Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 31 de Mayo de 2017, expediente L. 119062

PresidenteSoria-de Lázzari-Pettigiani-Kogan
Fecha de Resolución31 de Mayo de 2017
EmisorSUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 31 de mayo de 2017, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctoresS., de L., P., K.,se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 119.062 "V., M.E. contra Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo SA y otro/a. Accidente de Trabajo - Acción Especial".

A N T E C E D E N T E S

El Tribunal de Trabajo nº 1 con asiento en la ciudad de San Miguel, perteneciente al Departamento Judicial S.M., hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas -en la medida de la condena- a las codemandadas vencidas (v. fs. 695/702 vta.).

Contra dicho pronunciamiento Provincia ART SA dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 728/739 vta.), concedido por el citado tribunal a fs. 743 y vta.

Dictada a fs. 775 la providencia de autos, sustanciados los traslados que, por razón de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación (conf. leyes 26.994, BO de 8-X-2014 y 27.077, BO de 16-XII-2014) se ordenaron a fs. 769, y hallándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente

C U E S T I Ó N

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?

V O T A C I Ó N

A la cuestión planteada, el señor J. doctorS. dijo:

  1. El tribunal de origen juzgó acreditado que como consecuencia del obrar negligente en la asistencia que un enfermero dependiente del Hospital Larcade del municipio de San Miguel le brindara a M.E.V. -quien se desempeñaba como vigilador en el mismo nosocomio- por una afección menor, este último recibió indebidamente una inyección de ibuprofeno en la arteria de su brazo derecho. Dicha práctica -prosiguió- le provocó una vasculitis necrotizante que culminó con la amputación del miembro superior derecho a nivel codo, lo cual le genera una incapacidad parcial y permanente del 71,30% (v. vered., fs. 692/693 vta.; sent., fs. 697).

    En la etapa de sentencia, halló configurados los presupuestos de atribución de responsabilidad objetiva y subjetiva respecto de la Municipalidad de San Miguel, en los términos de los arts. 1113 -primer párrafo- y 1109 del anterior Código Civil (ley 340) (v., fs. 697 vta./698).

    De ese modo, estimó el daño material en la suma de $ 950.000, a la que adicionó $ 1.200.000 en concepto de daño moral (v. fs., 698 vta./699).

    Seguidamente, y a los efectos de realizar el cálculo conforme a los términos de la reparación sistémica, juzgó aplicable el art. 17.6 de la ley 26.773 en cuanto importa la actualización de la prestación dineraria que correspondía calcular por la incapacidad del reclamante (art. 15.2, ley 24.557). Ello, por cuanto -destacó- el crédito del actor no se encontraba satisfecho a la fecha en que aquella normativa comenzó a regir.

    En ese contexto, si bien reconoció que el decreto 472/14 reglamentario de la ley 26.773 no contempla situaciones como la de autos -pues se limita a la actualización de las prestaciones adicionales de pago único y a los pisos que enumera la ley 24.557 y el decreto 1694/09-, declaró su inconstitucionalidad por juzgar que tal dispositivo incurre en un exceso reglamentario, en franca vulneración del art. 99 inc. 2 de la Constitución nacional.

    Luego, y tras declarar la inconstitucionalidad de los arts. 15 ap. 2 y 19 en cuanto ordenan el pago de la prestación en forma de renta vitalicia, estimó que esta última alcanza el importe de $ 346.884,91 (art. 15 ap. 2, ley 24.557).

    En tales condiciones, y toda vez que el índice RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables) previsto por la ley 26.773 publicado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social entre los meses de marzo de 2011 ($ 490,31) y septiembre de 2014 ($ 1.302,28) arrojaba un coeficiente de $ 2,65, declaró procedente recomponer el crédito, estableciéndolo en la suma de $ 919.245 ($ 346.884,91 x 2,65). Asimismo, por aplicación del mencionado índice, elevó la prestación de pago único del art. 11 ap.4 inc. "b" de la ley 24.557 a $ 265.000; lo que arroja un total de $ 1.184.245.

    En ese orden, juzgó que la reparación brindada por la ley especial no luce razonable con la proporcionada por la ley civil, por lo que declaró la inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557 (v. fs., 699 vta./700 vta.).

    Respecto de la codemandada Provincia ART SA consideró que, no obstante no mediar responsabilidad en el marco de la acción intentada -por no existir prueba alguna tendiente a demostrar el incumplimiento a sus deberes; así como tampoco relación causal entre su denuncia y el daño sufrido-, dada la existencia de contrato entre esta última y la Municipalidad demandada, dispuso (por aplicación del principioiura novit curia) condenar a la aseguradora hasta la concurrencia del límite de la cobertura en el marco de la ley 24.557 (v. fs. 700 vta.).

    Finalmente, ordenó aplicar intereses sobre el capital de condena -desde la fecha del accidente (20-III-2011) hasta la de sentencia-, a la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a través del sistema Banca Internet Provincia a treinta días, vigente en los distintos períodos de aplicación (v., fs. 701).

  2. Provincia ART SA interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo, la violación y errónea aplicación de los arts. 3 y 622 del antiguo Código Civil; 8, 17 ap. 5 y 6 de la ley 26.773; del decreto 472/14 y de la doctrina legal que identifica.

    1. Controvierte la definición que incrementó -por conducto de la aplicación del índice RIPTE- la prestación dineraria por incapacidad laboral permanente, parcial y definitiva reconocida al actor en la sentencia.

      Manifiesta, en lo esencial, que el tribunal de trabajo ha revalorizado la prestación dineraria, valiéndose de una normativa -ley 26.773- que no se encontraba vigente a la época del accidente sufrido por el trabajador, transgrediendo así no sólo el principio de irretroactividad de las leyes consagrado por el art. 3 del derogado Código Civil (actual art. 7, conf. ley 26.994, BO de 8-X-2014), sino además su derecho constitucional de propiedad.

      Afirma que no existe ninguna disposición expresa de la ley 26.773 que establezca su aplicación retroactiva.

      Por otra parte, destaca que en el caso no se verifica ningún hecho que esté en curso de ejecución, sino un infortunio que se configuró con anterioridad (marzo de 2011) y que, por lo tanto, debe quedar sujeto a las disposiciones de la ley 24.557 (v. fs. 732 vta./735).

      Destaca que la sentencia también deviene arbitraria en cuanto "actualiza" por el referido índice la prestación dineraria adicional de pago único del art. 11 ap. 4 inc. "b" de la ley 24.557, haciendo aplicación retroactiva de la ley 26.773 (v. fs. 735 y vta.).

    2. Objeta asimismo la declaración de inconstitucionalidad del decreto 472/14, por cuyo conducto dispuso el ajuste a través del índice RIPTE de las prestaciones dinerarias "móviles".

      En lo esencial, advierte que el juzgador -demostrando una clara orfandad argumental- soslayó que la ley y su decreto reglamentario deben ser analizados conjuntamente y de conformidad a su espíritu, por lo que -según sostiene- el índice RIPTE no puede aplicarse sobre prestaciones dinerarias variables sino sobre los "pisos mínimos de garantía" y las prestaciones dinerarias fijas que establece la normativa (fs. 735 vta./737).

    3. Por último, objeta que el tribunal de grado haya...

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