Valioso aporte a la lucha contra la corrupción

 
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Una amplia mayoría de diputados votó por convertir en ley el régimen que sanciona a las empresas que incurran en delitos contra la administración pública. Hasta el momento, las penas por ellos sólo se aplicaban a las personas físicas que los cometían. Estas irán ahora desde multas hasta la suspensión parcial o total de actividades para las personas jurídicas privadas, tanto de capital nacional como extranjero, con o sin participación estatal. La responsabilidad por la comisión del delito recaerá sobre la empresa y sobre el empleado que lo haya perpetrado. De ahora en más, la lucha contra la corrupción cuenta con una importante herramienta cuyo empleo introduce un profundo cambio en el Código Penal, al tiempo que salda una antigua deuda contraída desde que nuestro país comenzó a firmar las convenciones internacionales contra el cohecho, hace ya 16 años.

No llama la atención que la votación del proyecto, promovido por el Gobierno y luego modificado en el Congreso, arrojara 144 votos afirmativos y seis negativos de la izquierda, y que casi todas las abstenciones correspondieran a legisladores del kirchnerismo. Y es que pocas veces como durante el kirchnerismo el esquema de corrupción generalizada asignó un rol indiscutible a ciertas empresas privadas.

El pago de coimas y sobreprecios jamás se habría concretado sin la activa complicidad de empresas privadas que adherían a estas operatorias con el fin de asegurarse "ganar" concesiones y licitaciones pagando por el favor a los funcionarios de turno y aumentando desvergonzadamente el precio de las obras o los cánones a fin de resarcirse de la erogación. A su vez, para que el Estado aprobara esos nuevos sobrecostos debían "devolver" parte de esos montos a los funcionarios involucrados.

Este aceitado y perverso mecanismo quedó claramente expuesto en el caso de la ampliación de los gasoductos, conocido como el caso Skanska, en el que finalmente resultó imputado, entre otros funcionarios, el ex ministro de Planificación Julio De Vido, cuyo ministerio se perfila como uno de los más corruptos, gracias también a la complicidad de empresas privadas.

En relación con la ley, el balance es positivo. Como expresamos en estas columnas, la norma debía tener la virtud de modificar los incentivos para que, por convicción o por temor, las empresas hagan de la probidad una prioridad corporativa, formando a sus empleados con programas de integridad y abriéndose a colaborar con las autoridades. Afortunadamente, se...

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