Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala II, 25 de Junio de 2019, expediente CAF 013772/2010/CA001

Fecha de Resolución25 de Junio de 2019
EmisorCamara Contencioso Administrativo Federal- Sala II

Poder Judicial de la Nación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL-

SALA II Nº 13.772/2010 En Buenos Aires, el de junio de dos mil diecinueve , reunidos en acuerdo los señores jueces de la S.I.I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, para conocer en relación a los recursos interpuestos en autos “UNITY S.A. c/ Mº Economía resol 125/08 126/08 141/08 s/ Proceso de conocimiento”, respecto de la sentencia obrante a fs. 680/686, el Tribunal estableció

la siguiente cuestión a resolver:

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

El doctor L.M.M. dijo:

  1. A fs. 1/35 se presentó la firma UNITY S.A. y promovió demanda contra el Poder Ejecutivo Nacional – ex Ministerio de Economía y Finanzas de la Nación, con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad de la resolución 125/2008 dictada por la citada cartera ministerial y, de todas las normas relacionadas con ella –art. 755 del Código Aduanero, decreto 2752/1991 y resoluciones 126/08 y 141/08 de dicho Ministerio, entre otras–, respecto del esquema de retenciones móviles para las exportaciones agropecuarias que estuvo vigente desde el 11 de marzo hasta el 21 de julio de 2008, el cual, según aclara, por lesionan con ilegalidad manifiesta los derechos y garantías reconocidos en la Constitución Nacional.

    Asimismo, requirió se condene al demandado a abonarle la diferencia positiva de valor resultante de la aplicación de la resolución 125/08, modificada por su similar 141/2008 y concordantes, y el que hubiere correspondido por aplicación de las normas preexistentes al dictado de la mencionada resolución, por las ventas acreditadas en autos y que se vieron alcanzadas por aquélla, con más un interés equivalente a la tasa activa que el Banco de la Nación Argentina cobra para sus operaciones de descuento de documentos a treinta (30) días, nominal, anual y vencida desde la fecha de mora y hasta el efectivo pago, con expresa imposición de costas a la contraria.

    A los fines del pago de la tasa de justicia, estimó que el monto de capital reclamado ascendía a la suma de pesos trescientos treinta y un mil doscientos setenta y cuatro con sesenta y tres centavos ($331.274,63), o lo que en mas o en menos resulte de la prueba a producirse en autos, con más la suma de pesos ciento catorce mil quinientos cuatro con diez centavos ($114.504,10), en concepto de intereses.

    Expresó que el monto final del crédito reclamado dependerá de las pruebas a producir en autos ya que el cálculo necesario para determinar cuál es la diferencia positiva es de extrema complejidad.

    Fecha de firma: 25/06/2019 Alta en sistema: 28/06/2019 Firmado por: J.L.L.C., JUEZ DE CAMARA Firmado por: L.M.M., JUEZ DE CAMARA Firmado por: M.C.C., JUEZ DE CAMARA #11121895#234143205#20190626120242370 Manifestó que UNITY S.A. es una empresa dedicada a la producción agrícola/ganadera que desarrolla sus actividades principales en la provincia de Córdoba donde siembran y producen los cuatro cultivos principales.

    Indicó que con fechas 21/05/2008, 22/05/2008, 27/06/2008 y 08/07/2008 celebró sucesivos contratos de compra/venta de maíz con las empresas CARGILL S.A.C.I., NIDERA S.A. y ADM ARGENTINA S.A..

    Explicó que la resolución 125/08 de fecha 10/03/08, implicó la aplicación de un nuevo sistema de retenciones móviles para la exportación de determinados granos (soja, girasol, maíz, trigo y todos sus productos derivados) de ajuste automático. Resaltó que los derechos de aduana y las llamadas retenciones constituyen un impuesto sobre las exportaciones de mercadería previsto por la Constitución Nacional en los artículos 4, 9, 17 y 126 y que, como todo impuesto, debe dar fiel cumplimiento a la causa constitucional.

    Especificó que el nuevo esquema de retenciones móviles, implicó

    que las retenciones al maíz hayan subido varios puntos porcentuales, los cuales cambiaban diariamente porque dependían de las oscilaciones internacionales de los precios de cada producto. Reitera que en el caso del maíz el incremento fue notorio, que en la primera de las ventas realizadas el aumento en la alícuota fue del 4,76%

    (operación de fecha 21/05/2008); de 6,61% en la operación de fecha 22/05/2008; de 18,17% en la operación de fecha 27/06/2008; y de 16,21% en la operación de fecha 08/07/2008.

    Señaló que el 18/07/2008, el Poder Ejecutivo Nacional dictó el decreto 1176 en virtud del cual ordenó instruir al Ministro de Economía y Producción de la Nación para que en uso de sus facultades, limite la vigencia de las resoluciones 125/08, su modificatoria 141 del 13/03/08, su derogatoria 64 del 30/05/08 y sus complementarias 284 y 285 del 18/04/08 y; disponga la vigencia de posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur iguales a las dispuestas por las resoluciones 368 y 369 de fecha 7 de noviembre de 2007. Indica que ello fue cumplido a través de la resolución 180/08.

    Puso de relieve que es de público y notorio conocimiento que el decreto 1176/08 y la resolución 180/08, fueron dictadas como consecuencia del rechazo por parte del Congreso de la Nación del proyecto de ley enviado por el PEN a fin de ratificar la vigencia y “supuesta legalidad” del esquema de retenciones móviles establecido por las mencionadas normas. Alegó que este hecho es lo que demuestra que el PEN reconoció expresamente que no estaba facultado para el dictado de la normativa de la que se plantea el pedido de inconstitucionalidad.

    Fecha de firma: 25/06/2019 Alta en sistema: 28/06/2019 Firmado por: J.L.L.C., JUEZ DE CAMARA Firmado por: L.M.M., JUEZ DE CAMARA Firmado por: M.C.C., JUEZ DE CAMARA #11121895#234143205#20190626120242370 Poder Judicial de la Nación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL-

    SALA II Nº 13.772/2010 En este marco, describió el funcionamiento del Sistema de Comercialización de Productos Agrarios –puntualmente de las operaciones en el comercio de granos, concretamente respecto al maíz–, a lo que este Tribunal se remite en honor a la brevedad.

    Hizo hincapié en que durante la vigencia de la normativa cuestionada, la firma UNITY S.A. vendió la cantidad de cuatro mil seiscientas once (4611) toneladas de maíz. Señaló que el precio convenido por las ventas en cuestión fue fijado a la fecha de concertación de las mencionadas operaciones.

    Aclaró que para la fijación del precio de mercado del cereal en cuestión se tiene en cuenta una diversidad de factores, que entiende que su explicación excede el marco de la presente demanda. Añadió que lo relevante es que al precio final se le debe restar el monto del impuesto a la exportación. Resaltó que de no haberse implementado el sistema de retenciones cuya declaración de inconstitucionalidad pretende, hubiera obtenido un precio mayor por los cereales vendidos.

    Destacó que la prueba más contundente que acredita que se efectuaron las ventas aquí denunciadas son los boletos de compraventa y formularios que adjunta.

    Respecto a la legitimación activa, con sustento en lo resuelto por esta S. en los autos caratulados “G.L., S.E. y otro c/ EN – Mº

    de Economía – Resol 125/08 (dto 2752/91) s/ amparo ley 16.986”, afirmó

    encontrarse legitimado por ser el perjudicado directo de la aplicación del sistema de retenciones móviles impuesto por la resolución 125/08.

    Con relación al planteo de inconstitucionalidad formulado, citó

    doctrina y jurisprudencia en apoyo de su postura a la que este Tribunal se remite por razones de brevedad. Detalló que en el citado fallo “G.L. se determinó

    que el esquema de retenciones móviles es inconstitucional y, que el productor tiene derecho a que el PEN le devuelva la diferencia por los montos retenidos durante la vigencia de las resoluciones que crearon dicho sistema móvil y el anterior sistema de retenciones.

    Explicó que tal como fuera desarrollado en el mencionado precedente, las retenciones a las exportaciones son tributos y como tales, no pueden ser creadas por el PEN, porque se estaría violando el principio constitucional de legalidad. Agregó que lo que impone este principio es que todo tributo venga exigido por una ley, a los fines de proteger el derecho de propiedad de los contribuyentes, ya que éste puede verse afectado desde que el pago de un tributo implica siempre una Fecha de firma: 25/06/2019 Alta en sistema: 28/06/2019 Firmado por: J.L.L.C., JUEZ DE CAMARA Firmado por: L.M.M., JUEZ DE CAMARA Firmado por: M.C.C., JUEZ DE CAMARA #11121895#234143205#20190626120242370 disminución en el patrimonio de los particulares (artículos 4, 17, 19 y 75 inc. 2 de la Constitución Nacional).

    Especificó que es el Congreso quien debe fijar el monto o la alícuota del impuesto, inclusive del impuesto a la exportación, resultando absolutamente improcedente una norma que represente una “carta en blanco” para el órgano ejecutivo.

    Reiteró que reconociendo que el derecho a la exportación es un tributo alcanzado por el principio de reserva de ley y que el ejercicio de las facultades conferidas al PEN en el artículo 755 del Código Aduanero requiere del dictado de una ley formal que establezca los límites para su aplicación, las resoluciones impugnadas son inconstitucionales por arrogarse facultades que la Constitución Nacional y el Código Aduanero confieren al Congreso de la Nación.

    Aclaró que si bien la Constitución Nacional autoriza al Congreso a delegar las funciones legislativas al Poder Ejecutivo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, en ninguna parte se autoriza a dicho poder a crear tributos, sino que surge claramente la prohibición respecto al ejercicio de facultades legislativas por parte del PEN, máxime cuando se trata de cuestiones tributario-aduaneras (arts. 4, 9, 17, 52, 75 inc. 1 y 2 y 99 inc. 3 de la CN).

    Destacó que la firma UNITY S.A. no tuvo otra posibilidad más que pagar el tributo en cuestión. Precisó que si bien no consideraba ajustado a derecho el esquema de retenciones móviles, no existía otra vía más que pagarlo y luego hacer el reclamo pertinente.

    Concluyó que la resolución 125/08 del MECON y las normas relacionadas...

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