Una triangulación que involucra a De Vido y al ex titular de Enarsa

 
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Tras meses de letargo, la causa judicial que involucra al gremialista Omar Enrique Suárez se reactivó y da la sensación de que podría avanzar a ritmo de machete.

Procesado por haber entorpecido vías navegables y extorsionar a empresarios, ahora lo investigan por fraude y encabezar una asociación ilícita. Detrás de esta nueva acusación, se distingue una maniobra para desviar fondos que incluye a los ex funcionarios kirchneristas (ex ministro de Planificación Federal) y Exequiel Espinosa (ex titular de Enarsa).

Por un convenio entre el ministerio que encabezaba De Vido, Enarsa e YPF, a partir de 2008 la Argentina comenzó a importar gas licuado. Sirvió de excusa perfecta para que Suárez, líder del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), les reclame a las agencias marítimas un aporte por cada trabajador en concepto de "capacitación", con el argumento de que los tripulantes de los buques regasificadores debían manejar el idioma inglés.

Según la intervención judicial que desplazó en febrero a Suárez del SOMU, esas capacitaciones nunca se realizaron y las contribuciones patronales terminaron en las cuentas de la Fundación Azul, dependiente del sindicato, y la empresa San Jorge Marítima SA, en cuyo directorio está Suárez.

La triangulación habría sido así: el pago en vez de ir directamente al SOMU y de allí a la escuela de capacitación marítima Omar Rupp, ingresaba en un primer momento a la Fundación Azul y luego a la empresa San Jorge, de cuyo paquete accionario el gremio posee el 20%.

En 2011, el SOMU y Enarsa, representada por la firma Marítima Meridian, firmaron convenios en los que se aplicó este mecanismo de distribución.

El empresario Jorge Samarín, de Marítima Meridian SA, también sería citado a declarar. Los investigadores sospechan que actuó en tándem con Espinosa, el hombre de De Vido en Enarsa.

Gladys González, interventora del SOMU, rastrea por estos días la ruta del dinero en cuentas del Banco Nación y en los registros contables de la Fundación Azul y San Jorge Marítima.

En el informe de 12 páginas que González le entregó en mano al juez Rodolfo Canicoba Corral, se sugiere investigar a De Vido, a Espinosa y a la subsecretaría de Vías Navegables.

"La defraudación no sólo se configuraría respecto de los afiliados y del sindicato, sino también respecto del Estado, que, en definitiva, terminaba pagando abultadas sumas de dinero por el sobreprecio que significaba esta contribución injustificada,...

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