Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala IV, 14 de Julio de 2022, expediente CAF 000029/2021/CA002

Fecha de Resolución14 de Julio de 2022
EmisorCamara Contencioso Administrativo Federal- Sala IV

Poder Judicial de la Nación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV

EXP CAF 29/2021 “MAS VIDA ASOCIACION SIMPLE c/ EN Y

OTROS s/AMPARO LEY 16.986

Buenos Aires, julio de 2022.-

VISTO:

El recurso de apelación interpuesto y fundado por la parte actora el 19/12/2021, concedido el 21/12/2021, contra la resolución de la anterior instancia del 17/12/2021, que rechazó la acción de amparo tramitada en estos autos; y,

CONSIDERANDO:

  1. ) Que, el 18/1/2021, el Sr. R.G.F.M., por derecho propio y en su carácter de presidente de “Más Vida Asociación Simple”, promovió la presente acción de amparo, en los términos del artículo 43 de la Constitución Nacional y de la ley 16.986,

    contra el Poder Legislativo Nacional (Honorable Cámara de Diputados y de Senadores de la Nación) y el Poder Ejecutivo Nacional, con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad de la ley 27.610, que regula el acceso a la “Interrupción Voluntaria del Embarazo y a la Atención Postaborto”.

    A los fines de fundar su pretensión, explicó, liminarmente, que dicho ordenamiento legal autorizaba la eliminación de la vida de seres humanos en el vientre materno por simple voluntad de la mujer gestante hasta la semana catorce (14) del embarazo inclusive y, fuera de ese plazo,

    en cualquier momento, con la mera invocación de causales de orden general, lo que contrariaba disposiciones expresas de nuestra Constitución Nacional, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la de Convención de los Derechos del Niño —tratados con jerarquía constitucional a partir de la reforma de 1994—, del Código Civil y Comercial de la Nación, y de la ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que consagran el derecho a la vida desde la concepción.

    En este orden de ideas, destacó, que el plexo normativo impugnado conculca los derechos a la vida de las personas por nacer, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la protección integral de la familia, a la igualdad ante la ley, al desarrollo humano, a la inviolabilidad Fecha de firma: 14/07/2022

    Firmado por: M.D.D., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: J.E.M., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: R.W.V., JUEZ DE CAMARA

    de la persona humana, a la no discriminación, a la libertad, a la libre profesión de cultos y a la objeción de conciencia, entre otros.

    Para continuar con el desarrollo de su postura, efectuó un exhaustivo examen de los preceptos de la ley cuestionada, que estimó

    contrarios a nuestro ordenamiento jurídico, y de los fundamentos normativos, doctrinarios y jurisprudenciales que daban sustento a su impugnación,

    Expuestos los diversos argumentos para fundar su pretensión,

    alegó que su legitimación para accionar, en representación de la asociación actora, se justificaba en las disposiciones del art. 43 del Constitución Nacional, art. 41 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, los lineamientos sentados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente de fallos: 332:111 (“H.”) y en la previsiones del art. 2º del acta constitutiva de la asociación demandante.

    Por último, requirió que, como medida cautelar, se dispusiera la suspensión de los efectos de la ley tachada de inconstitucionalidad, dejó

    planteada la cuestión federal para eventualmente acudir ante el Alto Tribunal e hizo reserva de accionar ante los Tribunales Internacionales de la Organización de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos.

  2. ) Que, después de que el Tribunal confirmara el rechazó de la tutela precautoria requerida por el accionante (cfr. resol. del 15/7/2021) y que las demandadas presentaran los respectivos informes del art. 8 de la ley 16.986, el 17/12/2021, la Sra. juez de grado rechazó la acción intentada,

    con costas por su orden, en atención a las particularidades del caso.

    Para ello, relató que las accionadas plantearon la falta de legitimación activa de la parte actora y, en consecuencia, la inexistencia de una causa o controversia que habilitase la actuación de los tribunales de justicia, defensas que correspondía tratar en primer lugar.

    A esos fines, recordó que resultaba un deber de todo magistrado controlar el cumplimiento de los presupuestos procesales que justifican el ejercicio de la función jurisdiccional. En particular, destacó la rigurosidad con la que debe observarse la configuración de “un caso, causa o controversia que deba ser resuelto por el Poder Judicial”, dado que, con el objeto de resguardar el principio de división de poderes, no corresponde a los tribunales de justicia tomar decisiones generales y en abstracto. En este Fecha de firma: 14/07/2022

    Firmado por: M.D.D., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: J.E.M., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: R.W.V., JUEZ DE CAMARA

    Poder Judicial de la Nación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV

    EXP CAF 29/2021 “MAS VIDA ASOCIACION SIMPLE c/ EN Y

    OTROS s/AMPARO LEY 16.986

    orden de ideas, señaló que la existencia de legitimación procesal constituye un recaudo indispensable para que se verifique tal presupuesto, motivo por el que lo litigantes deben demostrar “la concurrencia de la afectación de un interés jurídicamente protegido o tutelado y susceptible de tratamiento judicial”.

    Sentados tales lineamientos, afirmó que la parte actora no había demostrado debidamente su aptitud procesal para accionar y que, ello así,

    no resultaba posible tener por acreditada la existencia de una controversia que correspondiese ser decidida en instancia judicial, motivo por el que la acción intentada no podía prosperar.

    En concreto, indicó que nuestro ordenamiento les reconoce a las asociaciones civiles “un rol de índole representativa, que las habilita a intervenir judicialmente en pos de la tutela de los derechos colectivos de sus integrantes” cuando “a) que los miembros estén razonable y suficientemente “afectados” al punto de quedar habilitados a demandar en nombre propio, b) que el interés a tutelar guarde relación o nexo lógico con el objeto social perseguido por la entidad, y c) que el reclamo o pretensión no tornen imprescindible, por su naturaleza, la intervención procesal de interesados individuales”. Asimismo, agregó que se exige que “se expongan en forma circunstanciada y con suficiente respaldo probatorio, los motivos que llevan a sostener que la tutela judicial efectiva del colectivo representado se vería comprometida si no se admitiera la procedencia de la acción”.

    En esos términos, concluyó que el Sr. M., quien invocó

    su calidad de presidente de la asociación actora, no había logrado acreditar “la existencia de un interés calificado de manera tal que habilite la jurisdicción judicial, lo que impide tener por cumplidos los requisitos expuestos anteriormente”.

    Por otro lado, sostuvo que su condición de ciudadano tampoco era apta para demostrar su legitimación, pues dicho carácter es de “una generalidad tal que impide tener por configurado el interés concreto,

    inmediato y sustancial que permita considerar al pleito como una `causa´,`

    caso´ o `controversia´, en los términos de los arts. 116 y 117 de la Constitución Nacional”.

    Fecha de firma: 14/07/2022

    Firmado por: M.D.D., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: J.E.M., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: R.W.V., JUEZ DE CAMARA

    Para dar sustento a sus conclusiones, citó abundante jurisprudencia que estimó aplicable al caso.

    Finalmente, aclaró que la solución a la que arribó no implicaba emitir juicio alguno sobre la cuestión de fondo, sino tan sólo declarar la improcedencia formal de la acción intentada.

  3. ) Que, contra este pronunciamiento, el 19/12/2021, la parte actora interpuso y fundó recurso de apelación, que fue concedido el 21/12/2021.

    Elevadas las actuaciones a esta Alzada, el 10/8/2021, se corrió

    traslado a las contrarias de los fundamentos del recurso, que fueron oportunamente contestados por las demandadas el 8/3/2022.

  4. ) Que, el recurrente expuso el siguiente orden de agravios.

    En primer lugar, explicó que la asociación actora justificó su legitimación para promover la presente acción, en las disposiciones del art.

    43 de la Constitución Nacional, los lineamientos expuestos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente de Fallos: 332:111

    (“H.”) y las previsiones del art. 2º de su acta constitutiva, que establece como su objeto social “El resguardo y la defensa -a través de la promoción y observancia- del bienestar general, incluyendo los derechos humanos fundamentales con especial énfasis en el derecho a la vida”.

    Ello así, manifestó que la Sra. juez de grado se limitó a realizar consideraciones genéricas y dogmáticas sin ponderar circunstanciadamente los derechos invocados en el caso.

    En particular, explicó que “el derecho que se intenta tutelar en la presente acción es el de los Niños, cuya regulación se encuentra plasmada en la ley 26.061 (LEY DE PROTECCION INTEGRAL DE LOS

    DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES)”. En efecto,

    resaltó que, en su art. 1º, se establece como objetivo primordial “la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en el territorio de la República Argentina, para garantizar el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de aquellos reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional y en los tratados internacionales en los que la Nación sea parte”.

    En esos términos, agregó que, a los fines de resguardar tales derechos, en el tercer párrafo de ese mismo artículo se reconoce una Fecha de firma: 14/07/2022

    Firmado por: M.D.D., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: J.E.M., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: R.W.V., JUEZ DE CAMARA

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