La tragedia de la Justicia (Última parte)

Debemos remontar años de profundo deterioro judicial: el país debe contar con un órgano imparcial que proteja derechos, resuelva disputas e imponga sancionesEn nuestros dos últimos editoriales sobre la Justicia, explicamos la naturaleza, los fines y objetivos del putsch o golpe de Estado que soportan el Poder Judicial y otros organismos de control, reconociendo en su origen la necesidad que tienen la vicepresidenta y otros ex y actuales funcionarios procesados de quedar indemnes de sus causas sorteando la acción regular de la Justicia y consolidando un poder hegemónico, incluida la venganza. En este intento, está claro que se ha sumado el presidente Alberto Fernández para respaldar la acción de quien lo ha ungido.Remarcamos la importancia de comprender la naturaleza del embate, los reales objetivos que tiene esta acción contra de la Justicia y otras instituciones, y la forma y modo con que están actuando quienes propician esos arteros ataques, desproporcionadamente superiores a la defensa que ensaya la oposición.Desde estas columnas, desnudamos las letanías de la funcionaria procesada, que se queja de ser víctima de un inexistente lawfare y objeto de persecución política, situación que comparte con otros funcionarios corruptos condenados o procesados a los que llama "presos políticos", en lugar de lo que son: "políticos presos". Lisa y llanamente, intenta que en el imaginario colectivo se confunda a la Justicia con la basura que tiró frente a la sede de los Tribunales el grupo que pugna por la liberad de la condenada Milagros Sala.Por todo ello, es momento de reflexionar si no estamos frente a una falta gravísima o, incluso, un nuevo delito cometido por la vicepresidenta. En efecto, no es otra cosa que la actitud de una persona con máxima responsabilidad en el Gobierno que no trepida en degradar las instituciones para obtener un beneficio personal, impulsar un cambio desatinado por el costo y por las implicancias en toda la justicia penal del país y la creación de un tribunal intermedio con la esperanza de coparlo y que le resuelva las apelaciones de sus causas judiciales. En fecha reciente, la Comisión Bicameral de Monitoreo del Código Procesal Penal que claramente responde a sus intereses, agregó un requisito más para demorar la ejecución de las sentencias condenatorias. En efecto, al volver operativa una norma de un Código que aún no rige en el ámbito de la Capital, que es donde se tramitan los juicios que a la vicepresidenta realmente...