Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala V, 20 de Noviembre de 2020, expediente CNT 011943/2015

Fecha de Resolución20 de Noviembre de 2020
EmisorCámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala V

Poder Judicial de la Nación CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO -

SALA V

EXPTE. Nº CNT 11.943/2015/CA1

SENTENCIA DEFINITIVA nº 84297

AUTOS: “VERGARA, CONSTANZA C/ OBRA SOCIAL SERVICOS SOCIALES

BANCARIOS S/ DESPIDO” (JUZG. Nº 12).

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina, a los 22 días del mes de julio de 2020 se reúnen los señores jueces de la Sala V,

para dictar la sentencia en esta causa, quienes se expiden en el orden de votación que fue sorteado oportunamente, la Dra. B.E.F. dijo:

I) Contra la sentencia de la anterior instancia que admitió la demanda instaurada se alza la accionada, a tenor del memorial que luce a fs. 122/124, replicado por la contraria a fs. 126/128.

II) La sentenciante de grado concluyó que entre la actora y la Obra Social Servicios Bancarios había mediado un vínculo de naturaleza laboral. Fundó su decisión en el hecho de que se encontraba reconocida la prestación de servicios de la actora y que no se había demostrado la naturaleza autónoma de la vínculo conforme fuera invocado en el responde, en un todo de acuerdo a lo dispuesto por el art. 23 de la LCT.

Contra tal decisión se alza la parte demandada que, concretamente,

cuestiona que se hiciera efectiva la presunción que emana del art. 23 de la LCT,

sosteniendo que la misma no resulta aplicable en el caso de profesionales como es el caso de la actora que se desempeñaba como médica en el área de Anatomía Patológica.

Sostiene que la demandada no era el único lugar donde la actora prestaba servicios y que prueba de ello son las facturas no consecutivas que le emitía a la Obra Social, dando cuenta de ello el intervalo que se advierte entre las facturas a nombre de la accionada.

Cuestiona luego la procedencia de ciertos rubros que fueron diferidos a condena,

respecto de los cuales, a su criterio, no se han acreditado los presupuestos que viabilizan su procedencia, en particular la indemnización especial normada por el art. 178 LCT, la multa establecida por el artículo 45 de la ley 25.345 y las multas de la ley 24.013.

III) En la presentación inicial la actora invocó que ingresó a trabajar para la demandada en el servicio de Anatomía Patológica de la Policlínica Bancaria como médica patóloga, prestando servicios de lunes a viernes de 9 a 13 hs.

La Obra Social de Servicios Bancarios al contestar la acción rechazó la relación laboral denunciada e invocó que entre las partes medió un contrato de locación de servicios.

Reconocida por la demandada la prestación de servicios de la actora como médica, coincido con la sentenciante que me precede en que resulta de aplicación la presunción contenida en el artículo 23, LCT, que establece a favor de quien efectúa Fecha de firma: 20/11/2020

Firmado por: L.M.D., SECRETARIO DE CAMARA 1

Firmado por: B.E.F., JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: G.L.C., JUEZ DE CÁMARA

Firmado por: N.M.R.B., JUEZ DE CAMARA

ese servicio, la presunción de la existencia de un contrato de trabajo “(…) salvo que por las circunstancias, las relaciones o causas que lo motiven se demostrase lo contrario”

En tal contexto, cabe rechazar el argumento recursivo vertido en orden a la aplicación de la citada presunción pues contrariamente a lo pretendido, no es un obstáculo para su operatividad la circunstancia de que la actora sea una profesional. Por ello corresponderá analizar la prueba producida en la causa a la luz de los términos de los agravios para advertir si se ha logrado analizar la presunción establecida por el art.

23 LCT.

En ese orden de ideas la recurrente pretende ampararse en la circunstancia de que la actora emitía facturas a nombre de la obra social accionada, como asimismo que la falta de correlatividad de esas facturas daría cuenta de que su prestación de servicios no era exclusiva para la accionada, pero soslayando completamente el principio de primacía de la realidad que rige en la materia como asimismo la consideración de las normas de orden público que fueron expresamente consideradas en el decisorio apelado. Lo mismo ocurre con la valoración de la prueba testimonial,

respecto de la cual, en lo esencial esto es en lo relativo a la acreditación de la prestación de servicios, no ha merecido objeción por parte de la recurrente.

Nótese que los testigos Grisia, (fs. 98); S., (fs. 99); A., (fs.

100) y Coria, (fs. 101), dan cuenta del desempeño de la demandante a órdenes de la demandada en las instalaciones del Policlínico Bancario específicamente en el servicio de Anatomía Patológica, de lunes a viernes y en el rango horario denunciado en el inicio,

realizando la macroscopía de las piezas y biopsias, como asimismo la microscopía y diagnósticos de PAP y líquidos que ingresaban al servicio. Explican asimismo que el sueldo le era abonado contra entrega de facturas y que ello les consta porque se veían las facturas arriba de los escritorios. En el caso de la testigo S., precisa que al ingreso y egreso la actora debía firmar una planilla, lo cual evidenciaría un ejercicio del poder disciplinario y de organización.

Resulta irrelevante en el caso concreto la diferencia horaria a que se refirió la testigo A., porque lo cierto y concreto es que más allá de ese detalle,

relató hechos que presenció y que, además, era la demandada quien debía probar sus asertos (conf. arts. 377 y 386 CPCCN y art. 90 L.O.).

Tampoco resulta atendible el argumento sustentado en que la actora facturaba por sus servicios, no solo porque las facturas acompañadas por la actora a fs.

28/57, fueron expresamente desconocidas por la...

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