Tragedia en Barracas: aún la Justicia no sabe qué pasó

Sospechas, preguntas, dolor y cenizas. Nada más que eso habrá dentro de cuatro días cuando se cumpla un año del incendio y derrumbe de Barracas en el que murieron ocho bomberos y dos miembros de Defensa Civil. Así como las paredes del depósito de Iron Mountain se derrumbaron sobre las víctimas, durante el transcurso del año se fueron desplomando las esperanzas de sus familiares frente a una investigación que sólo sigue generando dudas sobre lo que realmente sucedió la mañana del 5 de febrero de 2014.

La causa, primero caratulada como incendio y luego cambiada al delito de estrago, avanzó a paso muy lento, a tal punto que aún no culminaron los peritajes que fueron encargados a los bomberos de la Policía Federal y al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y un año después se desconoce si se trató de un accidente fortuito o si fue un incendio intencional.

La Justicia espera que los resultados de los análisis estén listos durante el mes en curso, pero no serán los últimos peritajes. A pedido de la fiscal Marcela Sánchez, que investiga el hecho, en las próximas semanas, comenzará un nuevo peritaje a cargo de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). El objetivo de la funcionaria fue convocar a expertos que no pertenezcan a las fuerzas involucradas en la tragedia.

En el lento proceso que siguió durante los meses posteriores al incendio y derrumbe en la esquina de Quinquela Martín y Jovellanos, mientras se terminaba de remover cientos de toneladas de escombros, hierros y papeles incinerados, la investigación fue perdiendo fuerza a medida que los querellantes desistían de la causa penal.

Según pudo saber LA NACION, las familias de las diez víctimas llegaron a un acuerdo económico con Iron Mountain. "Fueron empujados a tomar esa decisión. No había interés en que la causa avance y mucha premura para que se resuelva por la vía civil", resumió un abogado de una de las querellas.

Fuentes ligadas a la Sección Querellas del personal herido o caído en cumplimiento del deber de la Policía Federal aseguraron que la causa seguirá su curso al tratarse de un delito de acción pública, pero con algunas diferencias. "La causa no muere. Pero se perderá el impulso que los querellantes pueden dar, como aportar pruebas y presionar", explicaron.

Fallaron los aspersores

Durante la investigación, a cargo de la Fiscalía de Instrucción N° 37 y en la que interviene el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 18 a cargo del juez Pablo Ormaechea, se...