunal de grado rechazó la excepción de prescripción articulada por las codemandadas e hizo lugar a la acción deducida por el señor E.V.V. y condenó a Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al pago de la prestación prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 y a la Dirección General de Escuelas y Cultura de la Provincia de Buenos Aires por la suma que estableció en concepto de indemnización por daños y perjuicios (v. fs. 265/281 vta.). Para así decidir, tras evaluar los escritos constitutivos de la litis, la prueba documental, pericial médica (v. fs. 192 y 225/226, luego de refoliatura fs. 210 y 243/244) y testimonial, juzgó demostrado que el actor padece disfonía con mucosa granulomatosa irregular en la comisura posterior, así como también que el accidente que sufrió el día 15 de septiembre de 2008 le provocó una deformación en el tobillo derecho con nula rotación, signos de edema celular subcutáneo, fenómenos degenerativos artrósicos a nivel del tarso, aumento de la señal del ligamento peronéo astragálico anterior y mínima cantidad de líquido peritendinoso hacia el tibial posterior que le afecta su normal funcionamiento, dolencias que le provocan una incapacidad parcial y permanente del 33% del índice de la total obrera (v. vered., fs. 265/266 vta.). En este sentido, consideró que la veracidad del infortunio alegado por el accionante quedó constatada con las declaraciones testimoniales brindadas en la audiencia de vista de la causa. Asimismo, que las tareas que desempeñara el señor V. como profesor de física y química en distintas escuelas estatales del distrito Quilmes, Berazategui y F.V., las condiciones y el ámbito de su concreción, resultaron una causa eficiente para la producción de la incapacidad que porta (v. vered., fs. 266 y vta.). Tuvo también por acreditado que la empleadora no había cumplido con la realización del examen médico preocupacional ni los controles periódicos, así como tampoco con la entrega de elementos de prevención, ni había instruido y capacitado a sus empleados para evitar los riesgos ocasionados por el trabajo que realizaban (arts. 27 y 28, dec. 170/96; v. vered., fs. 267 y vta.). Luego, habida cuenta que no se fijó una fecha de toma de conocimiento en la pericia médica y que la parte actora no había acreditado -como era su carga- el momento en que se anotició de su minusvalía, juzgó que ese hito debía ser determinado en la oportunidad en que el accionante había otorgado la carta poder (v. fs. 2), es decir: el día 31 de mayo del año 2010, pues indicaba el momento en que aquél tomó conciencia del menoscabo permanente en su salud (v. vered., fs. 266 vta./267), por lo que habiéndose iniciado la demanda el día 9 de agosto de 2010 consideró que no se encontraba cumplido el plazo prescriptivo y rechazó la defensa opuesta por ambas accionadas (arts. 256, LCT y 4.037, Cód. Civ.; v. vered., fs. 268 y sent., fs. 270 vta.). Ya en sentencia, el tribunal de origen determinó la existencia de los factores de atribución de responsabilidad civil de la empleadora (conf. arts. 1.109 y 1.113, Cód. C..) y, tras realizar el cotejo entre el monto correspondiente a las prestaciones previstas en la ley 24.557 ($106.047,88, conf. art. 14, LRT) y aquel otro que presupuestó en concepto de reparación integral ($119.737,33 por daño material, más $24.180 por daño moral, es decir: $143.917,33), descalificó la validez constitucional del art. 39 apartado 1 de la Ley de Riesgos del Trabajo (v. sent., fs. 270 vta./277 vta.). Sin embargo, consideró que el monto calculado en el marco del derecho común no alcanzaba para reparar adecuadamente al actor por el daño sufrido y decidió elevar los importes antes fijados a la cantidad de $315.000 por daño material y $38.200 por daño moral, arribando a un total definitivo de $353.200 (v. sent., fs. 277 vta./279). Condenó entonces a la codemandada Provincia ART S.A. al pago de la suma correspondiente a las prestaciones previstas en la ley especial ($106.047,88) y dispuso que el empleador (Fisco de la Provincia de Buenos Aires), responda por el monto remanente hasta alcanzar el importe determinado en concepto de reparación integral ($247.152,12; v. sent., fs. 279 y vta.). II. El Fisco provincial, por sí y por la representación que ejerce respecto de Provincia ART S.A. (dec. 3.858/07), interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia absurdo y violación de los arts. 16, 505, 512, 513, 514, 901 a 906, 1.066, 1.069, 1.071, 1.074, 1.078, 1.083, 1.086, 1.109 y 1.113 del Código Civil; 2, 4 y 39 de la ley 24.557; 37, 44 inc. "d", 47 y 48 de la ley 11.653; 34 inc. 4, 163 incs. 5 y 6, 165, 375, 384 y 456 del Código Procesal Civil y Comercial; 17, 18 y 19 de la Constitución nacional y de la doctrina legal que cita (v. fs. 292/315 vta.). Objeta inicialmente el rechazo del planteo de prescripción articulado al contestar la demanda. Expresa que en el caso se acumularon dos acciones, una por enfermedad profesional y otra por el supuesto accidente de trabajo acaecido el día 15 de septiembre de 2008, por lo cual mal pudo el sentenciante establecer una única fecha de toma de conocimiento (v. fs. 296 vta./297 vta.). Con sustento en lo previsto en el art. 44 de la Ley de Riesgos del Trabajo, postula que ela quodebió situar la fecha de toma de conocimiento del infortunio al momento en que se produjo el alta médica (19 de diciembre de 2007) otorgada por una caída con entorsis del tobillo derecho. Y respecto de la enfermedad reclamada, alega que el absurdo de la decisión surge notorio porque el perito médico manifestó en su informe que el propio actor le dijo que "a partir de los 6 o 7 años de actividad comienza con disfonía...", lo que denota que esa dolencia comenzó en el año 1998. Aduna a lo expuesto que tampoco se tuvo en cuenta que el demandante inició la presente cuando ya se había acogido a los beneficios previsionales y que nunca denunció la patología a la aseguradora, lo que "hace presumir que la causa es ajena al trabajo y de antigua data" (v. fs. 297 vta./299 vta.). Cuestiona luego la conclusión del tribunal en cuanto definió a la función docente como "actividad riesgosa" subsumible en los términos del art. 1.113 del Código Civil. Alega que dicha calificación proviene de una absurda ponderación de las circunstancias de la causa, y que la parte actora no ofreció ni produjo la prueba conducente e imprescindible para demostrar las circunstancias constitutivas de la actividad riesgosa en el caso concreto, como era su carga (v. fs. 299 vta./301 vta.). Impugna la habilidad y mérito otorgado a los testimonios brindados en autos en orden a acreditar el presupuesto objetivo de la responsabilidad civil atribuida a su parte (v. fs. 301 vta./302 vta.). Postula además que el sentenciante transgrede la doctrina de la causa "F." citada en la sentencia, por cuanto en el caso no pueden admitirse incluidas las tareas en el concepto de cosa del art. 1.113 del Código Civil, puesto que no existen pruebas suficientes que "constituyan" a la actividad docente en tarea riesgosa (v. fs. 303). Aduce que tampoco se probó la configuración de los presupuestos de la responsabilidad civil en lo que respecta al accidente de trabajo denunciado, desde que no se ha acreditado cual fue la cosa riesgosa que ocasionó la caída del actor supuestamente acaecida el día 15 de septiembre de 2008, desde que -refiere- la declaración de un testigo que afirma haber visto lo sucedido, si bien puede resultar suficiente para considerar demostrado el siniestro a los fines del otorgamiento de las prestaciones de la ley 24.557, no lo es en el marco del reclamo deducido con sustento en el derecho común (v. fs. 303 y vta.). Agrega que "el hecho de que la empleadora haya dado intervención a su aseguradora ante la denuncia por parte de la actora de la ocurrencia de un supuesto accidente, no implica en modo alguno el reconocimiento de la realidad del suceso en cuestión, ni releva a la reclamante de aportar a la causa los elementos de prueba" que lo acrediten, puesto que la denuncia deriva de una obligación legalmente impuesta a su parte (art. 1, dec. 717/96; v. fs. 303 vta./304 vta.). Controvierte la valoración realizada por el tribunal de grado de la pericia médica y que no hubiera tenido en cuenta las impugnaciones formuladas por su parte, al tiempo que reprocha que se basara en dicho elemento de prueba para juzgar acreditada la existencia de nexo causal entre las dolencias y las tareas y/o el siniestro (v. fs. 305 y vta.). Objeta también que se le hubiera atribuido...

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