El valor y los límites de la prisión preventiva

Mucho se ha discutido en las últimas semanas acerca de la prisión preventiva a partir de hechos que son de público conocimiento, como las detenciones de numerosos ex funcionarios del gobierno anterior, acusados de graves escándalos de corrupción; el pedido de desafuero y prisión preventiva a la expresidenta y actual senadora Cristina Kirchner, y algunas excarcelaciones, como la del exvicepresidente Amado Boudou. Pero el mayor problema no pasa por esta medida de tipo cautelar y excepcional, prevista en la legislación penal de la gran mayoría de los países democráticos, sino por los prolongados juicios que, lamentablemente, caracterizan a nuestro país.

Como consecuencia del conflicto político derivado del caso de la expresidenta, el gobierno nacional ha adelantado que impulsará un proyecto de ley que limita la facultad de los jueces para dictar prisión preventiva con pautas objetivas destinadas a determinar la obstrucción de justicia o el peligro de fuga.

Es necesario tener en cuenta, además, el alto número de personas que se mantienen prófugas en nuestro país: 51.262 hasta el mes último.

La prisión preventiva o provisional es una decisión excepcional porque restringe la libertad de una persona a quien se le imputa la comisión de un delito antes de que se dicte sentencia de condena en su contra, por lo que esa privación importa una afectación del principio de inocencia.

Todas las legislaciones determinan el marco dentro del cual un juez puede dictarla. En la Argentina, en el orden federal y de la ciudad de Buenos Aires, está regulada en el Código Procesal Penal, según el cual podrá denegarse la exención de prisión o excarcelación, respetándose el principio de inocencia, cuando la objetiva y provisional valoración de las características del hecho, la posibilidad de la declaración de reincidencia, las condiciones personales del imputado o si este hubiere gozado de excarcelaciones anteriores hicieren presumir, fundadamente, que intentará eludir la acción de la Justicia o entorpecer las investigaciones.

El reciente dictado de varias prisiones preventivas contra procesados que habían sido previamente indagados dio lugar a muchas críticas sustentadas principalmente en la laxitud de los conceptos que llevaron a tomar estas medidas. Se citaba como justificación de esas privaciones de la libertad la posibilidad de que el detenido pudiese eludir la acción de la Justicia o entorpecer las investigaciones. Es claro que los jueces deben evaluar los casos...