Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO - SALA III, 11 de Octubre de 2022, expediente CNT 034802/2014/CA001

Fecha de Resolución11 de Octubre de 2022
EmisorCÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO - SALA III

Poder Judicial de la Nación SENTENCIA DEFINITIVA. EXPEDIENTE Nº: CNT 34802/2014/CA1,

VEGA HUMBERTO MARTIN C/ SWISS MEDICAL ART S.A. S/ ACCIDENTE-

LEY ESPECIAL

JUZGADO Nº 9.

En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los _________reunidos en la Sala de Acuerdos los señores miembros integrantes de este Tribunal, a fin de considerar el recurso deducido contra la sentencia apelada,

se procede a oir las opiniones de los presentes en el orden de sorteo practicado al efecto, resultando así la siguiente exposición de fundamentos y votación:

La Dra. D.R.C. dijo:

Contra la sentencia de fs. 195/199, se alza la parte demandada a fs.

200/203vta., con oportuna réplica del actor a fs. 206/210vta.

A fin de mejor resolver, realizaré una breve síntesis de lo actuado.

A fs. 7/24, presentó su demanda el actor, quien refirió haber sufrido USO OFICIAL

un accidente de trabajo el día 30 de mayo de 2011, cuando se encontraba realizando sus tareas de control en la fábrica donde laboraba. Súbitamente,

afirmó, un cuerpo extraño ingresó en uno de sus ojos, proveniente de una chispa generada por una moladora, generándole una grave lesión.

Para ser atendido debió ser trasladado más de cien kilómetros,

hallándose al momento del siniestro en la localidad de Milagro, provincia de La Rioja. Le refirieron que había padecido un traumatismo de córnea, y que debido a éste, se le había generado un leucoma corneal central. Fue sometido a diversos tratamientos, pero a mediados de 2013 se comprobó que la lesión era irreversible.

Resaltó que nunca recibió cese de tratamiento ni alta médica, por lo que tuvo que intimar a la demandada. Precisó entonces las dolencias sufridas.

M. también que a fs. 195/199, obra la sentencia de la juez de anterior grado. Tras observar la pericia médica, resolvió disminuir el porcentaje de incapacidad psicológica, ascendiendo el guarismo total a 17,34%. El cálculo indemnizatorio procedió sin RIPTE, y ascendió a $ 73.150, el cual portó intereses desde la fecha del siniestro, conforme Actas de esta Cámara.

Entonces, a fs. 200/203vta., presenta su apelación la parte demandada. Se queja, en primera medida, en relación con la excepción de prescripción que asevera haber planteado oportunamente. Destaca que el actor inició la acción el 7 de julio de 2014, y que el accidente tuvo lugar el día 30 de mayo de 2011. Sostiene que, en el mejor de los casos, podría tomarse como fecha el día del alta médica, ocurrida el 16 de junio de 2011, pero que de todos modos,

la acción se encuentra prescripta.

A su vez, y en su contestación a los agravios, el actor refiere que nunca fue notificado de la referida fecha de alta médica, y que la demandada no la ha probado. A su vez, sostiene que la prescripción debe comenzar a contarse desde el momento en que tomó conocimiento del derecho afectado, circunstancia Fecha de firma: 11/10/2022

Alta en sistema: 13/10/2022

Firmado por: C.G.A., SECRETARIO DE CAMARA

Firmado por: A.H.P., JUEZ DE CAMARA

Firmado por: D.R.C., JUEZ DE CAMARA

que la demandada nunca informó. Destaca que la excepción de prescripción tiene carácter restrictivo.

Al cabo de la precedente síntesis, cabe analizar los agravios presentados.

En cuanto a estas cuestiones, observo que el siniestro tuvo lugar el día 30 de mayo de 2011. Sin embargo, y tal como asevera el trabajador, no encuentro en la causa evidencia alguna de la supuesta comunicación que realizara la demandada en torno a la fecha del alta médica.

A su vez, consta a fs. 7 copia del cierre del procedimiento de conciliación laboral. Allí, luce que éste fue iniciado con fecha 17 de abril de 2013, y que finalizó el 4 de junio de ese año.

Entonces, y con prescindencia de las salvedades que puntualizaré a continuación, incluso sin tomar en cuenta que no había recibido un diagnóstico final por sus dolencias, y que el trabajador no conocía la implicancia del evento acontecido (al no tener la medida del daño ocasionado por éste), desde la fecha del siniestro hasta la fecha del inicio de la conciliación laboral no habían transcurrido dos años.

Es más, desde el final de ésta (el día 4 de junio de 2013) y hasta la fecha de presentación de la demanda (el 27 de junio de 2014) tampoco había sucedido ello. Especialmente, ya que, como puntualizaré en lo que sigue, el trámite en el SECLO es interruptivo de la prescripción en materia laboral, y no simplemente suspensivo.

Por ello, entonces, y sin siquiera tener en cuenta las relevantes aseveraciones en torno a la falta de conocimiento específico de la entidad de las dolencias, considero que, al momento de presentación de la demanda, el reclamo no se hallaba prescripto. Agrego demás consideraciones al respecto.

He de destacar, entonces, el criterio que he sostenido al respecto. La llamada “prescripción liberatoria”, que es la que da sustento al conflicto sometido a examen, tiene lugar según el viejo art. 4.017 del C.C. que disponía que “por el solo silencio o inacción del acreedor, por el tiempo designado por la ley” y su consecuencia es que el deudor queda libre de toda obligación. Por su parte, el art.

2554 del C.C.y.C.N. establece la regla general de que “el transcurso del plazo de prescripción comienza el día en que la prestación es exigible” (sobre la aplicación en forma inmediata del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, será un tema sobre el que volveré).

Luego, la formalización del reclamo ante el Servicio de Conciliación Obligatoria constituye una actividad de la acreedora que revela su interés en ejercer el derecho que le asiste. Esta instancia administrativa ha sido impuesta por una ley de forma, que debe respetar lo dispuesto por las normas de fondo (considerando el concepto amplio de demanda receptado por el art. 257 de la LCT).

Fecha de firma: 11/10/2022

Alta en sistema: 13/10/2022

Firmado por: C.G.A., SECRETARIO DE CAMARA

Firmado por: A.H.P., JUEZ DE CAMARA

Firmado por: D.R.C., JUEZ DE CAMARA

Poder Judicial de la Nación A ello, se suma el carácter restrictivo de la prescripción, que implica que ante la duda debe optarse por la subsistencia plena del derecho, y por el plazo de prescripción más dilatado (conforme lo dispuesto por el art. 4017 Código Civil, y la interpretación que prescribe el art. 9 LCT.

En consecuencia, frente a lo dispuesto por ambos textos, propongo optar por la norma más favorable en tanto ello se adecua al carácter estricto de la prescripción, y establecer en consecuencia en el caso concreto, que la presentación del reclamo ante el Servicio de Conciliación, en tanto reclamación ante la autoridad administrativa, habría producido la interrupción del curso de la prescripción (conf. art. 257 LCT).

En sentido coincidente, tiene dicho la jurisprudencia, que “el curso de la prescripción que está pendiente desde el nacimiento de la acción respectiva,

puede verse alterado por dos fenómenos diversos entre sí: la suspensión y la interrupción de la prescripción” (CNAT, Sala VI, sentencia Nº 61.516 del 26/8/2009

en autos “Sallent, A. c/ Banco Itaú Buen Ayre S.A. s/ despido”).

Enseña L., que la suspensión consiste en la detención del tiempo útil para prescribir por causas concomitantes o sobrevinientes al nacimiento de la acción en curso de prescripción. Mientras actúa la causa que opera la suspensión,

el lapso que transcurre es inútil para prescribir, pero en cuanto dicha causa cesa de obrar, el curso de la prescripción se reanuda, sumándose al periodo transcurrido con anterioridad a la suspensión (conf. art. 3983 Código Civil)

.

Por el contrario, la interrupción inutiliza el lapso transcurrido hasta ese momento. Consiguientemente, acaecido un hecho interruptivo de la prescripción,

se requerirá el transcurso de un nuevo periodo completo sin poderse acumular el periodo anterior (conf. art. 3998 Código Civil)

.

Es decir que la suspensión tiene como fundamento que el acreedor no puede desplegar la actividad necesaria para mantener vivo su derecho, y que el impedimento que padece ha sido considerado justificado por el legislador.

Mientras que la interrupción es consecuencia directa de la actividad de las partes,

cuya conducta pone de relieve la subsistencia del vínculo que las une

.

Por ello, se advierte una diferencia entre las situaciones suspensivas producto de una inactividad justificada del acreedor, y los actos interruptivos, que son consecuencia directa de la actividad desplegada por las partes

.

También se sostuvo, en un caso análogo al presente, que “la redacción del art. 3986, modificado por Ley 17.711, no deja lugar a dudas respecto del efecto interruptivo que cabe otorgar a la demanda judicial. Pero la doctrina y la jurisprudencia se han preguntado qué debe entenderse por “demanda” a los fines interruptivos de la prescripción”.

En ese sentido, “B. analiza el efecto adjudicado por la jurisprudencia a las ‘gestiones administrativas’ y destaca la existencia de tres tendencias: quienes niegan terminantemente a dichas gestiones el efecto interruptivo; quienes admiten Fecha de firma: 11/10/2022

Alta en sistema: 13/10/2022

Firmado por: C.G.A., SECRETARIO DE CAMARA

Firmado por: A.H.P., JUEZ DE CAMARA

Firmado por: D.R.C., JUEZ DE CAMARA

el efecto interruptivo de la prescripción solamente cuando dichas gestiones tienen el carácter de instancia previa y necesaria para interponer la demanda; y quienes admiten lisa y llanamente el efecto interruptivo de las gestiones administrativas,

sean o no instancia previa ineludible (Tratado de Derecho Civil, Obligaciones T. II,

Sexta Edición, E.P., pag. 40/41)”.

Entre estos últimos, menciona B., la doctrina establecida por el Fallo Plenario N° 52 de esta Cámara de Apelaciones del Trabajo, que por el voto unánime de sus miembros dispuso que ‘La reclamación administrativa interrumpe la prescripción de las acciones judiciales por cobro de salarios’

.

El entonces Procurador General Dr. S.G. al dictaminar en dicho plenario, destacó...

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