El valor de los fallos que reparan viejas injusticias

 
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El 20 de diciembre de 2007, en momentos en que la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner criticaba a la comunidad militar y aseguraba falsamente que los militares habían tomado las armas contra el pueblo, una valiente y firme voz femenina resonó en el recinto: "¿Y Larrabure?".Ese grito, nacido de las entrañas, no solo recordaba el sangriento accionar del terrorismo guerrillero que en 1974 secuestró al coronel Argentino del Valle Larrabure de la fábrica militar de Villa María (Córdoba), en pleno gobierno constitucional, para torturarlo y finalmente asesinarlo luego de 372 días de cautiverio. Su cadáver fue encontrado el 19 de agosto de 1975 en una zanja. Pesaba apenas 40 kilos. Denunciaba también el manto de impunidad que ha protegido a aquellos violentos merced a una Justicia tuerta y complaciente que no condena como debiera este y otros secuestros, torturas y asesinatos no solo de militares y fuerzas de seguridad, sino de una enorme cantidad de civiles de todas las condiciones.Este gesto de coraje de Mónica Liberatori inició el calvario de la familia que había formado con el capitán de fragata Marcelo Toulemonde, quien fue sancionado por incurrir en la "falta" de no controlar debidamente a su esposa. Esto sumado a otros actos administrativos que concluyeron con su pase a retiro, como consecuencia de una tan arbitraria como absurda actuación de la Junta de Calificaciones que evalúa los ascensos.Toulemonde solicitó judicialmente la nulidad de las resoluciones que dispusieron su pase a retiro obligatorio, reclamó el daño material y moral sufrido y la revisión de la evaluación de la Junta de Calificaciones, a fin de determinar su reincorporación y su ascenso retroactivo.Al hacer lugar parcialmente a la demanda, la jueza en lo contencioso administrativo federal Cecilia Gilardi de Negre señaló con acierto que si bien los jueces no pueden suplantar la valoración que las juntas de calificaciones efectúen en cada caso, sí le compete al Poder Judicial examinar su razonabilidad. El principio general ante estos supuestos es que todo acto del Estado debe tener justificación y que los dictados en ejercicio de facultades discrecionales exigen adecuada motivación.Por tal motivo, declaró la nulidad de la resolución del titular de la Armada en 2012, por considerar que estaba fundada en un antecedente falso y porque dejaba ilegítimamente sin efecto un acto anterior firme que favorecía a Toulemonde. Cuestionó, asimismo que la Junta de...

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