Vertiginosa compra de seguros de impunidad

El orden del día ya está organizado. Si no aparece alguna resistencia inesperada, hoy el Banco Central aprobará la venta del banco Finansur, de la familia Sánchez Córdova, a Cristóbal López. Así, el empresario kirchnerista se termina de instalar en el negocio financiero. Es una incursión controvertida. Existen innumerables prevenciones de alcance internacional para que quienes administran juegos de azar, como López, no controlen también bancos, por las facilidades que esa superposición ofrece para el lavado de dinero.

La expansión del amigo e inquilino de Cristina Kirchner hacia un nuevo mercado coincide con la anexión de más medios de comunicación. El anillo incluirá dentro de poco un canal de TV abierta.

Para consumar estas apropiaciones, el oficialismo demuestra una urgencia casi tan llamativa como la que exhibe para colonizar los tribunales y controlar la Corte. Son procesos complementarios. La vertiginosa acumulación patrimonial que se verificó durante los últimos doce años debe contar con seguro de impunidad.

López ingresó a Finansur en 2012, cuando adquirió el 70% de las acciones, a pesar de que una norma del Banco Central, que data de los años 80, prohíbe vender sin autorización más del 20% de una entidad financiera. Además de Jorge Sánchez Córdova y su familia, también se deshicieron de sus acciones Marcelo Figueiras y Jorge Demaría. Figueiras es el dueño de laboratorios Richmond, que, como López, tiene vinculaciones estrechísimas con el kirchnerismo, en especial con Amado Boudou.

Si hoy se aprueba el cambio de dueños, el socio mayoritario de Finansur sería López, a través de Indalo SA. Sánchez Córdova conservaría el 26% de las acciones y es posible que siga administrando el banco; Demaría quedaría con 4%. No habría que descartar que los socios minoritarios cedan el resto de sus tenencias a López.

La aprobación de esta venta estuvo demorada por varias razones. La más importante es que algunos directores del Central se han resistido a entregar un banco a un empresario de casinos. Tienen razón. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) recomienda que no se autorice a ejercer la actividad bancaria a quienes administran juegos de azar. Esa advertencia fue más explícita en el caso de la Argentina: el negocio de las apuestas es el primero al que el GAFI pretende excluir, por tratarse de una actividad de riesgo para el blanqueo de activos procedentes del terrorismo, el narcotráfico o la corrupción.

Un hecho providencial despejó...