Sentencia Interlocutoria de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 23 de Octubre de 2024, expediente A 78381

• Presidente del tribunal: Kogan-Torres-Carral-Kohan
• Número de expediente: A 78381
• Fecha: 23 Octubre 2024

A.78.381 "TROTTA ANGELA MARIA C/ INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (IPS) S/ AMPARO -RECURSOS EXTRAORDINARIOS DE INAPLICABILIDAD DE LEY-"    AUTOS Y VISTOS:La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Torres, Carral y Kohan dijeron:I. En autos -en el marco de una acción de amparo entablada por la señora Angela María Trotta contra el Instituto de Previsión Social por la que solicita que se condene a dicho organismo a cumplimentar en forma inmediata las resoluciones nº4385/00 y 436/19 dictadas por esta Suprema Corte- la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, confirmó la decisión de grado que desestimó el planteo de incompetencia y la citación de tercero efectuados por la demandada. Asimismo -por mayoría- confirmó tanto la resolución de grado que hizo lugar a la medida cautelar peticionada como la que impuso una multa diaria de pesos cinco mil ($5.000) en favor de la parte actora por cada día de retardo en la devolución del importe retenido indebidamente sobre el haber correspondiente al mes de diciembre del año 2020 (v. resol. de Cámara de fecha 17-VIII-2021).I.1. Para así decidir en relación a la medida cautelar, entendió que -en el delimitado marco cognoscitivo propio de las diligencias cautelares- se encuentra presente en autos el requisito de verosimilitud en el derecho, citando el precedente propio “Colavita” (sent. del 16-VI-2020). Asimismo, juzgó que las consideraciones expresadas por el magistrado de grado en lo atinente al peligro en la demora se ajustan a derecho y no han logrado ser desvirtuadas por la recurrente.I.2. Respecto a la medida conminatoria cuestionada juzgó que, dado el tiempo transcurrido desde su emisión y la falta de observancia de la tutela precautoria por parte de la demandada aún después de emitirse la orden judicial de restitución de los montos ilegítimamente retenidos, no se exhibían elementos que permitieran desvirtuarla.I.3. En cuanto a la excepción de incompetencia comenzó por señalar que la controversia se encuentra directamente relacionada por el obrar de un órgano de la Administración Pública Provincial -IPS- en su carácter de agente de retención del Impuesto a las ganancias.En ese contexto, sostuvo que no obsta a que la actuación provenga de una norma de orden nacional, pues desde la noción funcional del obrar enjuiciado, bien puede interpretarse que las particularidades del caso lo colocan en sede provincial, en la medida en que el órgano que realiza el descuento integra el cuadro de reparticiones de su administración pública y, en tal carácter, se halla alcanzada la contienda por el art. 17 bis de la ley de amparo.Señaló, además, que tal criterio se halla sentado por la Corte nacional en el precedente "Baum", resol. de 6-X-2015.I.4. Por último, declaró mal concedido el recurso de apelación interpuesto por el Fisco contra la resolución de grado que rechazó el pedido de citación de tercero por considerar que el caso de autos no encuadra en ninguno de los supuestos establecidos en el art. 16 de la ley 13.928 -texto según ley 14.192-.II. Frente a tal decisión, la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de fecha 2-IX-2021), el que denegado con sustento en la falta de definitividad del fallo impugnado (v. resol. de fecha 9-IX-2021), motivó la queja caratulada Q. 77.366 "Trotta, Angela M. c/Instituto de Previsión Social de la Provincia de Buenos Aires s/Amparo- Recurso de Queja por denegatoria de Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", acumulada a la presente (art. 292, CPCC; v. presentación de fecha 20-IX-2021).III. Encontrándose para resolver la admisibilidad del recurso de queja citado, la Cámara interviniente elevó mediante oficio electrónico las actuaciones principales en las que el 13 de septiembre de 2022 se concedieran los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley interpuestos por ambas partes (v. presentaciones de fechas 21 y 22 de junio de 2022), ahora contra la sentencia definitiva de fecha 2 de junio de 2022.IV.1. Comenzando por analizar el recurso de queja intentado, corresponde señalar -liminarmente- que si bien la impugnante transcribe en su totalidad el auto denegatorio del remedio extraordinario de fecha 2 de septiembre de 2021, lo cierto es que no ha expuesto ni desarrollado agravios vinculados a la ausencia de definitividad de la decisión que desestimó la citación de tercero, limitándose -en cambio- a argumentar la procedencia de aquel carril extraordinario en cuanto objetó la procedencia de la medida cautelar, la imposición de astreintes y el rechazo del planteo de incompetencia (v. punto VI del escrito de queja cit.).IV.2. Asimismo, surgiendo de la compulsa de los trámites del expediente principal que en fecha 7 de febrero de 2022 el juez de grado dictó sentencia definitiva -luego confirmada por la Cámara- haciendo lugar parcialmente a la acción de amparo intentada, corresponde declarar que el recurso de queja por denegatoria del de inaplicabilidad de ley devino abstracto en cuanto al agravio vinculado con la medida cautelar concedida en autos (doct. causas Q. 70.927, "Siderar SA", resol. de 23-XI-2011; Q 70.565, "Z., A.N.", sent. 7-VIII-2013; A. 78.464, "Cingolani", resol. de 16-II-2024; e.o.).IV.3. Subsistiendo el interés para recurrir respecto de los restantes agravios, toca pasar a su abordaje.IV.3.a. Así, en cuanto al cuestionamiento dirigido a objetar la imposición de astreintes, cabe señalar que esta Corte reiteradamente ha sostenido que sólo la sentencia definitiva puede dar lugar a la interposición de remedios extraordinarios, entendiéndose por tal a aquélla que, recayendo sobre el asunto principal objeto de la litis, pone fin al pleito condenando o absolviendo al demandado, o la que decidiendo sobre un artículo, produce el efecto de finalizar dicho proceso, haciendo imposible su prosecución (conf. causas Q. 75.585, "Mancuso", resol. de 26-XII-2018; Q. 75.702, Fernández Urricelqui", resol. de 22-V-2019; Q. 79.338, "Pazos", resol. de 19-VIII-2024).También es doctrina de este cuerpo que las decisiones en materia de astreintes no resultan definitivas y, por lo tanto, son ajenas a la revisión en esta instancia extraordinaria (doctr. causas A. 75.908, "Unión de Guardavidas Agremiados", resol. de...