Los tres costos de la sentencia

 
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Ayer al mediodía los ministros que se reunieron en el despacho de Marcos Peña para analizar el fallo de la Corte Suprema, debieron ponerse firmes para evitar que Mauricio Macri saliera a denunciar una "justicia populista". El pronunciamiento de los jueces le provoca al menos tres costos a un gobierno que lo recibió con enorme frustración. No sólo por su contenido, sino también por la distancia que guardó con lo que se esperaba en la Casa Rosada.

Anteanoche, al cabo de un partido de fútbol en Olivos, las principales figuras del macrismo se fueron a dormir confiando en dos premisas: los jueces obligarían a celebrar audiencias públicas, pero convalidarían el aumento en el precio del gas en boca de pozo.

Tenían mala información. A pesar de que a las diez de la noche la sentencia ya estaba redactada.

La Corte ayer emitió un fallo distinto del que Macri imaginaba. En el texto aparecieron un trío de efectos que él no había contemplado: un mayor déficit fiscal, más complicaciones para quienes decidan invertir y un enredo político que deberá, en algún momento, resolverse.

El costo fiscal no es dramático. Pero el recorte de subsidios será más moderado. Los jueces anularon el ajuste a los consumidores domiciliarios. Son los beneficiarios del 26% del subsidio que el Poder Ejecutivo pretendía suprimir. Equivale a unos 1200 millones de dólares. Nada que no pueda manejarse. Eso sí: la Corte se extendió, en términos que para muchos especialistas son excesivos, sobre las ventajas del gradualismo. Se refirió, con espíritu bergogliano, a precios confiscatorios y reclamó a la administración que tenga en cuenta el equilibrio social. Es una advertencia para los aumentos que quedan por venir. No hay que olvidar que en el caso del gas la factura seguirá teniendo una subvención del 35%. Y en el de la luz, del 65%. De hecho, en la Jefatura de Gabinete tienen -¿tenían?- previsto aplicar de nuevo el torniquete a la electricidad en enero. ¿Será el mes más adecuado?

Las tarifas que deben abonar los usuarios industriales, comerciales y los generadores eléctricos se mantuvieron. No porque los magistrados las suscribieran, sino porque no estaban incluidas en el universo de consumidores que habían reclamado. Quiere decir que sigue habilitada la vía del amparo para las empresas, sobre todo pymes, que vayan a tribunales en busca de protección. La controversia energética permanece abierta. En un nuevo contexto: los jueces inferiores mirarán el fallo de ayer como un llamado a...

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