La unidad gremial sorteó la prueba inicial, pero aún tiene desafíos

 
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Si avanza en Diputados el proyecto de ley opositor que suspende los despidos por 180 días e impone la doble indemnización, Mauricio Macri quedará a tiro de su primer veto presidencial. El futuro de "la unidad en la acción" que escenificaron ayer las cinco centrales sindicales estará inevitablemente atado al desenlace de este brete en el que quedó atrapado el Gobierno.

La heterogeneidad de los dirigentes fue indisimulable. Hugo Moyano y Antonio Caló, jefes de dos de las tres CGT e identificados con el sindicalismo clásico y peronista, tragaron saliva antes de amenazar con una huelga general. Todo lo contrario a lo que expresaron sus colegas de las CTA, Pablo Micheli y Hugo Yasky, cuyas raíces están más cerca de la izquierda que del PJ. Micheli y Yasky están bajo presión: el gremio estatal de ATE, el más perjudicado por las desvinculaciones que activó el macrismo en el sector público, es el músculo gremial y económico de sus centrales.

Si no hay una reacción del Gobierno, Moyano y Caló prometen endurecer su reclamo, trasladar la próxima protesta a Plaza de Mayo, pero no un paro. Un eventual paro está aún muy verde. Mantendrán por ahora la frágil tregua que consensuaron con Macri. Y tal vez los gremialistas y el Presidente limen sus diferencias en el corto plazo, con un encuentro cara a cara. Sería inminente.

Luis Barrionuevo y su minúscula tropa de la CGT Azul y Blanca merecen una lectura aparte. El gastronómico agasajará mañana al jefe del Estado con un locro por el Día del Trabajador (ver página 16). Su esposa, Graciela Camaño, es la espada legislativa del Frente Renovador de Sergio Massa. Barrionuevo, que se bajó ayer de la movilización ante la adhesión del PJ y de la izquierda, desea oficiar de nexo entre Cambiemos y Massa para buscar una alternativa a la ley antidespidos. Buscan preservar a Macri del costo político de vetar la ley si es que llega a cristalizarse en Diputados.

Moyano y Caló cuidaron su retórica y evitaron atacar directamente a Macri. Cuestionaron sus medidas, sobre todo, las económicas y sociales. Los sindicalistas no vislumbran un plan oficial para detener la inflación ni los despidos, a pesar de la decisión de aumentar el seguro de desempleo de 400 a 3500 pesos. Además, desde la Casa Rosada les dieron una certeza que aún no digirieron: cualquier cambio profundo en lo relativo al impuesto a las ganancias será recién en 2017. El malestar gremial se...

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