Sentencia Interlocutoria de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 10 de Abril de 2019, expediente I 75106

Presidentede Lázzari-Soria-Genoud-Kogan
Fecha de Resolución10 de Abril de 2019
EmisorSUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

I.75.106 "V.J.C. Y OTROS CONTRA MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARECO SOBRE INCONSTITUCIONALIDAD ORD. 4258/17"

La Plata, 10 de abril de 2019.

AUTOS Y VISTOS:

I.1. J.C.V., I.S.L., C.A.C., C.E.L. de la Osa, R.C.C.S., E.N.L., invocando la calidad de vecinos de la localidad de San Antonio de A., interponen demanda originaria de inconstitucionalidad contra la Ordenanza 4.258/17, dictada por el Concejo Concejo Deliberante de la Municipalidad homónima (v. fs. 17/23).

Explican que una ordenanza anterior, la N° 3.420 dictada por el mencionado municipio en el año 2009 dispuso, en lo que al caso interesa, que los establecimientos dedicados a la actividad de almacenamiento, clasificación, acondicionamiento y conservación de granos, agroquímicos y/o fertilizantes ubicados en el radio urbano, debían realizar una reducción progresiva de la capacidad de almacenamiento de manera tal que, luego de transcurridos los primeros cuatro años de vigencia, no superara las 15.000 toneladas. Del mismo modo exigió la definitiva erradicación y desmantelamiento de las referidas instalaciones situadas dentro del radio urbano, distritos complementarios urbanos o extra urbanos creados o a crearse, en un plazo perentorio e improrrogable de nueve años.

Precisan que hallándose próximo el vencimiento del término previsto por la Ordenanza 3.420/09, se dictó la Ordenanza 4.258/17 puesta aquí en crisis, que prorroga por tres años más el plazo fijado inicialmente en nueve para obtener la definitiva erradicación de las plantas comprendidas en las disposiciones de aquella norma. Remarcan que, de ese modo, el vencimiento del término conferido para la concreción de la medida acaecerá el 1 de mayo de 2021 y no en mayo de 2018 como lo ordenaba el régimen anterior (cfr. art. 8 de la Ord. 3.420/09).

En particular, afirman que la norma impugnada violenta el principio de progresividad en tanto impide que los avances en materia ambiental previstos por su antecesora se lleven a cabo y, desde ese punto de vista, la califican de regresiva y violatoria de los arts. 41 de la Constitución nacional y 28 de la Constitución provincial, disposiciones de tratados internacionales con jerarquía constitucional y art. 4 de la Ley General del Ambiente 25.675.

Recuerdan que, ante el incumplimiento de la primigenia norma, algunos de los vecinos afectados iniciaron ante el Juzgado Contencioso Administrativo del Departamento Judicial de Mercedes la causa caratulada "V., J.C. y otros c/ Municipalidad de San Antonio de A. s/ Pretensión Restablecimiento o Reconocimiento de Derechos" (Expte. 19.807), obteniendo una sentencia favorable que obligó al municipio a realizar una inspección mensual a las empresas que debían ajustar su actividad a las disposiciones de la Ord. 3.420/09 y a informar sobre su resultado al Juzgado interviniente.

No obstante ello, manifiestan que comenzaron a notar que los controles del municipio disminuyeron hasta que, finalmente, se dictó la norma aquí cuestionada.

Señalan, además, que contra la Ordenanza 3.420/09 se inició una pretensión anulatoria caratulada "Cooperativa Agropecuaria de San Antonio de A.L.. y otros c/ Municipalidad de San Antonio de A. s/ Pretensión Anulatoria" ante el mismo juzgado contencioso antes referido, en el marco de la cual se resolvió rechazar la medida cautelar que perseguía la suspensión de la norma.

Por último, recuerdan que una de las empresas alcanzadas por la medida de erradicación en cuestión, presentó ante este Tribunal una demanda originaria de inconstitucionalidad contra la Ord. 3.420/09, expediente en el que se rechazó la pretensión y, por lo tanto, fue confirmada la vigencia de la misma (causa I. 70.164, "Agroservicios Pampeanos S.A. c/ Municipalidad de San Antonio de A. s/ Inconstitucionalidad Ordenanza N° 3.420/09", sent. de 29-VIII-2017).

I.2. Los actores solicitan el dictado de una medida cautelar que suspenda los efectos de la Ordenanza 4.258/17.

Manifiestan que la verosimilitud del derecho, en el caso, surge del objeto mismo del precepto puesto en crisis en cuanto prorroga un plazo que, por una ordenanza anterior, había sido calificado de perentorio e improrrogable (v. fs. 21 vta.). A ello agregan la naturaleza ambiental de la Ord. 3.420/09...

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