Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo , 24 de Agosto de 2011 (caso Valverdi Pedro Alberto C/ Esso S.a.P.a. S/ Despido)

Fecha de Resolución:24 de Agosto de 2011
 
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SENTENCIA N. 92688 . CAUSA N. 1.043/01. “VALVERDI PEDROALBERTO C/ ESSO S.A.P.A. S/ DESPIDO”. JUZGADO N. 4.En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a 24.8.11 , reunidos en la Sala de Acuerdos los señores miembros integrantes de este Tribunal, a fin de considerar el recurso deducido contra la sentencia apelada, se procede a oir las opiniones de los presentes en el orden de sorteo practicado al efecto, resultando así la siguiente exposición de fundamentos y votación:La Dra. Diana Cañal dijo:La Corte Suprema de Justicia de la Nación, revocó el fallo de la Sala IX de esta Cámara, por lo que corresponde a este Tribunal dictar un nuevo pronunciamiento.La parte actora, a fs. 929/937vta., apeló el fallo de la instancia anterior, obrante a fs.922/926, porque el Sr. Juez rechazó la demanda por despido.Al respecto, la Sala IX de esta Cámara, a fs. 952/956, confirmó la decisión de primera instancia porque entendió que al vínculo laboral existente entre el actor y la demandada, por aplicación de lo dispuesto en el decreto Nº1772/91, en buques de bandera extranjera, no correspondía aplicarle el derecho argentino, sino la ley del pabellón del buque, esto es: la Ley Marítima Liberiana.Tengo presente que el recurso extraordinario presentado por el accionante, a fs. 959/967, fue rechazado en dicha Sala, porque entendió que no reunía las condiciones previstas en los arts. 14 y 15 de la ley 48 (fs.977/978).Por lo cual, ante el recurso de queja interpuesto por la parte actora, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a fs. 1041/1050, concluyó que era arbitraria la sentencia dictada por dicha Sala.En consecuencia, corresponde expedirse sobre las cuestiones centrales, relativas al derecho aplicable al caso y al motivo de la ruptura de contrato de trabajo del actor.El art. 610 de la ley 20.094(Ley de la Navegación) establece que los contratos de ajuste se rigen por la ley de la nacionalidad del buque, es decir, de la bandera del mismo. A su vez, el art. 9 del decreto 1772/91,dispone que deberán celebrarse contratos de ajuste de acuerdo con la ley del pabellón transitorio del buque, que en este caso, era la ley de Liberia. Estas normas fueron invocadas por la demandada en el responde (fs. 526/535 vta.)Sin embargo, la aplicación de dicha normativa vulneraría el derecho del trabajador, que estáamparado por el principio protectorio, que surge del art. 14 bis de la Constitución Nacional, el que se ve plasmado en la legislación nacional en la Ley de Contrato de Trabajo.Si bien, siempre ha sido mi postura en el tema de las banderas de conveniencia que el decreto de 1772/91 era inconstitucional, al violar el esquema normativo vigente en el país, tanto por el contenido cuanto por la forma (este último aspecto, por haberse atribuido el PEN facultades legislativas de las que carecía), cabe resaltar que hoy en día este criterio también surge de la corriente jurisprudencial general de esta Cámara.En las presentes actuaciones,la CSJN entendió que la sentencia de fs. 952/956 era arbitraria,por lo que corresponde dictar un nuevo pronunciamiento, lo que no implica automática adhesión a sus criterios, dado que sus fallos no son vinculantes.CAUSA N. 1.043/01En tal sentido, y atento que en el caso se plantea no sólo la inconstitucionalidad del decreto 1772/91, sino también de la prórroga, tengo en cuenta que en los mismos considerandos del decreto 2733/93, se determina que al momento en que entra en vigencia, ya no existían las dificultades en las que se había fundado la necesidad de dictar el decreto 1772/91, y que su prórroga obedeció solo a la necesidad de poder elevar el proyecto de ley al Congreso Nacional. A su vez la mera invocación de la "crisis en la marina mercante nacional", no basta para demostrar que ha sido imposible seguir con los trámites ordinarios previstos por la Constitución Nacional para la sanción de leyes laborales. En definitiva corresponde concluir que es inoponible al actor la legislación laboral liberiana y por ello,deviene adecuado a derecho resolver el caso en base a las normas laborales vigentes en el territorio nacional (art. 3 LCT, conf.sentencia del 6 de mayo de 2004, en autos "Salduende, Héctor c/Shell CAPSA s/ despido", del registro de la Sala VII de esta Cámara).Encuentro de tal suerte que no existe motivo alguno justificativo para que el régimen que regule la relación del demandante, sea el liberiano, resultando asimismo inaceptable el argumento de la demandada, de que el actor libremente lo escogió.Ello, en razón de que de ninguna libertad disponía el mismo para escoger el régimen normativo nacional, puesto que de otra forma no sería contratado,ya que la modalidad era...

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