Tras la suspensión de Freiler, el Gobierno quiere volver a la carga para echar a Gils Carbó

Ahora, sí. Después de varias derrotas en su objetivo por renovar parte de la Justicia, el Gobierno recobró la confianza y se prepara para una nueva batalla. Con el camarista Eduardo Freiler suspendido y en proceso de juicio político, cerca del presidente Mauricio Macri volvieron a poner en la mira a la procurada general de la Nación, Alejandra Gils Carbó.

El resultado de las elecciones y la jugada que terminó con Freiler fuera de su despacho generaron una ola de exitismo en la Casa Rosada. Están convencidos de que la sanción que le aplicó ayer el Consejo de la Magistratura comenzó un efecto "bola de nieve". Pero para darle impulso a esa "ola" el Gobierno necesita triunfar en la elección legislativa.

"Será postoctubre... Pero antes también tiene que resolverse su situación procesal", dijo a LA NACION un integrante del Gabinete que participa de la estrategia que aún está en elaboración.

Desde el Gobierno siguen con atención los avances de las causas judiciales que complican a la jefa de los fiscales, enemiga número uno del presidente Mauricio Macri. En ese escenario, asoma una fecha clave: el jueves 31. Es que en 12 días Gils Carbó deberá declarar ante el juez federal Julián Ercolini, que la citó a indagatoria por los delitos de fraude, abuso de autoridad y cohecho en la compra de un edificio para la Procuración por más de 43 millones de pesos.

"La Justicia tiene que trabajar en mejorar su gestión y eso pasa también por revisar la actuación de sus integrantes. Lo de Freiler es un paso enorme hacia la Argentina de la seriedad y el fin de la impunidad", dijo el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, en declaraciones radiales.

Si como esperan en la Casa de Gobierno el juez Ercolini decide procesar a Gils Carbó, ya habrá un argumento más para volver a intentar dar el debate en el Congreso. Hoy, en la hoja de ruta donde garabatean opciones se impone reflotar el tratamiento de la reforma del Ministerio Público Fiscal (MPF), que ya cuenta con dictamen de mayoría de la Cámara de Diputados. La posibilidad de removerla por decreto quedó, al menos en esta instancia, afuera.

Ese proyecto fue dinamitado por Elisa Carrió, que se negó a debatir una ley "hecha a medida de una persona". Es que la nueva norma que fijaría en cinco años la duración del mandato del procurador y el oficialismo pretendía aplicarlo de manera retroactiva para desplazar a Gils Carbó.

"Si subsanamos esa diferencia creo que la sacamos", anticiparon fuentes oficiales. Según pudo saber...