De Vido y Calcaterra serán indagados por un contrato de Odebrecht

El soterramiento del tren Sarmiento, una obra multimillonaria que todavía permanece inconclusa, quedó ayer formalmente sospechado por el pago de sobornos. El exministro , el exsecretario de Transporte y dos decenas de funcionarios de esa área deberán defenderse desde junio en los tribunales, acusados de haber recibido coimas a cambio de entregarles el contrato de US$3000 millones a la empresa y a sus socios.

Aunque involucra a exfuncionarios kirchneristas, el caso encendió una luz amarilla en la Casa Rosada. El juez Marcelo Martínez de Giorgi también citó a declarar como acusados de haber sido parte del circuito que permitió el pago de sobornos a 25 empresarios, entre ellos, a Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri, que era titular de la constructora Iecsa, socia local de Odebrecht. Pruebas como correos electrónicos y registros de pagos involucran a empleados de la constructora en el circuito que facilitó las maniobras.

El juez Martínez de Giorgi entendió que 49 personas, entre exfuncionarios del área de Transporte, intermediarios y empresarios deberán dar explicaciones ante las distintas pruebas aportadas por los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez.

El magistrado apunta al pago de sobornos, en primer lugar, para lograr la adjudicación del contrato, pero tiene elementos para sospechar que ese mecanismo se repitió entre 2011 y 2014 para "liberar" las órdenes de pago de una obra que apenas había comenzado cuando Cristina Kirchner dejó la Casa Rosada.

El circuito de los sobornos para el soterramiento del Sarmiento pasó por la compleja estructura que había armado Odebrecht para el Lava Jato, el caso de corrupción que se inició en Brasil pero que tuvo repercusiones en todo el continente. Esa estructura incluye un entramado de sociedades offshore y cuentas bancarias en paraísos fiscales.

Pero en este caso, además, se apoyó en intermediarios locales para encuadrar la maniobra. Manuel Vázquez y Jorge "Corcho" Rodríguez también deberán declarar ante la Justicia, señalados como los personajes clave para que el dinero de los empresarios llegue a destino.

Vázquez, testaferro de Jaime (entonces secretario de Transporte), facilitó una sociedad para cobrar una falsa consultoría que habría canalizado los sobornos, según se desprende del pedido de indagatoria realizado por el fiscal Picardi. Más tarde –entendió la Justicia– Corcho Rodríguez también daba las indicaciones necesarias para que los pagos llegaran (a través de una sociedad...

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