Sentencia de Cámara Federal de Casación Penal, 15 de Marzo de 2012, expediente 14.267

Fecha de Resolución:15 de Marzo de 2012
 
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CAUSA Nro. 14267 - SALA IV

VALENZUELA, Á.A. s/recurso de casación

Cámara Federal de Casación Penal REGISTRO NRO. 297/12

la ciudad de Buenos Aires, a los 15 días del mes de marzo del año dos mil doce, se reúne la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal integrada por el doctor M.H.B. como P. y los doctores J.C.G. y G.M.H. como Vocales,

asistidos por el Secretario actuante, a los efectos de resolver el recurso de casación interpuesto a fs. 42/72 de la presente causa N.. 14.267 del registro de esta Sala, caratulada: “VALENZUELA, Á.A. s/recurso de casación"; de la que RESULTA:

  1. Que el Tribunal Oral en lo Penal Económico Nro. 3, en la causa N.. 1060 de su registro, con fecha 2 de mayo de 2011, resolvió hacer lugar a la suspensión del juicio a prueba solicitada en favor de Á.A.V. por el término de un (1) año (punto dispositivo I de la resolución obrante a fs. 29/38).

  2. Que contra dicha resolución interpuso recurso de casación M.L.R.O., abogada por la querella, en representación de la AFIP-DGI, con el patrocinio letrado de la doctora M.L.V. (fs. 42/72), el que fue concedido a fs. 73/74.

  3. Que en lo sustancial, la impugnante encauzó el remedio casatorio en la vía de lo previsto por el inciso 1) del art. 456 del C.P.P.N. y,

    en esta inteligencia, alegó que el tribunal Aa quo@ incurrió en una errónea interpretación de los arts. 4 y 76 bis -párrafos quinto y último- del C.P.; arts.

    876 y 1026 inc. b) del Código Aduanero; art. 10 de la ley 24.316 y ley 24.769.

    En primer término, sostuvo que la resolución atacada se contrapone con lo normado en el último párrafo del precepto legal de cita 1

    que veda la procedencia de la suspensión del juicio a prueba para aquellos delitos conminados con pena de inhabilitación. Ello es así, no obstante exponer que el voto mayoritario se limitó a justificar la imposición de la auto-inhabilitación dentro de las reglas de conducta establecidas en el C.P.,

    sin brindar los fundamentos que avalan dicha decisión.

    En este sentido, cuestionó la concesión dispuesta a partir del consentimiento del imputado para auto-inhabilitarse y recordó que la doctrina plenaria sentada por esta Alzada in re AKosuta@ no efectuó

    excepción alguna al principio general establecido sobre la materia (improcedencia del instituto cuando el delito endilgado prevea pena de inhabilitación en forma principal, conjunta o alternativa), de modo que el criterio asumido en la decisión recurrida constituye una creación del sentenciante que se aparta del texto legal, al tiempo que evidencia el ejercicio de una función propia de otro poder del estado.

    Al respecto, puso de relieve que la decisión del Legislador de marginar los delitos con pena de inhabilitación respondió al diseño de la política criminal que le compete y que resulta ajena al Poder Judicial.

    Por otra parte, indicó que si bien el precedente A.@ de la C.S.J.N. refirió a un supuesto en que el delito reprochado preveía pena de inhabilitación, la remisión al fallo AAcosta@ allí efectuada sólo refiere al análisis sobre la pena de prisión, mas no respecto de la inhabilitación.

    En base a ello, sostuvo que el caso A.@ no modificó la doctrina fijada in re AGregorchuk@ (Fallos: 325:3229) que ratificó la interpretación consagrada en el Plenario de cita, la que mantiene su vigencia en la actualidad.

    Por tales razones, entendió que resultaría arbitrario extender al presente los alcances de los casos AAcosta@ y ANorverto@, ya que el Alto Tribunal no se pronunció allí sobre la concesión de la suspensión del juicio 2

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    Cámara Federal de Casación Penal a prueba cuando el delito se encuentra conminado con pena de inhabilitación.

    En segundo lugar, se agravió del análisis efectuado en torno al pago de la multa prevista en el art. 876, apartado 11, inc. c) del C.A. basado en la falta de jurisdicción del tribunal para disponer su aplicación,

    prescindiéndose así de dar cumplimiento con un requisito de procedibilidad (art. 76 bis, quinto párrafo, del C.P.).

    Sobre el tópico, expresó que la multa supra aludida, de acuerdo al término Aademás de las penas privativas de libertad@ utilizado en el art.

    876 del C.A., constituye una pena a imponer como consecuencia de una única acción típica, motivo por el cual, respecto del delito de contrabando,

    corresponde aplicar pena de prisión más multa, lo que evidencia el carácter único de esta última sanción punitiva.

    En esta línea expositiva, evaluando la distinción de competencias establecida en el art. 1026 del C.A., indicó que si bien la jurisdicción de la Dirección General de Aduanas (D.G.A.) para la aplicación de las sanciones punitivas que le competen no puede activarse hasta tanto el Poder Judicial dicte una sentencia condenatoria, tal circunstancia no quita el carácter de pena a la multa prevista en el art. 876, apartado 11, inc. c) del mismo cuerpo normativo. De allí que, a su entender, el pago mínimo de aquella constituye un requisito de procedibilidad del instituto sometido a estudio.

    Tras citar profusa jurisprudencia de esta Cámara en abono de lo expuesto precedentemente, agregó que la circunstancia relativa a la competencia de la Aduana para la aplicación de la sanción en trato no impedía que el colegiado de grado remitiera los antecedentes del caso a dicho organismo para que diese cumplimiento al pago señalado.

    De igual modo, afirmó que la multa no tiene una finalidad recaudatoria, sino que conforma una sanción de naturaleza penal cuya oblación, al igual que en el caso de la inhabilitación, fue establecida por el Legislador como requisito de procedibilidad; por dicha razón, la decisión adoptada a contrario de lo establecido en el art. 76 bis, quinto párrafo, del digesto sustantivo, incurre nuevamente en una afectación de la esfera de acción del Poder Legislativo.

    Por otra parte, sostuvo que la interpretación del art. 76 bis del C.P. no puede afectar la competencia de la Aduana para la aplicación de sanciones atribuidas por el Código Aduanero, lo que sucedió en la especie.

    En este punto, tras recordar la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re ADe la Rosa Vallejos@ (Fallos:

    305:246) y destacar la reforma que operó en el sistema penal la introducción de la suspensión del juicio a prueba, postuló la existencia de una situación jurídica y de hecho distinta que lleva a que los fundamentos plasmados en el precedente de cita deban ser adaptados al nuevo marco normativo cuya consecuencia conlleva la suspensión de la acción penal, su eventual extinción ante el cumplimiento de las condiciones fijadas y,

    consecuentemente, el sobreseimiento del imputado.

    Respecto de esta tarea adaptativa, planteó que la interpretación que se adopte debe tener en cuenta que la solución expuesta no puede afectar la jurisdicción de la Aduana (art. 1026 C.A.), ya sea que se disponga el abono de la multa como condición para la procedencia de la suspensión del juicio a prueba en los delitos de contrabando, o bien, que se otorgue la misma dejando asentado que las facultades jurisdiccionales del órgano aduanero podrán ser aplicadas con los límites establecidos en el art. 76 bis del C.P., es decir, que aquel emita un acto administrativo fijando el monto mínimo de la multa y procure su cobro.

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    Cámara Federal de Casación Penal Por todo lo expuesto, afirmó que el pronunciamiento recurrido deviene arbitrario por inobservancia de la ley sustantiva (arts. 76 bis, quinto párrafo, del C.P. y 876, apartado 1, inc. Ac@ del C.A.), en virtud de lo cual,

    corresponde su casación conforme lo previsto en el art. 456, inc. 1) del C.P.P.N.

    Asimismo, en relación a la ley 23.771 y su régimen extintivo propio, sin perjuicio de señalar que sólo uno de los magistrados actuantes se expidió sobre el tópico en cuestión, criticó el análisis allí efectuado y, en dicho sentido, afirmó que la previsión establecida en el art. 4 del C.P. no implica que la ley penal tributaria deba expresar taxativamente la inaplicabilidad de la suspensión del juicio a prueba para los delitos previstos en ella, ya que basta con tener en cuenta su régimen extintivo propio para arribar a tal conclusión.

    Destacó que el art. 10 de la ley 24.316 establece la inalterabilidad de las regulaciones de las leyes 23.771 y 23.737 y asegura la prevalencia de la ley especial; inalterabilidad que, dijo, se ve receptada en el art. 14 de la ley 23.771 que establece el régimen extintivo supra aludido con fundamento en criterios valorativos y principios jurídicos que difieren de aquellos que sustentan la suspensión del juicio a prueba.

    En este orden de ideas, postuló que la improcedencia del instituto sometido a estudio para los delitos penal tributarios no sólo emerge del art. 10 de la ley 24.316, sino que se desprende del espíritu de la ley 24.769 y del bien jurídico que tutela, el que habiendo sido vulnerado, no encuentra adecuado arrepentimiento sino a través del mecanismo extintivo allí aplicable para los supuestos y en la etapa procesal permitida, añadiendo que si el Legislador entendió que determinados hechos ilícitos o que arribado determinado momento procesal ni siquiera corresponde la 5

    extinción de la acción penal por pago, ello no significa que la suspensión del juicio a prueba resulte automáticamente aplicable.

    Continuó su presentación impugnaticia y, en esta dirección,

    apuntó que deviene innecesario analizar la razonabilidad del ofrecimiento de reparación efectuado en la encuesta, toda vez que la suspensión del juicio a prueba no resulta aplicable al sub examine.

    A partir de ello, aclaró que no corresponde aceptar ningún tipo de propuesta reparatoria, ya que la reparación de los daños irrogados por los hechos reprochados, especialmente en lo atinente al análisis sobre la existencia o no de perjuicio fiscal, corresponde que sea ventilada por ante la Aduana (art. 1121, inc. Ab@, del C.A.).

    Por tal razón, dijo, fue rechazada la propuesta efectuada, sin...

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