Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala B, 20 de Diciembre de 2012, expediente 93.789 V 1.707

Fecha de Resolución20 de Diciembre de 2012
EmisorCAMARA FEDERAL DE MENDOZA - Sala B

Poder Judicial de la Nación 93.789-V-1.707

En la ciudad de Mendoza, a los veinte días del mes de diciembre del año dos mil doce,

reunidos en acuerdo los señores miembros de la Sala "B", de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, D., P.H.G., R.J.N. y C.H.E., procedieron a resolver en definitiva estos autos Nº 93.789-V-

1.707, (N° de origen 52.539), caratulados: “VESUVIO S.A.C.I.F.

  1. c/ A.F.I.P. p/

    ORDINARIO”, venidos del Juzgado Federal N° 2 de San Juan, en virtud de los recursos de apelación interpuestos a fs. 727 y 729, contra la resolución de fs. 712/724, por la que se resuelve: “

    I) Hacer lugar a la de3manda, declarando la nulidad e ilegitimidad de la Resolución Nº 46/05 (AFIP) de fecha 30/8/05.

    II) Ordenar a la AFIP que reexamine y/o actualice los Bonos de C.F. depositados en la cuenta corriente computarizada de la empresa promocionada “VESUVIO S.A.C.I.F.I” y los que se acrediten en el futuro, aplicando la Resolución MEyOySP 1280/92, desde el momento en que se omitió

    aplicar tal reexpresión, conforme lo estipulado en el art. 14 inc. d) de la Ley 23.658,

    debiendo cumplir además con el prorrateo previsto en el art. 6 del Decreto 804/96. III)

    Costas a la accionada vencida (art. 68 CPCCN).

    IV) Regúlense los honorarios profesionales de los Dres. J.J.V. y G.A., en forma conjunta en USO OFICIAL

    la suma de Pesos Ocho Mil ($ 8.000); de los Dres. E.M., D.C.,

    N.W.F. y M.C.T., en forma conjunta, en la suma de Pesos Seis Mil ($ 6.000); y para la Perito Contadora Dra. M.Y. en la suma de Pesos Tres Mil ($ 3.000), con forme leyes Nº 21.839 y 24.432; V)…”

    El Tribunal se planteó la siguiente cuestión a resolver:

    ¿Debe ser revocada la sentencia apelada?

    De conformidad con lo establecido por los arts. 268 y 271 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y arts. 4º y 15º del Reglamento de esta Cámara, previa y oportunamente se procedió a establecer por sorteo el siguiente orden de estudio y votación, doctores: R.J.N., C.H.E. y P.H.G..

    Sobre la única cuestión propuesta el Sr. Juez de Cámara Dr.

    R.J.N. dijo:

    I- Contra la sentencia de fs. 712/724, cuya parte dispositiva ha sido transcripta precedentemente, interponen recurso de apelación los apoderados de la parte demandada a fs.727 y los de la parte actora a fs. 729.

    La demandada expresa agravios a fs. 738/753. En esta oportunidad sostiene en primer término que el “a-quo” parte de una premisa errónea al considerar que el régimen de promoción industrial da nacimiento a una relación bilateral entre la empresa beneficiaria y el Estado generando obligaciones y derechos recíprocos.

    Dice que el régimen de promoción no implica una contraprestación del Estado Nacional hacia la promocionada sino una franquicia o concesión efectuada por el mismo para promover una región.

    Afirma que le agravia la sentencia recaída en cuanto se ha pronunciado por la inaplicabilidad de la Ley 25.561 y del Decreto 214/2002 al régimen de promoción otorgado a la actora.

    A continuación efectúa una reseña de la normativa aplicable al caso de marras.

    Así, señala que mediante la Ley n° 21.608 se introduce en la legislación promocional el concepto de “costo fiscal teórico”, en tanto mediante Resolución SEDI N° 773/79 fueron establecidas las formalidades, requisitos y pautas a seguir para la formación de dicho costo, las cuales fueron receptadas por la ley N°

    22.021 y modificatorias, agregando al respecto que esta última normativa guarda silencio sobre la actualización de los costos fiscales, aunque prescribiendo que las sumas diferidas deben ingresarse actualizadas y sin intereses.

    A posteriori destaca que mediante ley N° 23.658 fue reemplazado el sistema de utilización de los beneficios fiscales atribuibles a la promoción industrial, por bonos de crédito fiscal, estipulando que dichos instrumentos serían actualizables según el índice de precios al por mayor no agropecuario.

    Continúa explicando que mediante Decreto N° 2054/92 se dispuso que tales bonos se considerarían entregados con la registración que realizara la DGI, instrumentándose a través de una cuenta corriente computarizada, abierta a nombre de cada beneficiario y administrada por la AFIP, en tanto que por Resolución (MEyOSP) N° 1280/92 se estableció que los costos fiscales serán actualizados por el 2

    Poder Judicial de la Nación 93.789-V-1.707

    índice de precios al por mayor no agropecuario de conformidad con las disposiciones de las leyes N° 23.658 y 23.928.

    Con relación a ésta última normativa destaca que, entre otras medidas, prohibió cualquier mecanismo de indexación y no implicó la dolarización de las partidas presupuestarias, ni de las cuentas de ingresos de impuestos nacionales.

    Finalmente refiere que la Ley n° 25561, de Emergencia Económica, es de orden público y aunque deroga las normas que instauraban la convertibilidad de la moneda, deja subsistentes las disposiciones que prohíben la actualización monetaria, de impuestos y otros.

    Concluye expresando que no existe norma legal alguna que en...

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