Valerga Aráoz: 'La Procuración persiguió a Blaquier sin ninguna prueba'

"A partir de un dato insignificante, el supuesto uso de unas camionetas del Ingenio Ledesma por la Gendarmería, y de conjeturas sin prueba alguna, la Procuración General pretendió construir una enorme acusación por delitos de lesa humanidad contra Carlos Pedro Blaquier. Hacer justicia a esos crímenes es un objetivo muy valioso y no merece que se lo bastardee", dice el abogado Jorge Valerga Aráoz.

Valerga Aráoz fue uno de los jueces de la Cámara Federal que, en 1985, condenó a las Juntas Militares. Ahora es abogado defensor de Blaquier, ex presidente del Ingenio Ledesma.

La causa contra el empresario había comenzado en 2011. Al año siguiente, el mismo día en que un juez lo iba a indagar, la Procuración nombró un fiscal ad hoc, sin los requisitos que establece la Constitución.

"Ahora, la Sala IV de la Cámara de Casación, por unanimidad, le puso un fuerte límite, porque resolvió que en el expediente no hay ni pruebas ni indicios de esa grave acusación y revocó los procesamientos y los embargos de sus bienes", afirma Valerga Aráoz.

-¿Cuál fue la acusación?

- Se acusó a Blaquier y a Lemos de que en la noche del golpe de Estado, en marzo de 1976, y entre el 20 y el 21 de julio de ese año, fuerzas de seguridad habrían usado camionetas de Ledesma para el traslado de personas secuestradas en Libertador General San Martín y Calilegua. Pero toda la prueba reunida demostró que Blaquier y Lemos no participaron de los hechos.

-¿Por qué las fuerzas de seguridad usaban esas camionetas?

-Las fuerzas de seguridad no usaban ni usaron nunca camionetas del ingenio. En 1966, diez años antes del golpe de Estado, el presidente Arturo Illia había ordenado, por un decreto aún vigente, que Ledesma, ubicada en una zona de frontera de Jujuy con Bolivia, le diera asistencia a la Gendarmería para reforzar la seguridad. Eso incluyó en ese momento la entrega de una camioneta y un automóvil, combustible y reparaciones de taller. Y en 1975 la empresa donó tres hospitales al Estado Nacional, con otras 13 camionetas que llevaban el logo de la empresa. Esa donación fue aceptada en junio de 1975 por decreto de Isabel Martínez de Perón. Si en 1976 se usó alguna de esas camionetas para trasladar a las personas detenidas Blaquier y Lemos no tuvieron nada que ver.

-¿Ése fue el eje de la acusación?

-Sí. Sobre esa base, la Procuración pretendió endilgarles complicidad en los secuestros basada en que se habrían usado esas camionetas para trasladar a los detenidos. Pero ellos fueron...