VELAZQUEZ JOSE LUIS Y OTROS c/ HITOSHI ISHIKIDA Y OTRO s/DAÑOS Y PERJUICIOS(ACC.TRAN. C/LES. O MUERTE)
Número de expediente | CIV 065451/2011/CA001 |
Fecha | 30 Diciembre 2019 |
Número de registro | 253533935 |
Poder Judicial de la Nación CAMARA CIVIL - SALA C
L. C
IV. 65451/2011 JUZG. Nº 49
En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los días del mes de diciembre de 2019, reunidos en acuerdo los señores jueces de la S. “C” de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, para conocer en los recursos interpuestos en los autos “V.J.L. Y OTROS C/ HITOSHI
ISHIKIDA Y OTROS S/ DAÑOS Y PERJUICIOS”,
respecto de la sentencia corriente a fs.
382/403 y 413/414, el tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:
¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?
Practicado el sorteo, resultó que la votación debía efectuarse en el orden siguiente: S.. Jueces de Cámara Dres. D.S., Converset y Trípoli.
Sobre la cuestión propuesta el Dr.
D.S. dijo:
I.- La sentencia hizo lugar a la demanda entablada por J.L.V.,
D.S.S. y R.V.A. –estos últimos por sus propios derechos y en representación de su hijo menor de edad U.A.S.– y condenó a H.I. a abonar a la parte actora la suma total de $278.000, con más los intereses y costas del pleito.
Fecha de firma: 30/12/2019
Alta en sistema: 20/02/2020
Firmado por: O.L.D.S., Juez de Cámara Firmado por: J.M.C., JUEZ DE CAMARA
Firmado por: PABLO TRIPOLI, JUEZ DE CAMARA
La condena se hizo extensiva a Allianz Argentina Compañía de Seguros S.A., en los términos del art. 118 de la ley 17.418.
Contra dicho pronunciamiento alzan sus quejas el demandado y la citada en garantía a fs. 435/442, la parte actora a fs. 443/452 y la Sra. Defensora de Menores a fs. 472/475.
El accionado y la aseguradora se agravian del quantum de los rubros que componen la cuenta indemnizatoria, así como también del cómputo de intereses establecido.
La parte actora critica los montos fijados por el juez a-quo en los rubros reconocidos, agraviándose asimismo en lo atinente a las partidas cuyo reclamo fue desestimado.
En su oportunidad, la Sra. Defensora de Menores deja sentada su disconformidad respecto de los montos reconocidos en favor del menor y sus progenitores, dejando pedida su modificación.
A fs. 457/466 la parte actora contesta el traslado conferido respecto de los agravios de las contrarias –presentación a la que adhirió la Sra. Defensora de Menores a fs.
475vta.–, solicitando su desestimación.
Lucen a fs. 468/470 y 478/479 las contestaciones efectuadas por la demandada y la citada en garantía respecto de los agravios de los accionantes y de la Sra. Defensora de Menores, requiriendo que se desestimen las quejas impetradas.
Fecha de firma: 30/12/2019
Alta en sistema: 20/02/2020
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Ahora bien, a la luz de la presentación efectuada, considero que no asiste razón a los accionantes por cuanto los agravios del demandado y citada en garantía satisfacen los recaudos exigidos por la legislación procesal. A sus efectos, cabe recordar que esta valoración debe ser hecha con criterio amplio,
dado que se encuentra en juego la garantía constitucional de la defensa en juicio. Por ello, los pedidos de declaración de deserción del recurso formulados serán desoídos.
II.- Liminarmente, es menester señalar que los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso (conf. CSJN, “Fallos”: 258:304, 262:222,
265:301, 272:225, 276:132, 303:2088, 304:819,
305:537, 307:1121, entre otros; F.Y.,
"Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado, Anotado y Concordado", T° I,
p. 825; F.A., "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado y Anotado", T° 1, p. 620).
En sentido análogo, tampoco es obligación del juzgador ponderar todas las pruebas agregadas, sino únicamente las que estime apropiadas para resolver el conflicto (art. 386, in fine, del CPCC; CSJN, "Fallos":
274:113; 280:3201; 144:611).
Por otro lado, estimo pertinente recordar que el obrar jurisdiccional del Fecha de firma: 30/12/2019
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tribunal opera con sujeción al principio de congruencia, existiendo una serie de campos de actividad de los que no puede exceder el tribunal ad quem, limitación que –entre otros aspectos– resulta ser absoluta en tanto no puede conocer sino en la medida de los agravios planteados; ni respecto de las cuestiones que no fueron puestas a consideración del a quo;
hallándose asimismo vedada la reforma de la resolución apelada en perjuicio del recurrente,
salvo que medie recurso de la contraparte.
Sentado ello, no cabe considerar por la Alzada cuestiones consentidas, entendiéndose por tales las que no fueron apeladas o que, apeladas dentro de un contexto mayor de impugnación, no fueron referidas en la expresión de agravios (R., A.A., Tratado de los recursos ordinarios, T° 2, p. 841/854, Abaco, 1991).
En efecto, el Tribunal de Alzada no realiza un nuevo juicio, sino que se encuentra más limitado que el de primera instancia, por cuanto de conformidad con lo dispuesto por los arts. 271 y 277 del Código Procesal debe limitarse a decidir sobre aquellas cuestiones de hecho y derecho que hubieran sido sometidas a la decisión del magistrado interviniente,
debido a que la segunda instancia es sólo un medio de revisión del pronunciamiento emitido en la primera y no una renovación plena del debate. Así, el principio de congruencia, que limitó la sentencia de primera instancia,
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limitará del mismo modo la de la segunda (CNCiv., S. “F”, LL 35-858-S).
Por último, cabe señalar que conforme surge de las constancias de marras las sumas reclamadas en el escrito de demanda fueron sujetas a “lo que en más o en menos resulte de las probanzas a rendir”, fórmula ésta que autoriza al juez a elevarlas sin incurrir en ultra petita ni vulnerar el principio de congruencia.
Sentado ello, me avocaré al estudio del particular a efectos de verificar si se encuentran acreditados los supuestos sobre los cuales los recurrentes fundan sus agravios.
III.- RUBROS INDEMNIZATORIOS:
III.1.- INCAPACIDAD SOBREVINIENTE
FÍSICA Y PSICOLÓGICA:
Conforme se desprende del fallo apelado la sentenciante reconoció en concepto de incapacidad psicofísica la suma de $80.000
en favor del coactor J.L.V. y en concepto de daño psicológico la suma de $60.000
para el menor U.A.S.; asignando asimismo a cada uno de los referidos coaccionantes la suma de $20.000 para responder al tratamiento psicoterapéutico futuro.
Se agravian en el rubro tanto la parte actora y la Sra. Defensora de Menores, así como también el demandado y la citada en garantía.
Ante todo y frente al agravio vertido por la parte actora en relación al tratamiento conjunto de las partidas reclamadas en concepto Fecha de firma: 30/12/2019
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de daño físico y psicológico, considero preciso señalar que participo de la corriente que considera que la incapacidad sobreviniente comprende –salvo el daño moral y el lucro cesante- todos los supuestos susceptibles de reparación patrimonial, incluso los daños a la salud, a la integridad física y psíquica de la víctima, como así también a su aspecto estético, es decir, la reparación deberá
abarcar no sólo el aspecto laboral, sino también todas las consecuencias que afecten su personalidad íntegramente considerada (conf.
C., S. “M”, 13/9/10, LLO
AR/JUR/61637/2010).
En efecto, el concepto de incapacidad sobreviniente comprende toda disminución física o psíquica que afecte tanto la capacidad productiva del individuo como aquella que se traduce en un menoscabo en cualquier tipo de actividad que desarrollaba con la debida amplitud y libertad (conf. C., sala “E”,
del 17 de agosto de 2010, La Ley on line AR/JUR/61589/2010).
Ello así, considero adecuado el tratamiento de manera conjunta de la incapacidad física y psíquica padecida, lo que sella la suerte adversa del agravio respecto al tratamiento en forma diferencial que pretende la recurrente, máxime cuando lo que en definitiva importa es la reparación integral de la víctima y no el rótulo bajo el cual se otorgue la indemnización.
Fecha de firma: 30/12/2019
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Ahora bien, tratándose de una incapacidad por lesiones, para fijar su cuantía es menester considerar la naturaleza de las lesiones sufridas, cómo éstas habrán de influir negativamente en las posibilidades de vida futura del damnificado, la específica disminución de sus aptitudes laborales, la edad, su estado civil y demás condiciones personales (conf. C., sala “G”, del 17 de agosto de 2010, La Ley on line AR/JUR/43153/2011).
Por ello, la indemnización en el caso no consiste en la determinación de rígidos porcentuales extraídos sobre la base de cálculos actuariales, sino que es menester ponderar la frustración de la capacidad laboral y el detrimento padecido por la víctima en el ámbito de su actividad social a fin de arribar a una suma equitativa, haciendo uso al prudente arbitrio judicial.
La indemnización por incapacidad sobreviniente tiene por finalidad cubrir no sólo las limitaciones de orden laborativo, sino también la proyección que aquella tiene con relación a todas las esferas de su...
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