Sentencia de Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial (Sala II) - Rosario, 11 de Febrero de 2015

Presidente3112/15
Fecha de Resolución11 de Febrero de 2015
EmisorCámara de Apelación en lo Civil y Comercial (Sala II) - Rosario

CÁMARA CIVIL y COMERCIAL DE ROSARIO (S.F.), SALA 2ª INTEGRADA. 11/2/15.

TROMPÍA S.R.L. c/ CHRYSLER ARGENTINA S. A. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS.

Sobre la cuestión, es nula la sentencia impugnada, el Dr. Muñoz dijo:

El recurso de nulidad interpuesto por la actora a foja 258, no ha sido fundado en esta instancia y no se advierten tampoco vicios extrínsecos en el procedimiento ni en la resolución que autoricen la declaración de invalidez ex officio.

Voto por la negativa.

Sobre la misma cuestión, el Dr. P. expresó idénticos fundamentos a los vertidos por el Dr. Muñoz y votó en igual sentido a la primera cuestión.

Sobre la misma cuestión, el Dr. P. expresó que, advirtiendo la existencia de dos votos totalmente concordantes, que hacen sentencia válida se abstenía de votar (ley 10.160, art. 26).

Sobre la cuestión, en su caso, es justa, el Dr. Muñoz dijo:

  1. El caso.

    Es menester para la resolución del caso bajo estudio, volver sobre los términos en que fue planteada la presente litis: la actora promovió demanda sumarísima por daños y perjuicios de orden contractual c/Chrysler Argentina SRL y "contra quien resulte responsable civil", tendiente a obtener un resarcimiento por los perjuicios sufridos como consecuencia de supuestos defectos de fábrica que, aparentemente, habría evidenciado el rodado J.G.C.L., Nº de chasis 1J8HC48MI6Y131045, patente FUK 993, de su propiedad. Es decir que dirigió su pretensión a la obtención de una reparación por daños y perjuicios que dice haber sufrido como consecuencia de la rotura de la tapa de cilindro de su camioneta, la cual tendría su origen en un defecto de fabricación e imputando la citada responsabilidad a la importadora Chrysler Argentina SRL. Esto surge claramente de los términos en que está expresada la demanda.

    Estimó su pretensión inicial la suma de $ 71.524 (comprensiva de los siguientes rubros: daño material en la suma de $ 56.524; privación de uso de la suma de $ 3.000; desvalorización de la unidad en la suma de $ 2.000; daño moral en la suma de $ 10.000), o lo que determine el tribunal, de acuerdo a las probanzas de autos, con más intereses y costas desde la fecha 3/9/10 hasta su efectivo pago.

    Expuso que tuvo continuos inconvenientes con el vehículo, hasta quedar totalmente inutilizables dentro del service oficial de Chrysler de J.P.B., a raíz de problemas importantes en la tapa del cilindro. Indicó que este servicio autorizado determinó un desperfecto y, a su vez, emitió un informe del mismo con un presupuesto para su reparación. Añadió que dicho service solicitó -también- un dictamen técnico de la firma Rectificaciones Seguenzia SRL, la que, en fecha 6/10/10, se expidió emitiendo un informe en donde señaló que se evidenciaba un desperfecto en la construcción de la tapa del cilindro, ya que no tiene ningún paso de agua con deterioro por corrosión de agua y que el resto de la tapa está en perfectas condiciones (f. 28).

    Expresó los fundamentos por los que considera que la responsabilidad civil por los daños irrogados es de la demandada: por ser la concesionaria importadora de la marca del rodado donde fue adquirido; por falta de información a los consumidores y, en consecuencia, de la concesionaria oficial que ocultó los problemas del producto; de los productores por la protección del consumidor por el daño causado por un producto vicioso y de la concesionaria por las cláusulas del certificado de garantía y por la deficiente verificación del estado del rodado.

    Por su parte, la demandada, Chrysler Argentina SRL, al contestar la demanda, negó puntualmente los hechos expuestos por la actora y brindó su versión de lo acontecido. Señaló que solo tiene responsabilidad por los vicios o defectos de los bienes que comercializa siempre y cuando se presenten o manifiesten dentro del período de vigencia de la garantía, ya que los derechos del consumidor no pueden extenderse a límites inusitados como en el caso bajo estudio. Añadió que el dictamen pericial de ingeniería presentado en el Aseguramiento de Pruebas surge que no existió defecto o desperfecto alguno imputable a la demandada y citó el informe de Rectificaciones Seguenzia SRL y el del perito oficial, los cuales dan cuenta de que recibieron la tapa de cilindro totalmente desmontada de la unidad. Por último, solicitó se desestime por completo la demanda, con costas, en base a las pruebas aportadas.

  2. La sentencia impugnada

    2.1. El magistrado de grado rechazó la demanda con costas a la actora. Sostuvo para ello que la actora no reclamó por las acciones del código civil para vicios redhibitorios por lo que no era factible aplicar un régimen en el cual la demanda no pudo defenderse; y, aún en la hipótesis trabajo de considerar como válido el cambio de oficio del régimen aplicable, sostuvo que la prueba rendida "no convence acerca de la existencia de un defecto de fabricación" (f. 253 vta).

    2.2. Contra esta resolución, se alzó la accionante. Radicados los autos en esta instancia expresó agravios la apelante a fs. 277/300, los que fueron replicados por la demandada a fs. 302/311, dictaminando la Fiscal de Cámaras que no corresponde su intervención en los presentes (f. 314).

  3. La expresión de agravios de la actora y su réplica.

    3.1. Los reproches de la accionante al decisorio de grado giran en torno a la incongruencia en que incurrió el mismo, y pueden sintetizarse el siguiente modo: a) omisión en la sentencia de cuestiones oportunamente planteadas "...resulta incongruente sostener que la demanda fue deducida exclusivamente el acuerdo al régimen de garantías de la Ley de Defensa del Consumidor y no en función de las acciones previstas en el art. 2174 del C. Civil, conforme lo autoriza el art. 18 de la ley 24.240..." (f. 278 vta); b) violación de la normativa vigente del art. 243 del CPCC; c) violación de lo que debió ser la base normativa de la resolución conforme quedó trabada la litis con la demanda y contestación, d) planteo incorrecto de la sentencia; e) violación de la doctrina legal y f) violación del principio de congruencia procesal. Por último, postuló la revocación de la sentencia por no atender a la situación fáctica y normativa planteada en las presentes actuaciones, con costas.

    3.2. La demandada, al contestar los agravios vertidos, propugnó su rechazo y la confirmación del fallo impugnado. En primer lugar, observó la insuficiencia técnica de los mismos al advertir sobre la ausencia de una crítica concreta y razonada de la sentencia recurrida. Luego, pasó a refutarlos por su notoria improcedencia y ausencia de todo fundamento a la luz de las probanzas de autos y de la normativa y jurisprudencia aplicable, réplica a la que remitimos brevitatis causae al memorial glosado a fs. 303 vta/310.

  4. La materia recursiva.

    4.1. Para la resolución del recurso puesto bajo análisis se deben diferenciar y tratar por separado, cuestiones de derecho y cuestiones de hecho. En ese orden pasaremos a tratar la apelación deducida.

    4.2. Existe una primera cuestión que hace a la alusión por parte del a-quo de las normas invocadas por la actora y las que resultan aplicables al caso, todo ello en juego con el principio "iura novit curia" y sus límites, a partir del respeto al principio de congruencia y el debido resguardo del derecho de defensa en juicio.

    Sobre el particular hemos sostenido en distintos precedentes que se reconoce a los jueces una amplia libertad de argumentación en el ejercicio del iura novit curia, "cuya aceptación se traduce en la necesaria libertad con que debe contar el sentenciante para subsumir los hechos alegados y probados por las partes, dentro de las previsiones normativas que rijan al caso. Libertad que subsiste en la hipótesis de que los litigantes hubieran invocado la aplicabilidad de otras disposiciones" (Cfr. P., J.: "El proceso civil. Principios y fundamentos", Ed. Astrea, 1978, pág. 96).

    En consecuencia, "a modo de válida digresión, conviene señalar que, merced a la utilización del iura novit curia, el juez no sólo puede y debe apartarse de las normas de fondo alegadas por las partes..." (Cfr. P., J.: "Libertad de argumentación de los jueces al momento de dictar sentencia", Revista de Derecho Procesal, Ed. R.C., 2008-1, pág. 87).

    Es por ello que se predica que el juez en lo C.. y C. tiene amplitud respecto de la elección de la fundamentación jurídica de su sentencia, no estando obligado a seguir las alegaciones que sobre el derecho aplicable han realizado las partes.

    Las partes tienen la facultad de materializar las normas jurídicas aplicables, pero los jueces no se encuentran vinculados por ellas.

    A.R. decía: "La norma jurídica es conocida por el juez por el solo hecho de su publicación (iura novit curia) y aun cuando la norma aplicable al caso no aparezca inmediatamente evidente al juez, éste debe deducirla por vía de razonamiento del Derecho vigente y no puede eximirse de juzgar bajo pretexto de deficiencia u oscuridad de la ley. En esta determinación de la norma aplicable, el juez no está vinculado por las demandas de las partes, si bien éstas pueden, para mejor obtener el fin remoto de la acción (emisión de una sentencia favorable), presentar argumentaciones sobre las normas legales que creen aplicables; pero el magistrado no está obligado a seguirlas en este cambio y puede muy bien aplicar una norma no invocada por ninguna de las partes" (R., A.: "La sentencia civil", El Foro, 2003, pág. 185).

    4.3. Así, en la sentencia impugnada, se dice que la "demanda fue deducida de acuerdo al Régimen de Garantías de la Ley de Defensa del Consumidor y no en función de las acciones previstas en el art. 2174 del Código Civil (acción redhibitoria o quanti minoris), conforme lo autoriza el art. 18 de la ley 24.240". El juzgador, entonces, analiza solamente la pretensión de la actora a la luz de los arts. 11 y concordantes de la LDC, dado que sostiene "no es posible un cambio oficioso del régimen de garantías en el que fue fundado la demanda" (f. 248 vta.). Analiza el plazo de garantía contractual de 24 meses...

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