Vidas sin grietas

Debe lamentarse que, cuando faltan tan pocos días para la asunción de nuevas autoridades nacionales, un funcionario haya vuelto a alimentar uno de los debates que más dividen a los argentinos, como el de la legalización del aborto, con una medida desacertada, además de inconsulta e inoportuna.Lo mismo puede decirse del apuro que ahora manifiesta el presidente electo, Alberto Fernández, para impulsar la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo. Especialmente, cuando allá por mayo de este año, poco después de haber sido ungido precandidato presidencial, exhibía posiciones más moderadas, al reconocer que era "un tema que parte a la Argentina en dos" y se declaraba partidario de no ahondar la grieta que divide a la sociedad.El mismo apresuramiento es mostrado por el equipo de trabajo del gobernador bonaerense electo, Axel Kicillof, que buscaría aprobar en la provincia un protocolo para la aplicación de la interrupción legal del embarazo.Como hemos señalado en reiteradas oportunidades desde esta columna editorial, ninguna reforma legal que involucre vidas humanas puede adoptarse a la ligera, sin un debate serio y maduro, que contemple las diferentes posiciones y enfoques de un problema que debe preocuparnos a todos, como el de los embarazos no deseados, cuya solución nunca puede ser la muerte de la persona por nacer.La última controversia se desató a partir de la resolución firmada por el exsecretario de Salud de la Nación Adolfo Rubinstein, publicada en el Boletín Oficial el 20 del actual, que aprobaba el llamado "Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo". Tal resolución fue derogada 48 horas después por un decreto del presidente Mauricio Macri, en cuyos fundamentos se señaló que aquella medida había sido dictada "sin consultar la opinión de sus superiores jerárquicos, máxime teniendo en particular consideración la relevancia e implicancias de las cuestiones en ella reguladas". Se indicó en el decreto presidencial que de la elaboración del protocolo no participaron los organismos naturalmente involucrados. Ante la inobservancia de los trámites y formalidades que deben cumplirse antes de emitir la voluntad administrativa, fue considerada de nulidad absoluta la resolución del secretario de Salud, quien, conocida la derogación de su desafortunada medida, presentó su renuncia.Independientemente de la necesidad de que cuestiones tan delicadas sean objeto de un serio debate y...