Las otras víctimas del relato

Algunos están fuera del Estado por decisión propia, porque, a pesar de haber hecho carrera en la administración pública y tener una sólida experiencia en sus puestos, se negaron a soportar las presiones, los aprietes y las degradaciones que les impuso el kirchnerismo cuando comenzó a sospechar que las voces críticas podían multiplicarse y crearle más problemas.

Otros fueron separados de sus cargos por el simple hecho de haber gestionado contactos o fotos a precandidatos del propio riñón kirchnerista, pero que aún no fueron bendecidos por el índice presidencial, o porque -dicen, y a estas alturas de los hechos hay pocas razones para no creerles- lograron esos acercamientos antes de que los hubiera conseguido la Presidenta.

Y están también los que se fueron empujados por distintas acciones de la jefa del Estado: como un decreto rabioso, un inexplicable escrache público con datos incomprobables a simple vista o una suelta de "carpetazos", como suele llamarse al trabajo de inteligencia que sectores del Gobierno le preparan a la primera mandataria para que denuncie en cadena nacional lo que sus propios funcionarios deberían estar investigando si es que realmente existiera una fundada sospecha de culpabilidad.

Uno de los últimos casos conocidos, de repercusión pública, fue el de Silvina Martínez, echada de su cargo de directora del Registro Nacional de Sociedades de la Inspección General de Justicia (IGJ) por haber denunciado que ese organismo negó información sobre el caso Ciccone. El testimonio de Martínez resulta hoy clave en la causa que investiga los vínculos de la familia presidencial con el seudoempresario Lázaro Báez. En una reciente entrevista periodística, la ex funcionaria acusó al Gobierno de mentirle a la gente cuando dice que hay 47.000 empresas con irregularidades como las verificadas en los hoteles presidenciales. "Una cosa es que una sociedad deba balances, pero en el caso de Hotesur, adeuda eso y el pago de tasas, y la sede es ficticia, entre otras cuestiones. Son muchas fallas juntas", enfatizó.

Martínez no es la única mujer echada de su cargo estatal por pensar distinto, oponerse a las políticas oficiales o denunciar ilícitos. Un caso lejano, pero anticipatorio de todo lo que vino después fue el de Graciela Bevacqua, directora del Indec hasta que la desplazó Guillermo Moreno, en 2007. Si bien la funcionaria terminó presentando la renuncia, lo hizo luego de que fuera degradada laboralmente, según ella misma relató. La que...