Vandenbroele cobró en tiempo récord

 
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No debió esperar durante meses como otros consultores financieros. Su trámite de pago no debió pasar por múltiples despachos de varios organismos provinciales. No cobró títulos públicos o, siquiera, con un cheque. Y ni siquiera debió esperar que la provincia a la que asesoraba cerrara la reestructuración para la cual en teoría se lo convocó. El presunto testaferro de Amado Boudou, Alejandro Vandenbroele, cobró mucho antes mediante una transferencia bancaria.Vandenbroele cobró los $ 7,6 millones de "comisión" del gobierno de Formosa el 21 de mayo de 2010 en una cuenta de The Old Fund en el Banco Macro, apenas 80 horas después que el Palacio de Hacienda diera su último paso relevante y emitiera un proyecto de resolución, según surge de la hoja de ruta del expediente administrativo en el que se tramitó el canje de la deuda formoseña que obtuvo LA NACION.El cobro resultó tan veloz que Vandenbroele embolsó el dinero por adelantado. Siete meses antes de que se concretara el canje con la publicación en el Boletín Oficial de la resolución conjunta de la Secretaría de Hacienda (126/2010) y de Finanzas (41/2010), que lideraba el actual ministro Hernán Lorenzino.El hallazgo de esa transferencia por $ 7,6 millones, que los investigadores de los tribunales federales de Comodoro Py derivaron en una denuncia penal presentada por el senador radical Luis Naidenoff. Pero quedó radicada en Formosa, donde el juez federal Eduardo Valiente la derivó por competencia a la justicia provincial, sospechada desde hace años de connivencia con el gobernador Gildo Insfrán.La operación se concretó cinco meses antes de que el ex banquero Raúl Moneta se hiciera cargo de The Old Fund, en octubre de 2010, según declaró Vandenbroele ante la Justicia. ¿Quién obtuvo entonces el negocio? ¿El otro supuesto dueño de esa firma, el yerno de Nicolás Ciccone, Guillermo Reinwick, quien gestiona cafeterías en distintos shoppings de la ciudad de Buenos Aires?Toda la negociación formal entre el equipo de Boudou y del gobernador Gildo Insfrán quedó plasmada en el expediente S01:0150031/2010 del Ministerio, al que LA NACION pidió acceder el 13 de septiembre pasado, a través del decreto 1172/2003 de acceso a la información pública.Ese decreto dispone que la autoridad requerida debe dar acceso o por lo menos responder de manera negativa en el plazo de diez días, prorrogables por otros diez. Pero transcurridos dos meses desde el requerimiento, al que se sumó un pedido de pronto despacho, el Ministerio rechazó...

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