Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de la Seguridad Social - Camara Federal de la Seguridad Social - Sala 1, 3 de Marzo de 2023, expediente CSS 073658/2015

Fecha de Resolución 3 de Marzo de 2023
EmisorCamara Federal de la Seguridad Social - Sala 1

Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 1

Expte nº: 73658/2015

Autos: “T.V.P. c/ PREFECTURA NAVAL

ARGENTINA s/PERSONAL MILITAR Y CIVIL DE LAS FFAA Y DE SEG”

Sentencia Interlocutoria del Expte. Nº 73658/2015

Buenos Aires,

  1. Llegan los autos a esta Alzada en virtud del recurso de apelación deducido por la parte actora contra la resolución dictada por el Sr. Magistrado a cargo del Juzgado Federal de Primera Instancia de la Seguridad Social Nº 10 el día 24-08-22 por la que reiteró la intimación ya efectuada a la demandada y al organismo liquidador para que en el término de diez días acreditaran haber depositado el crédito reconocido en autos a la parte actora y los honorarios correspondientes, o en su caso, haber efectuado la previsión presupuestaria correspondiente, bajo apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 17 del Dec. Ley 1285/58.

    Para así decidir sostuvo que la sentencia definitiva establece un crédito a favor de la parte actora que adquiere el carácter de comprometido en los términos del art. 42 de la Ley 24.156 y que configura un gasto que el Poder Ejecutivo debe conocer. Agregó que este crédito incluye los accesorios del pleito (capital, intereses y honorarios), pero que, no obstante ello, el crédito comprometido se transforma en devengado recién cuando existe liquidación firme y consentida; toda vez que, a partir de su aprobación, la parte obligada al pago cuenta con las pautas necesarias para efectuar la previsión presupuestaria. Señaló que dado que el auto aprobatorio de la liquidación resulta ser un requisito ineludible a efectos de que el Estado Nacional inicie el procedimiento de cancelación de las condenas dinerarias a su cargo, el plazo de espera legal no se encontraba vencido,

    lo que impedía admitir el apercibimiento de embargo pretendido.

    La recurrente se agravia de lo decidido con fundamento en que se hallaba vencido el plazo otorgado en la resolución dictada el día 19-11-21. Agrega que al haberse presentado liquidación en el año 2020, la previsión presupuestaria debió ingresar en el año 2021. Señala que solicitó la cancelación del crédito del actor y de sus honorarios y que en respuesta se cursa una nueva intimación.

    Explica que se cursaron tres intimaciones ya vencidos todos los plazos otorgados sin que la demanda efectuara presentación alguna en la causa. Afirma que tomando en cuenta la fecha de la liquidación,

    la misma debió haber sido previsionada para ser cancelada en 2022, y que con sólo mantener silencio, la deudora ha logrado trasladarla para el año 2024.

  2. Surge de las constancias de la causa que la parte demandada presentó liquidación el día 06-09-20 mientras las actuaciones se hallaban en trámite ante la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, habiéndose devuelto las actuaciones al Juzgado en el mes de octubre de 2021. Dicha liquidación fue aprobada el día 19-11-21. En la misma providencia se intimó a la demandada y al organismo liquidador para que en el improrrogable término de veinte días informaran si contaban con partidas presupuestarias para cancelar el crédito en el ejercicio financiero en curso (año 2021), o bien dispusieran los mecanismos necesarios a fin de efectuar la previsión presupuestaria pertinente.

    Fecha de firma: 03/03/2023

    Alta en sistema: 06/03/2023

    Firmado por: VICTORIA PEREZ TOGNOLA, JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: D.A., SECRETARIO DE PRIMERA INSTANCIA ADSCRIPTO

    Firmado por: A.C.C., JUEZ DE CAMARA

    A diferencia del crédito en concepto de capital de los actores, la cuantificación de honorarios no ha sido a la fecha aprobada ya que fue en principio observada y luego diferida su resolución para cuando obrara liquidación definitiva (ver providencia del 0-04-22).

    Se desprende de las constancias de la causa que la parte actora solicitó el día 16-04-22 que al haber vencido el plazo de veinte días otorgado el día 19-11-21 sin que la demandada ni el organismo liquidador efectuaran presentación alguna, se intimara a la demandada a abonar los retroactivos actualizados a la fecha del pago en el término de diez días y sus honorarios bajo apercibimiento de embargo. En dicha presentación, luego de resumir el trámite habido según su posición, expresó que ya en junio de 2020 se había regularizado el haber mensual al cobro.

    Surge de las constanciaas de la causa que el día 04-05-22 el Sr. Magistrado interviniente procedió a reiterar la intimación cursada el día 19-11-21.

    Se desprende del análisis de la causa que el actor el día 23-06-22 reiteró lo solicitado el día 16-04-22 al haberse vencido el nuevo plazo otorgado.

    Dicha petición fue desestimada a tenor de la resolución apelada.

  3. Que en relación a la cuestión relativa al modo de cancelación de la deuda del Estado Nacional, este Tribunal se ha expedido en la causa “Stancato, D.A. c/Caja de Retiros,

    Jubilaciones y Pensiones de la Policía Federal Argentina s/personal militar y civil de las FFAA y de Seg” (expte. nº 67.182/15), sentencia interlocutoria del 01-12-22.

    Se expresó allí que corresponde resolver la cuestión a la luz del esquema complejo,

    estructurado sobre las siguientes normas vigentes: Leyes 3.952 (principalmente el artículo 7), 11.632

    (actual artículo 132), 23.982 y C.. 2 del Título 1, del Libro Tercero del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (CPCCN), referido a la ejecución de sentencias de tribunales argentinos.

    En primer término, cabe ponderar que luego de la sentencia de condena firme y consentida,

    debe llevarse a cabo la liquidación correspondiente de los importes adeudados, tal como lo establece el artículo 504 del CPCCN que regula la cuantificación de sumas ilíquidas. Ello se debe a que gran parte de las condenas al Estado no expresan una suma liquida determinada, de manera que la aplicación del artículo 503 del mismo código, queda relegada a un segundo plano.

    La carga de presentar la liquidación corresponde al particular vencedor, mas si no la cumple dentro de los diez días contados a partir de la fecha que devino firme la sentencia, el Estado puede calcular el importe de la condena. Presentada esa liquidación, se corre traslado a la contraparte por el término de cinco días y, luego de ello, el juez determina los importes adeudados, sin perjuicio de la facultad que le acuerda el artículo 511 de ampliar y/o readecuar las modalidades de ejecución.

    Dos cuestiones deben ser consideradas en este punto: en primer lugar, que la Administración cuenta con mayor información y capacidad de confeccionar una liquidación que los particulares. Es por ello que, muchas veces a pedido de los propios actores o porque así se ordena en la sentencia, en la práctica corriente suele intervenir o bien el organismo estatal demandado, o una tercera entidad técnica vinculada al expediente (v. gr.: entidades liquidadoras,), a fin de calcular los importes adeudados o de aportar elementos que permitan cuantificar la condena.

    En segundo término, debe tenerse en cuenta que si con el devenir del proceso el juez advierte errores y/o montos improcedentes, cuenta con la potestad de modificar las liquidaciones ya aprobadas y no canceladas, aun mediando consentimiento de ambas partes. Es por ello que la liquidación se aprueba condicionalmente, con la frase “en cuanto hubiere lugar por derecho”. Así, ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que “no cabe argumentar sobre la preclusión del derecho a impugnar la liquidación, frente al deber de los jueces de otorgar primacía a la verdad jurídica objetiva, toda vez Fecha de firma: 03/03/2023

    Alta en sistema: 06/03/2023

    Firmado por: VICTORIA PEREZ TOGNOLA, JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: D.A., SECRETARIO DE PRIMERA INSTANCIA ADSCRIPTO

    Firmado por: A.C.C., JUEZ DE CAMARA

    Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL - SALA 1

    que la aprobación de las liquidaciones solo procede en cuanto hubiere lugar por derecho, excediendo los límites de la razonabilidad pretender extender el resultado de una liquidación obtenida sobre la base de operaciones matemáticas equivocadas, a pesar de encontrarse dicha situación puntualmente evidenciada durante el...

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