Trabajo esclavo y sistema judicial

• Autor: Carlos Juliá

Si deseamos^* impulsar transformaciones en nuestros países, tenemos que entender el todo y cómo funciona el mundo, para luego poder actuar en consecuencia. Recuerdo la brillante intervención de Francois Houtart hace dos años, en la inauguración del segundo FSMM, cuando puso de manifiesto que las empresas multinacionales y sus subsidiarias, producen bienes y servicios para el 30% de la población mundial, que trabaja en relación directa o indirecta con ellas. Empresas que producen mercancías de alto rango con gran valor agregado y "marcas" acreditadas para un consumo selectivo. Los bienes y servicios que producen son para alrededor de 2.000/2.500 millones de personas, los 4.000 millones restantes no son de interés del mercado, por carecer del poder de compra necesario para “pertenecer” al sistema y pasar a formar parte del mismo. Pero cuando estos miles de millones de excluidos tienen alguna forma de relación laboral, solo pueden hacerlo de manera informal o bajo contratos precarios y en la condición de esclavos o explotados.

En la Argentina, a partir del incendio de un taller textil clandestino, acontecido hace casi tres años, donde murieron de trabajadores/as bolivianos/as, se pusieron de manifiesto las formas de producción en estos talleres con trabajadores esclavos, indocumentados, en locales insalubres donde al mismo tiempo habitan y producen las familias en condiciones de servidumbre.

A raíz de este hecho, se inició una causa judicial en el juzgado federal a cargo del doctor Norberto Oyarbide, donde fueron denunciadas empresas de indumentaria que contrataban talleres con inmigrantes indocumentados en condiciones de máxima precarización laboral. Luego de un largo litigio, los tres directivos acusados como responsables del siniestro, fueron sobreseídos por considerar el juez Oyarbide "...que ese modo de explotación sería herencia de costumbres y pautas culturales del altiplano boliviano, de donde provenía la mayoría de los talleristas y costureros"; según el juez, se trata "...de un grupo humano que convive como un ayllu o comunidad familiar extensa, originaria de aquella región, que funciona como una especie de cooperativa".

Por su parte, el Cónsul General de Bolivia en Argentina, opinó que el juez "...debió haberse informado sobre la naturaleza de las costumbres ancestrales, que nada tienen que ver con los tristes sistemas de esclavitud" que rigen en los talleres clandestinos.

En esta causa, luego de alrededor de tres años de investigar...