Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial - SALA A - CAMARA EN LO COMERCIAL, 27 de Diciembre de 2013, expediente 27244/2013

Fecha de Resolución27 de Diciembre de 2013
EmisorSALA A - CAMARA EN LO COMERCIAL

Poder Judicial de la Nación.

JMB.

J.. 4 - Sec. 8.

027244/2013.

UNION GEOFISICA ARGENTINA S/ CONCURSO PREVENTIVO S/

INCIDENTE DE REVISION (POR FISCALIA DE ESTADO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES).

Buenos Aires, 27 de Diciembre de 2013.

Y VISTOS:

  1. ) Apeló la incidentista la sentencia de fs. 306/07 en cuanto rechazó el presente incidente de revisión.

    Los fundamentos de la apelación obran desarrollados en fs.

    318/19, habiendo sido respondidos por la concursada a fs. 321/22 y por la sindicatura a fs. 324/25.-

  2. ) Se agravió la recurrente porque se descontó de las sumas insinuadas -y que fueron verificadas por la sindicatura- una existencia de un saldo a favor de la concursada conformado en un período posterior a los reclamados cuando las disposiciones normativas aplicables solo permiten que se descuenten saldos a períodos siguientes y no a anteriores. Indicó que el hecho de encontrarse en concurso la deudora no podría importar un tratamiento preferencial respecto de aquellos deudores in bonis. Apuntó

    también que, en todo caso, el descuento del saldo a favor no debía efectuarse sobre el capital, sino en primer lugar sobre los intereses y sólo en caso de remanente debía restárselo al capital. Se quejó también porque no se admitió

    su pretensión de que se reconociera una suma mayor a la insinuada en la oportunidad del art. 32 LCQ. Manifestó que, aún cuando presentó su verificación solicitando el reconocimiento de la suma de $ 1420,40 por el período 4/2003, en la pericia contable efectuada por la sindicatura se consignó

    que por esa posición la suma adeudada por la concursada era de $ 80.383,54.

    Finalmente se quejó de la imposición de costas a su cargo.

  3. ) En tal contexto, apúntase seguidamente que, de acuerdo con el criterio prácticamente uniforme de la totalidad de las Salas que integran el Tribunal, los certificados de deuda emitidos por organismos fiscales con base en procedimientos de determinación de oficio con base real o presunta regulados por las leyes nacionales, provinciales o municipales, consentidos que fueren por la deudora o agotadas las instancias de revisión que esas mismas normas prevén, gozan de la presunción de legitimidad que –para el ámbito nacional- consagra el art.12 de la ley 19.549, y, por consiguiente, configuran –en principio- causa suficiente a los efectos de los arts. 32, 126 y 200 de la ley 24522, en la medida que no se encuentre cuestionada la legalidad del procedimiento, la constitucionalidad de la ley que lo regula o la posibilidad de defensa por parte del fallido o del síndico, en su caso (conf. esta S., 07.03.06, “O.R. s/ Quiebra s/ incidente de revisión promovido por AFIP – DGI”, íd. Sala B, 17.12.97, “Clínica Rivadavia S.A. s/ Quiebra s/

    Inc. Revisión por D.G.I”.; íd. Sala C, 29.12.95, “Cristalerías El Cóndor S.A. s/

    Incidente de Verificación de Crédito por Fisco Nacional (DGI)”; 27.4.99, “El Dorado Constructora Inmobiliaria S.A. s/ Conc. P.. s/ Inc. Revisión por D.G.I.”; íd. Sala D, 5.10.00,“Pan Manteca S.A s/ Quiebra”; íd Sala E, 16.9.97, “Walas Ricardo s/ Conc. s/ Inc Revisión por D.G.I”.; íd 12.8.98, “Quesoro S.A. s/ Quiebra s/ Inc. V.. por M.C.B.A.”; etcétera).

    Esto no significa -en modo alguno- colocar la acreencia del Fisco en mejor situación que aquélla en la que se hallan los restantes acreedores en materia de carga de la prueba a la hora de insinuar su crédito en el pasivo del concurso, ya que los organismos públicos se encuentran en este aspecto en un total pie de igualdad con aquéllos, sin que sea dable reconocer en su beneficio distinciones o prerrogativas que la ley no establece y que – a todo evento- no harían más que conculcar el principio de la par conditio creditorum (cfr. Sala C, 27.4.99, “El Dorado Constructora Inmobiliaria s/ Concurso Preventivo s/

    Incidente de Revisión por D.G.I.”, íd., 23.10.00, “Telimper S.A.C.

    I. s/ Quiebra s/ Incidente de Verificación por M.C.B.A.”, etc.). Se trata –simplemente- de reconocer eficacia, en principio y salvo comprobación de su inexactitud, a determinados instrumentos emitidos por ciertos funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones, instrumentos que, por otra parte, son emitidos –por lo general- dentro del marco de procedimientos reglados de índole administrativa que garantizan el derecho de defensa por parte del deudor. Es por ello que las liquidaciones presentadas por los organismos de esta índole configuran, en tanto instrumentos públicos, título “prima facie” suficiente a los efectos de la verificación del crédito, siempre –claro está- que, conforme ya fuera dicho, no estuviese cuestionada la legalidad del procedimiento, la constitucionalidad de la ley que lo regula o la posibilidad de defensa en juicio por parte del deudor o del síndico.

    Y cuando esto ocurre, el Fisco –como cualquier otro acreedor-

    está obligado a demostrar la causa de su obligación. No es materia discutible que los incidentes de verificación y revisión de créditos en el concurso del deudor son procesos de conocimiento, con amplitud de debate y prueba, en los que se debe invocar –y, en su caso, demostrar- la causa del crédito que se insinúa (arts. 32, 126 y 200 L.C.Q.); carga que pesa sobre todo acreedor concurrente y de la que no se encuentran exentos los organismos públicos por el solo hecho de serlo. Y si –como regla- dicha carga debe considerarse...

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