Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, 13 de Julio de 2010, expediente 44.388

Fecha de Resolución13 de Julio de 2010

Poder Judicial de la Nación 2010 - Año del B.C.N.° 44.388 “V., J.R. s/ prórroga de prisión preventiva”.

° °

J.. Fed. n° 3 - Secretaría n° 6

Expte. 14.216/03

Reg. N° 678

Buenos Aires, 13 de julio de 2010.

Y VISTOS

Y CONSIDERANDO:

I. Llegan las actuaciones a conocimiento de este Tribunal con motivo de la elevación efectuada por el a quo con el objeto de que se efectúe el control –en los términos del artículo 1° de la ley 24.390— de la decisión a través USO OFICIAL

de la cual prorrogó la prisión preventiva de J.R.V. (fojas 4/13).

Como fundamentos de la decisión a controlar el a quo detalló

los motivos a partir de los cuales consideraba que existía riesgo procesal en caso de recuperar su libertad y mencionó las circunstancias que tornan compleja a la presente causa.

Explicó que es la propia forma de comisión de los hechos que se imputan al nombrado lo que motiva la complejidad de la investigación y la elucidación de sus autores. En ese sentido, al referirse al plan clandestino de represión instaurado en la última dictadura militar, recalcó que: “… esta forma de concreción de los delitos no fue elegida en forma caprichosa sino que respondió a una finalidad ulterior, el logro de la impunidad de los autores de los mismos, de allí el alejamiento de los mecanismos legales con que se contaba a la fecha para llevar adelante la lucha contra la subversión, como la intencionalidad de eliminar todos aquellos posibles rastros que dejaran los mismos, lo cual por ende dificultó la tarea jurisdiccional” (sic fs. 13).

Ahora bien, desde ya adelantamos que compartimos la decisión adoptada por el a quo, en tanto entendemos que existen motivos que avalan la continuidad del encierro preventivo de V..

Debe tenerse presente que todo análisis relativo a las posibilidades de prorrogar la prisión preventiva de un imputado en los términos de la ley 24.390 lleva implícito el tratamiento de las circunstancias que justifican el encarcelamiento anterior a una condena. En otros términos, el hecho de que desaparezcan los motivos que avalan la restricción de la libertad durante un proceso le quita sentido al estudio de los aspectos que ameritan extender esta medida cautelar más allá de los dos años.

Por otro lado, aun cuando existan circunstancias que viabilizan la prisión preventiva y además se encuentren acreditados los aspectos que justifican la prórroga de esta medida cautelar más allá de los dos años, la validez del encierro preventivo de un imputado sigue supeditada a un plazo razonable de detención.

A continuación se dejará asentado el análisis detallado de los elementos de esta estructura normativa a partir de los cuales corresponde examinar la posibilidad de restringir preventivamente la libertad ambulatoria de una persona sometida a proceso (conf. C.N. 39.939 “S., J.H. s/prórroga de la prisión preventiva”, reg. n° 1484, rta. el 28/12/06, entre otras).

II.a- Requisitos para restringir preventivamente la libertad de un imputado (hasta los dos años de encierro).

El artículo 14 de la Constitución Nacional garantiza la libertad ambulatoria. Este derecho sólo puede restringirse, en principio, por una sentencia condenatoria firme que imponga una pena privativa de la libertad (artículo 18 de la CN).

Excepcionalmente, la Carta Magna autoriza esta misma restricción aún antes de la finalización del procedimiento penal, circunstancia a partir de la cual toma forma el instituto de la prisión preventiva. Si bien existen planteos que cuestionan la razonabilidad de esta medida a la luz de los fines que se le reconocen –los que seguidamente se detallan–, lo cierto es que la prisión preventiva se encuentra prevista, aunque con fuertes limitaciones, por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 7) y por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 9), tratados estos que integran el bloque constitucional de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 75

inciso 22 de la CN.

Es indispensable diferenciar el encierro que sufre una persona de manera preventiva (coerción estatal procesal) de aquél que representa la materialización del castigo infringido a un individuo tras determinarse su Poder Judicial de la Nación 2010 - Año del B. responsabilidad penal mediante una sentencia firme que declara su culpabilidad (coerción estatal material).

A su vez, del mismo modo que el encierro preventivo no es una pena, la decisión de excarcelar a un imputado tampoco importa su sobreseimiento o su absolución ni, de modo alguno, su desvinculación del proceso en el que se lo investiga.

Las decisiones relativas al otorgamiento o restricción de la libertad de un imputado durante el proceso tienen una base fáctica y normativa distinta a la que cimienta las decisiones relativas a la culpabilidad del autor,

aunque los efectos de ambos tipos de decisiones pueden resultar externamente (sensiblemente) idénticos. Esto es así, pues si bien ambas clases de coerciones importan el uso de la fuerza pública y la restricción de la libertad ambulatoria de USO OFICIAL

una persona...

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