Tras el paro, la Presidenta apunta contra el trabajo no registrado

Tres días después del paro nacional convocado por la presidenta envió al Congreso un proyecto de ley para reducir el trabajo no registrado con una fuerte advertencia a los sindicatos opositores."Les pedimos que trabajen para conseguir que se mantengan los puestos de trabajo y reducir la precariedad", fue su modo de que el jueves pasado paralizó la actividad en rechazo de la política oficial.En su primera actividad pública tras la medida de fuerza, Rosada una iniciativa que prevé reducir el trabajo informal del actual 33,5 por ciento al 30 por ciento en un año, lo que implicaría regularizar cerca de 300.000 trabajadores. "Llama la atención cuando uno no escucha como uno de los principales reclamos que se luche contra la precarización laboral, que realmente es un enemigo de todos los trabajadores", descargó Cristina en otro mensaje destinado a los gremios que se plegaron al último paro.La nueva ley que deberá aprobar el Congreso tiene como eje central un régimen de beneficios para las empresas chicas con la finalidad de reducirles la carga impositiva. Contempla dos estructuras. Una, para aquellos microemprendimientos que empleen hasta cinco trabajadores, que abonarán el 50 por ciento de las cargas dentro de un régimen permanente del que se beneficiarán los trabajadores ya registrados y los nuevos. Son las situaciones consideradas más vulnerables, como puede ser una panadería o un quiosco.El otro esquema es por dos años y según el rango de ganancia y tamaño de la empresa. Para aquellas pymes con hasta 15 trabajadores, el beneficio es total, es decir que no pagarán contribuciones durante un año sólo para los empleados nuevos y en el segundo año de contratación abonarán 25 por ciento de las cargas. En el caso de empresas más grandes, de entre 16 y 80 trabajadores, los nuevos empleados registrados pagarán la mitad y en compañías de más de 80 empleados se pagará el 75 por ciento. Se derogará la actual ley 26.476, que no hacía distinción por tamaño del empleador.La medida tendrá un costo de 4150 millones de pesos, que dejará de percibir el Estado en concepto de aportes, y quedarán excluidas de estos beneficios las empresas que reduzcan personal.El proyecto contempla además fuertes sanciones para los empresarios que incumplan con el blanqueo de trabajadores, por lo que se crea un registro de empleados con sanciones laborales, llamado Repsal, de acceso público."Sabemos que hay una gran creatividad e inventiva por parte de los...