Violaciones de la ética pública: prevenir, verificar y sancionar

 
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"En la corrupción hay siempre dos actores, como en el tango: el que paga y el que recibe". La frase pertenece a la destacada abogada y presidenta de Transparencia Internacional (TI) Delia Ferreira Rubio. Fue dicha a LA NACION en una entrevista cuyo título rezaba: "Los conflictos de interés son la antesala de la corrupción". Y en el momento en que, desde el Gobierno, se evalúan modificaciones a la legislación vinculada con garantizar la transparencia de los actos de funcionarios estatales.

Uno de los puntos críticos es el de las declaraciones juradas patrimoniales. La ley de ética pública, de 1999, fue modificada por otra normativa, impulsada por el gobierno kirchnerista, cuyo decreto reglamentario estableció que los montos por informarse deben ser globales, sin la obligación de tener que detallar los bienes ni su procedencia, ni informar sobre el patrimonio de cónyuges o sociedades. Es decir, el grado de detalle de la información devino mucho menor que el requerido por la vieja ley. Al mismo tiempo, pasaron a ser reservados datos que con la ley de ética eran públicos. Ahora, si se los quiere conocer, hace falta la autorización de un juez.

Está claro que las declaraciones juradas por sí solas no pueden combatir la corrupción, pero son un instrumento indispensable para el control estatal y ciudadano respecto de los patrimonios de los funcionarios. Uno de los puntos que hoy se critican sobre las declaraciones juradas patrimoniales es quién las verifica y cómo lo hace. Un Estado que recibe declaraciones de todos sus funcionarios, pero que no es capaz de interpretarlas no hace ningún favor a la construcción de una mayor transparencia. Muchas se verifican a mano y no hay siquiera entrecruzamientos entre áreas. Otro de los puntos en discusión es qué tipo de sanciones deberían tener las violaciones de esos documentos de presentación periódica. Y si es necesario ampliar el espectro de los obligados a declarar.

Sobre este último punto, el Gobierno avanza en un proyecto tendiente a que también presenten sus declaraciones juradas los administradores de las obras sociales sindicales, quienes manejan enormes cajas de dinero sin ninguna obligación de rendir cuentas. Nadie sabe cuánto perciben por su tarea los sindicalistas, quién les paga ni cómo destinan los millonarios fondos que les retienen a los afiliados de cada gremio. Hace poco se conoció un video en el que se ve a Hugo Moyano, líder de Camioneros, admitir que usó dinero del sindicato para...

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