Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala IV, 28 de Marzo de 2019 (caso DE VIDO, JULIO MIGUEL c/ EN-HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION s/AMPARO LEY 16.986)

Fecha de Resolución:28 de Marzo de 2019
Emisor:Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala IV
 
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Poder Judicial de la Nación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV Causa 26870/2018/CA1 ¨De Vido, J.M. c/ EN – Honorable Cá-

mara de Diputados de la Nación s/ amparo ley 16.986”.

Buenos Aires, 28 de marzo de 2019.

VISTOS El recurso de apelación de la parte actora a fs. 92/101 contra la sentencia de fs. 86/88 y vta, que rechazó in limine la presente acción de amparo deducida por el diputado J.M. De Vido contra las resoluciones 343-OV-17-OD1779 y 349-OV-17-OD1780, por las que la H. Cámara de Diputados de la Nación dispuso su desafuero; y CONSIDERANDO:

  1. ) Que, a fs. 86/88 y vta, la juez de grado fundó su decisión en la inadmisibilidad formal de la pretensión, a tenor del vencimiento del plazo de caducidad previsto por el art. 2º, inc. e, de la ley 16.986, cuya vigencia entendió no alterada por la reforma constitucional de 1994. En este sentido, destacó que, desde la fecha en que el accionante manifestó haber tomado conocimiento a través de los medios periodísticos de su desafuero, el 25 de octubre de 2017, hasta el momento de la interposición de la demanda, el 19 de abril de 2018, aquel plazo se encontraba ampliamente excedido.

    Más allá de que —según sostuvo— tal argumento resultaba suficiente por sí solo para el rechazo de la acción, también señaló —

    de conformidad con lo dictaminado por la fiscal de la instancia a fs.

    63 y vta— que el desafuero es una atribución privativa de cada una de las cámaras que componen el Poder Legislativo, a la luz de lo dispuesto por el art. 70 de la Constitución Nacional y la ley 25.320.

    De modo que —concluyó— una interferencia del Poder Judicial en tal decisión importaría un exceso jurisdiccional contrario al principio republicano de división de poderes.

  2. ) Que, a fs. 92/101, el recurrente se agravió del cómputo del plazo de caducidad previsto en el art. 2º de la ley 16.986 e insistió en que la resolución que dispuso su desafuero no había sido notificada de modo fehaciente, razón por la que había hecho reserva de ampliar demanda en oportunidad de conocer sus fundamentos; omisión Fecha de firma: 28/03/2019 Alta en sistema: 29/03/2019 Firmado por: M.D.D., JUEZ DE CAMARA Firmado por: J.E.M., JUEZ DE CAMARA Firmado por: R.W.V., JUEZ DE CAMARA #31732292#211679748#20190327164342863 continuada que —según sostuvo— impedía el inicio del cómputo referido. También destacó el carácter continuado de los efectos del acto cuestionado, vinculados con la falta de pago de su dieta y la privación de su libertad. En este sentido, advirtió que el debate parlamentario en que se decidió su desafuero no había cumplido los recaudos del “juicio público” al que alude el art. 70 de la Constitución Nacional, por lo que aquél no pudo integrar los fundamentos de la decisión, máxime cuando en su desarrollo se omitió el examen del mérito de la prisión preventiva dictada por el juez penal con audiencia del interesado.

    También cuestionó la segunda línea argumental, referida a la competencia privativa del Congreso y la alegada imposibilidad judicial para revisar el desafuero. En este punto, alegó —con cita de precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en las causas “B.” y “P.”— que es inherente a las funciones de un tribunal judicial interpretar las normas que confieren las facultades privativas de los otros poderes para determinar su alcance, sin que tal tema constituya una cuestión política inmune al ejercicio de la jurisdicción. También recordó el criterio sentado por el máximo Tribunal en la causa “Moliné O´Connor”, respecto del carácter justiciable de las sentencias dictadas en materia de juicio político o enjuiciamiento de magistrados. Por último, señaló que tal calificación constituía en el caso una flagrante denegación de justicia, a tenor de la arbitrariedad incurrida en sendos autos de procesamiento dictados en sede penal y en la omisión del examen de tales vicios por la Cámara de Diputados de la Nación.

  3. ) Que, antes de examinar la apelación, conviene adelantar que el planteo del recurrente involucra indiscriminadas referencias a tres atribuciones de las Cámaras Legislativas referidas a situaciones diversas, regidas cada una de ellas por reglas propias: (i) el juicio del título de sus miembros, previsto en el art. 63 de la Constitución Nacional, cuyo ejercicio ha sido examinado por la Corte Suprema en Fallos: 321:3236 y 322:2370, además de los citados casos “B.”

    (Fallos 324:3358) y “P.” (Fallos 331:549); (ii) la remoción de un Fecha de firma: 28/03/2019 Alta en sistema: 29/03/2019 Firmado por: M.D.D., JUEZ DE CAMARA Firmado por: J.E.M., JUEZ DE CAMARA Firmado por: R.W.V., JUEZ DE CAMARA #31732292#211679748#20190327164342863 Poder Judicial de la Nación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV Causa 26870/2018/CA1 ¨De Vido, J.M. c/ EN – Honorable Cá-

    mara de Diputados de la Nación s/ amparo ley 16.986”.

    legislador por inhabilidad física o moral sobreviniente en los términos del art. 66 de la Carta Magna (Fallos , mecanismo equivalente al juicio político contra un juez del máximo Tribunal, al que el apelante se refirió con la cita del caso “Moliné O´Cónnor” (Fallos 327:1914, 2048 y 2205); y (iii) el desafuero, consistente en la suspensión de un legislador que fue imputado de un delito en el contexto de un proceso penal para ponerlo a disposición del juez competente para su juzgamiento, previsto el art. 70 de la Carta Fundamental.

    Una vez formulada tal precisión conceptual, a los fines de delimitar la materia implicada en este pleito y precisar el objeto del recurso, conviene recordar que el desafuero es la contracara de la inmunidad de arresto.

    En efecto, ningún senador o diputado, desde el día de su elección hasta el de su cese, puede ser arrestado (art. 69 de la Const.

    N..); sin embargo, el art. 70 expresa:

    Cuando se forme querella por escrito ante las justicias ordinarias contra cualquier senador o diputado, examinado el mérito del sumario en juicio público, podrá cada Cámara, con dos tercios de votos, suspender en sus funciones al acusado, y ponerlo a disposición del juez competente para su juzgamiento

    (énfasis añadido).

    El Congreso Nacional reglamentó tal atribución mediante la ley 25.320, cuyo art. 1º dispone:

    […] En el caso de dictarse alguna medida que vulnera la inmunidad de arresto, la misma no se hará

    efectiva hasta tanto el legislador, funcionario o magistrado sujeto a desafuero, remoción o juicio político no sea separado de su cargo […] El tribunal solicitará al órgano que corresponda el desafuero, remoción o juicio político, según sea el caso, acompañando al pedido las copias de las actuaciones labradas expresando las razones que justifiquen la medida [...]”.

    Fecha de firma: 28/03/2019 Alta en sistema: 29/03/2019 Firmado por: M.D.D., JUEZ DE CAMARA Firmado por: J.E.M., JUEZ DE CAMARA Firmado por: R.W.V., JUEZ DE CAMARA #31732292#211679748#20190327164342863 Se advierte que la Constitución Nacional ha otorgado a los miembros del Congreso una inmunidad que no tiene por objeto su protección personal, sino que se inspira en un claro objetivo institucional; y "si ha considerado esencial esa inmunidad es precisamente para asegurar no sólo la independencia de los poderes públicos entre sí, sino la existencia misma de las autoridades creadas por la Constitución" (Fallos: 54:432). La vigencia de este principio tiene su fundamento en evitar, en la máxima medida, que se coarte la presencia efectiva de la representación popular que hace a la esencia de nuestro sistema representativo republicano (art. 22 de la Constitución Nacional), y configura uno de los factores del delicado equilibrio organizado por los constituyentes en las relaciones que vinculan a los tres poderes del Estado, para evitar que el ejercicio abusivo de sus respectivas atribuciones conspire contra su funcionamiento armonioso, en contra de las finalidades para las cuales ha sido instituido (Fallos 319:3026, “Ramos”).

    El desafuero de los legisladores es una medida de índole política, que carece de toda relevancia en la ulterior decisión judicial de la causa. Igual carácter tiene el examen de los motivos en que se apoya aquella medida, el que se limita a apreciar la seriedad de la imputación sin inmiscuirse en declaraciones de naturaleza judicial. La suspensión en las funciones no importa una descalificación que convierta al legislador en persona indigna de recobrar sus fueros parlamentarios, pues no es la iniciación de uno o más procesos, ni el arresto, lo que determina tal calidad, sino la condena, cuando ella reviste esos caracteres; tampoco entraña la suspensión un prejuzgamiento acerca de la inocencia o culpabilidad del legislador encausado, porque ello es extraño a la función legislativa que se examina y, finalmente, no anticipa juicio sobre la procedencia del procesamiento. La suspensión pues, es una medida que se adopta en resguardo del prestigio del cuerpo, que no puede admitir en su seno a un miembro sospechado de la comisión de actos delictuosos, y esta medida no habrá de tender a obstaculizar la más amplia acción de la justicia, que lo segregará definitivamente o lo devolverá al cuerpo, Fecha de firma: 28/03/2019 Alta en sistema: 29/03/2019 Firmado por: M.D.D., JUEZ DE CAMARA Firmado por: J.E.M., JUEZ DE CAMARA Firmado por: R.W.V., JUEZ DE CAMARA #31732292#211679748#20190327164342863 Poder Judicial de la Nación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV Causa 26870/2018/CA1 ¨De Vido, J.M. c/ EN – Honorable Cá-

    mara de Diputados de la Nación s/ amparo ley 16.986”.

    con la declaración de honor que corresponda (Fallos 217:122, “B.”).

    Otorgar o no el desafuero constituye una facultad discrecional de cada una de las Cámaras del Congreso, lo que no significa que pueda ser arbitraria (G., M.A., “Constitución de la Nación Argentina”, La Ley, 2º ed., p. 527). En tal sentido, corresponde a cada una de las Cámaras la apreciación discrecional del “mérito de la causa”, ya que la utilización del verbo “podrá” para referirse a la...

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