Valiente denuncia ante una flagrante injusticia

Días atrás se conocieron las expresiones de monseñor Santiago Olivera, desde hace dos años obispo castrense de nuestro país, en el contexto de un curso de formación de capellanes militares, en el Vaticano. Expuso allí sobre detenciones y derechos humanos, en el aniversario de la Convención de Ginebra de 1949, que consagró principios por considerar ante la detención de personas. A título individual, este prelado abordó con valentía uno de los temas no resueltos en nuestro país, particularmente delicado para la sensibilidad de los argentinos.Olivera parte de la acertada de que sin verdad y sin justicia no hay pacificación posible ni estable, y que las aberraciones que algunos pudieron haber cometido no justifican la vergonzosa situación que atraviesan los detenidos sin condena e incluso sin proceso. Invocar precisamente los derechos humanos para violarlos es un profundo contrasentido.No han sido muchas las veces que la Iglesia o la política han levantado su voz para abogar por una situación inicua. La doctrina de los delitos de lesa humanidad ha servido de excusa para violar la dignidad de numerosos detenidos por la represión de la guerrilla. No hay delitos que puedan ser aplicables a todo un colectivo como el de las Fuerzas Armadas o de seguridad argentinas. Hay delincuentes individuales que deben ser juzgados y, en caso de ser encontrados culpables, ser sancionados.No se trata de justificar los inaceptables excesos ni de pretender que no se apliquen condenas a quienes probadamente las merezcan. Pero no hemos de soslayar que tan individual es el efecto de la pena que, por ejemplo, hubo casos de personas de avanzada edad detenidas con prisión preventiva por casi una década, hasta que finalmente fueron juzgadas y absueltas unánimemente, que pusieron en evidencia que no eran ni culpables ni, por lo tanto, genocidas.En esta compleja realidad está claro que no es posible reemplazar la justicia por la venganza. El obispo Olivera, que en cumplimiento de su misión pastoral ha recorrido los centros de detención y ha conversado con los presos y sus familiares, denuncia cifras escalofriantes, impropias para un país civilizado en el que se supone que rige el Estado de Derecho. Así, constata fehacientemente 533 fallecidos en prisión; presos con prisión preventiva por entre 3 y 6 años, 149 casos; entre 6 y 10 años, 290 casos, y con más de 10 años, 93 casos. Ante dramáticos testimonios que recogió durante años de tan injusta como dolorosa situación, que...