Un triunfo de la Justicia sobre las presiones

Desde que la nacion reveló en diciembre de 2013 el entramado de fuertes relaciones económicas y comerciales entre los misteriosos hoteles de la familia Kirchner y el pseudoempresario Lázaro Báez, esas relaciones se convirtieron, una vez que la Justicia se ocupó de ellas, en uno de los casos de corrupción que más compromete a la familia Kirchner en la actualidad, y muy especialmente al hijo de la Presidenta, Máximo Kirchner.

Basta un ejemplo: basada en documentos, la investigación de este diario demostró que Báez pagaba el alquiler de numerosas habitaciones de esos hoteles, pero que, pese a abonar cifras millonarias, jamás se ocupaban esas plazas, en lo que parece una elemental maniobra de lavado de dinero.

Esas operaciones, que consistieron en el cobro de más de 1100 reservas mensuales abonadas durante un año y medio por ocho empresas vinculadas con Báez, son las que, en principio, comprometerían, además de al pseudoempresario santacruceño, al hijo de la Presidenta, aunque también se la investiga a ella, a su hija Florencia y a una sobrina.

Por eso no sorprendieron las fuertes trabas que encontró el juez federal Claudio Bonadio en la causa en la que investiga la denuncia presentada por la diputada Margarita Stolbizer (GEN) sobre la conducta de los funcionarios de la Inspección General de Justicia (IGJ) ante los incumplimientos de la firma Hotesur SA, controlante del hotel Alto Calafate; la presunta contratación falsa de plazas en hoteles de Hotesur, y las posibles operaciones de blanqueo de activos, junto con el papel de Máximo Kirchner, quien habría cobrado varios de los cheques de las empresas de Báez. Por ese motivo, se pusieron en marcha numerosos y fortísimos intentos para quitarle el expediente a este magistrado.

Pero anteayer, la Justicia volvió a demostrar que aún cuenta con funcionarios independientes y probos. Los jueces de la Sala I de la Cámara de Casación Penal, Gustavo Hornos, su presidente, y Luis María Cabral confirmaron al magistrado al frente del expediente. Quien pretendió apartarlo de la instrucción del caso Hotesur fue la defensa de Romina de los Ángeles Mercado, hija de Alicia Kirchner y titular de la firma controlante de los hoteles. En cambio, la camarista Ana María Figueroa, tercera integrante de la Sala I de Casación, votó en forma minoritaria por el apartamiento de Bonadio. Mercado sostenía que el juez no le permitía acceder a la causa, presenciar las declaraciones de los testigos y, a veces, sacar fotocopias.

En...

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