Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca - CAMARA FEDERAL DE BAHÍA BLANCA, 3 de Enero de 2014, expediente FBB 015000005/2012

• Fecha de Resolución: 3 de Enero de 2014
• Emisor: CAMARA FEDERAL DE BAHÍA BLANCA

Poder Judicial de la Nación Expte. FBB 15000005/2012/CA1 (Origen CFABB 67.573) – Sec. DDHH Bahía Blanca, 30 de diciembre de 2013.

Y VISTO: Este expediente nro. FBB 15000005/2012/CA1 (Origen CFABB

67.573), caratulado: “SIERRA, H.M. y GIROTTI, G. s/ Abuso de

autoridad y viol. deb. func. publ. (art. 248); encubrimiento (art. 277);

Incumplimiento de la oblig. de perseguir delincuen.”; venido del Juzgado Federal

nro. 1 de la sede, para resolver los recursos de apelación interpuestos a fs. 396/405,

fs. 406/413 y fs. 507/517, contra el auto de fs. 91/344; y CONSIDERANDO:

1. Que, en lo que aquí interesa, el señor J. a quo resolvió

   a fs. 91/344 la situación procesal –entre otros– de los imputados H.M.

   SIERRA y G.G..

   Respecto del primero, dispuso: 1ro.) dictar su FALTA DE

   MÉRITO (art. 309 del CPPN) en orden a los delitos de: a) asociación ilícita (art.

   210, 1er. párrafo del CP, texto s/ ley 20.642); b) incumplimiento de sus deberes

   de funcionario público, encubrimiento e incumplimiento de la obligación de

   promover la represión (artículos 248, 277 y 274 del CP), estos últimos en concurso

   ideal (artículo 54 del CP), respecto de las siguientes víctimas: C. Roberto

   RIVERA, M.E.G., N.O.J., Eduardo

   HIDALGO, G.D.L., J.M.P., Alberto Adrián

   LEBED, S.A.V., N.D.B., Gustavo Eduardo

   ROTH, E.R.V., P.A., F.V.,

   S.E.T., N.A.B., H.N., Dora Rita

   MERCERO, L.A.S., M.C.P., Héctor Osvaldo

   GONZÁLEZ, C.M.I., E.M.I., Darío José

   ROSSI, P.F.F., J.C.C., Manuel Mario

   TARCHITZKY, Z.M. y D.J.B., y c) torturas (art.

   144 ter, 1er. párr. del Código Penal conforme ley 14.616) en perjuicio de: Mario

   Edgardo MEDINA, R.E.B., R.A.B., Rubén

   Aníbal B. y M.M.B.; y 2do) dictar su PROCESAMIENTO

   –en los términos del art. 306 del CPPN– en calidad de AUTOR (art. 45, CP) de los

   delitos de: incumplimiento de sus deberes de funcionario público, encubrimiento e

   incumplimiento de la obligación de promover la represión (artículos 248, 277 y

   Poder Judicial de la Nación Expte. FBB 15000005/2012/CA1 (Origen CFABB 67.573) – Sec. DDHH 274 del CP), en concurso ideal (artículo 54 del CP), cometidos en perjuicio de:

   L.M., M.E.S., R.R., J.R. y Pablo

   BOHOSLAVSKY.

   En cuanto a la imputada G.G., resolvió dictar

   su FALTA DE MÉRITO (art. 309 del CPPN) en relación a los delitos de: a)

   asociación ilícita (art. 210, 1er. párrafo del CP, texto s/ley 20.642); b)

   incumplimiento de sus deberes de funcionario público, encubrimiento e

   incumplimiento de la obligación de promover la represión (artículos 248, 277 y

   274 del CP), estos últimos en concurso ideal (artículo 54 del CP), respecto de las

   siguientes víctimas: M.A.F., N.C., Andrés Oscar

   LOFVALL, C.M.I., S.M.I., Mirna Edith

   ABERASTURI, D.J.R., M.E.G., Néstor Oscar

   JUNQUERA, M.G.I., G.D.L., J.M.

   USO OFICIAL PETERSEN, A.A.L., S.A.V., Néstor Daniel

   BAMBOZZI, G.O.I., R.M., Gustavo

   Eduardo ROTH, F.V., L.A.S., Dora Rita

   MERCERO, R.A.L., M.C.P., Héctor

   Osvaldo GONZÁLEZ, S.E.T., N.A.B.,

   D.J.B., C.A.G., Z.I., M.

   Elena ROMERO, G.M.Y., E.A.H., Daniel

   HIDALGO, O.S.S.C., N.J.D.R., Patricia

   ACEVEDO, H.N., A.R.G., Pablo Francisco

   FORNASARI, J.C.C., M.M.T., Zulma

   MATZKIN, L.M., M.E.S., M.M.B., René

   Eusebio B., R.A.B., R.A.B. y Mario

   Edgardo MEDINA; y c) torturas (art. 144 ter, 1er. párr. del Código Penal

   conforme ley 14.616) en perjuicio de: M.E.M., René

   Eusebio

   B., R.A.B. y R.A.B..

   Dejó expresa mención de que los delitos

   mencionados constituyen delitos de LESA HUMANIDAD, configurativos de

   GENOCIDIO, sancionados por la “Convención para la Prevención y la Sanción

   del delito de Genocidio” ratificada ésta por la República Argentina mediante

   Poder Judicial de la Nación Expte. FBB 15000005/2012/CA1 (Origen CFABB 67.573) – Sec. DDHH decretoley 6286/56 (BO 25/04/1956) –y con jerarquía constitucional a partir de

   1994 (Art. 75 inc. 22 de la CN)–, como además por el art. 3 común a los cuatro

   Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949

   aprobados en nuestro país el

   18/09/1956 por medio del “decreto ley” N° 14.442/56, ratificado por Ley N°

   14.467 (sancionada el 5 de septiembre de 1958, promulgada el 23 septiembre de

   1958, BO 29/IX/58), y actualmente por la “Convención Interamericana sobre

   Desaparición Forzada de Personas” ratificada por la ley 24.556 de fecha 13 de

   septiembre de 1995 (BO 18/10/95) y con jerarquía constitucional conforme la ley

   24.820 (BO 29/05/97).

   Asimismo, ordenó las siguientes restricciones sobre los

   imputados: 1. que los nombrados mantengan su domicilio e informen al Juzgado

   cualquier cambio que efectúen del mismo; 2. que permanezcan dentro de la

   jurisdicción de ese Juzgado Federal N° 1 de Bahía Blanca debiendo solicitar

   autorización por escrito, con la debida antelación, e indicando los motivos, para el

   USO OFICIAL caso de tener que ausentarse de la misma; y 3. que se presenten periódicamente

   en la Delegación local de la Policía Federal Argentina (art. 310 del CPPN), el

   primer y tercer viernes de cada mes en el caso de GIROTTI, y todos los viernes en

   el de H.M. SIERRA; todo ello bajo apercibimiento de lo dispuesto en los

   arts. 288, 289 y 333 del CPPN; y 4. mantuvo la PROHIBICIÓN DE SALIDA

   DEL PAÍS para ambos.

   Finalmente fijó la responsabilidad civil de H.M.

   SIERRA en la suma de PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS MIL ($

   2.500.000).

2. Que lo resuelto fue apelado por las partes: los

   representantes del Ministerio Público F., D.. A.D.C. y Antonio

   Horacio Castaño, apelaron a fs. 396/405; el Dr. R.D. interpuso recurso de

   apelación por el imputado H.M. SIERRA a fs. 406/413; mientras que el Dr.

   E.R.O. y la Dra. L.T.A.D. interpusieron recurso de

   apelación a

   favor de la imputada G.G. a fs. 507/517.

   1. Los F.es se agravian de las faltas de mérito dictadas

      en favor de H.M. SIERRA y G.G..

      Poder Judicial de la Nación Expte. FBB 15000005/2012/CA1 (Origen CFABB 67.573) – Sec. D.M. ello, en primer término, en una errónea

      interpretación y aplicación del derecho en que habría incurrido el a quo al

      practicar una calificación legal de las conductas imputadas que no guarda

      congruencia con la descripción de los hechos ilícitos efectuada en la fórmula de la

      imputación.

      Dicen que se elaboró una estructura de acusación compleja,

      compuesta de una fórmula de imputación principal y una subsidiaria o

      complementaria, que parte de atribuir la integración de una asociación ilícita y la

      participación en los hechos delictivos de fondo en perjuicio de cada víctima, en

      función del aporte efectuado en la secuencia delictiva; subsidiariamente, se acusó a

      los imputados de no haber promovido la denuncia de los hechos delictivos frente

      al efectivo acceso a la noticia de los crímenes.

      Afirman que los elementos de prueba colectados exponen,

      de modo determinante, la forma en que los imputados actuaron de manera

      USO OFICIAL reiterada, uniforme, armónica, sistemática y coordinada con el resto de los sujetos

      que intervinieron en la concreción de los delitos –el J.M., el personal

      de las fuerzas armadas, policiales, de seguridad y penitenciarias–, asumiendo un

      compromiso delictivo, y prestando en cada caso puntual, un aporte esencial y

      efectivo para la concreción del plan delictivo, y el aseguramiento de la finalidad de

      impunidad y las condiciones de clandestinidad. Sin embargo, y frente a una

      eventual errónea valoración u omisión de los elementos de prueba o aún en la

      tesis, que califica de falaz, de que los imputados hayan permanecido ajenos a la

      órbita del aparato de poder, igualmente la conducta de éstos resultaría penalmente

      reprochable por no haber denunciado los crímenes de los que tomaron

      conocimiento efectivo.

      Tal sería la razón del planteo subsidiario.

      Sin embargo, señalan que el a quo rechazó ambas

      imputaciones por entender erróneamente que el carácter excluyente o alternativo

      conduce a la exclusión de ambas tesis de acusación. Ese error de interpretación lo

      condujo a afirmar que la fórmula de intimación es incongruente, y resolvió

      omitiendo de plano expedirse sobre la imputación principal, dictando únicamente

      la falta de mérito en relación con la imputación subsidiaria en inobservancia de lo

      prescripto por los arts. 306, 308, 309 y cctes. del CPPN.

      Poder Judicial de la Nación Expte. FBB 15000005/2012/CA1 (Origen CFABB 67.573) – Sec. DDHH Manifiestan que una absurda valoración de los elementos de

      prueba condujo al dictado de la falta de mérito de ambos imputados respecto de la

      asociación criminal. Señalan que el magistrado, para concluir en la ajenidad de

      ambos imputados en la asociación ilícita, “inventa un preconcepto” consistente en

      una reducción dogmática de la lectura del aparato organizado de poder, a lo que se

      plasmó en la reglamentación militar formal, en cuanto a cadena de mando, modus

      operandi y distribución básica de tareas. Les genera agravio esta postura

      dogmática pues consideran que desatiende de plano el conjunto de elementos

      probatorios llevados a su consideración (expedientes en que actuó, declaraciones

      testimoniales de víctimas y testigos, declaración del G.. V.) que sustentan la

      imputación, demostrando –a juicio de ese Ministerio– la configuración de un

      actuar organizado y coordinado con el grupo delictivo como condición de

      existencia de un aparato de poder, y acreditando una actuación intensa, extendida

      en el tiempo, reiterada, prolífica, uniforme y coordinada de los secretarios,

      USO OFICIAL directamente vinculada con la comisión de los delitos que experimentaron las

      víctimas.

      Consideran, además, que con ello queda

      descartada la tesis de una mera acumulación de diligencias ocasionales y

      desvinculadas, quedando en evidencia el conocimiento de los imputados sobre la

      operatividad del plan sistemático criminal, la organización delictiva y el

      compromiso asumido en función de los mismos.

      Les causa agravio las faltas de mérito resueltas para ambos

      encartados en relación al delito de incumplimiento de los deberes de funcionario

      público e incumplimiento de la obligación de promover la represión, pues el a

      quo omitió expedirse respecto de la participación de SIERRA y GIROTTI en los

      delitos sufridos por las víctimas (privaciones ilegales de la libertad, torturas,

      ...