Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala IV, 7 de Diciembre de 2017, expediente CAF 035325/2012/CA001

Fecha de Resolución 7 de Diciembre de 2017
EmisorCamara Contencioso Administrativo Federal- Sala IV

Poder Judicial de la Nación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA IV-

CAUSA 35325/2012/CA1: “TORBELLINO HINOSTROZA, S. c/ EN-

M Interior-DNM-Resol 415(EX 208306/09) y otro s/recurso directo DNM”

En Buenos Aires, a de diciembre de 2017, reunidos en acuerdo los señores jueces de la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, a efectos de conocer del recurso interpuesto en los autos caratulados: “TORBELLINO HINOSTROZA, S. c/ EN-M Interior-DNM-Resol 415 (EX 208306/09)

y otro s/recurso directo DNM”, contra la sentencia de fs. 273/277vta., el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

El señor juez de Cámara M.D.D. dijo:

  1. ) Que, la señora juez de la anterior instancia hizo lugar al recurso deducido por la ciudadana peruana S.T.H., en los términos del art. 84, de la ley 25.871 y, en consecuencia, dejó sin efecto la resolución nº 0415, correspondiente al expediente nº 208306/1999 del registro de la Dirección Nacional de Migraciones.

    Expresó que “la irrazonabilidad de una decisión administrativa puede configurarse por diferentes motivos: (a) no respetar el principio de razonabilidad (b) utilizar un medio no idóneo para alcanzar el fin perseguido [o] (c) no respetar el principio de igualdad”, y manifestó –con relación a la primera causal– que la Administración no se había excedido al adoptar las medidas de las que daba cuenta el acto administrativo impugnado, toda vez que éstas guardaban debida proporción con la finalidad del acto, en función de las facultades asignadas al órgano emisor.

    Luego, citó el artículo 29 del decreto 70/17 –modificatorio de la ley 25.871– e hizo hincapié en la situación personal de la accionante.

    Mencionó que la actora es separada, vive en el país desde hace 18 años, trabaja de empleada doméstica y que tiene tres hijos menores de edad y de nacionalidad argentina que se encuentran cursando el colegio secundario.

    Puso en relieve que la Dirección Nacional de Migraciones se limitó a considerar que se encontraba configurada una de las causales de impedimento para conceder la residencia y agregó que, conforme lo sostenido por el Defensor de Menores, debía privilegiarse el interés superior de los menores y contemplar la importancia de la reunificación familiar.

    Fecha de firma: 07/12/2017 Firmado por: M.D.D., JUEZ DE CAMARA Firmado por: J.E.M., JUEZ DE CAMARA Firmado por: R.W.V., JUEZ DE CAMARA #10639089#180531315#20171206172722567 Poder Judicial de la Nación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA IV-

    CAUSA 35325/2012/CA1: “TORBELLINO HINOSTROZA, S. c/ EN-

    M Interior-DNM-Resol 415(EX 208306/09) y otro s/recurso directo DNM”

    Finalmente, compartió el dictamen de la Defensora Oficial y consideró que la situación personal de la actora se encuadraba dentro del caso concreto de pedido de reunificación familiar, en razón de su conducta y el tiempo de residencia en el territorio argentino con el fin de educar y criar a sus hijos.

  2. ) Que, contra ese pronunciamiento, el Estado Nacional –

    Dirección Nacional de Migraciones– interpuso recurso de apelación a fs. 283, que fue concedido libremente a fs. 284.

    Puestos los autos en la Oficina, expresó agravios a fs.

    290/298, que fueron replicados por la Defensora Coadyuvante de la Comisión del Migrante de la Defensoría General de la Nación a fs. 300/304.

  3. ) Que, la demandada se agravia de la falta de congruencia del fallo dictado por la juez de la instancia anterior, en cuanto omitió realizar un control de razonabilidad, debido proceso y legalidad de los actos impugnados por la actora, apartándose de lo establecido en el art. 84, de la ley 25.871.

    Aduce que el hecho de que se le negara el otorgamiento de la dispensa excepcional no es óbice para determinar que se prescindió de considerar los antecedentes fácticos de la causa.

    Alega que la sentencia apelada no resulta una derivación razonada del derecho vigente aplicado al caso de autos, toda vez que no resuelve la cuestión dentro del marco de la ley 25.871 y su decreto reglamentario 616/2010.

    Por último, entiende que la decisión administrativa de expulsión de un extranjero es una facultad de la Administración y no una obligación impuesta por ley, por lo que tal atribución se inscribe dentro de sus potestades discrecionales.

  4. ) Que, de las constancias de la causa se desprende que:

    1. La Sra. S.T.H. es ciudadana peruana, se desempeña como empleada doméstica y tiene 3 hijos –de ciudadanía argentina– menores de edad (fs. 24 de las act. adm. y fs. 45/46; 48/49; 51/52).

      Fecha de firma: 07/12/2017 Firmado por: M.D.D., JUEZ DE CAMARA Firmado por: J.E.M., JUEZ DE CAMARA Firmado por: R.W.V., JUEZ DE CAMARA #10639089#180531315#20171206172722567 Poder Judicial de la Nación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA IV-

      CAUSA 35325/2012/CA1: “TORBELLINO HINOSTROZA, S. c/ EN-

      M Interior-DNM-Resol 415(EX 208306/09) y otro s/recurso directo DNM”

    2. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal nº 2 de la Capital Federal condenó a la actora –en el marco de la causa 1499– a dos años de prisión de ejecución condicional por considerarla partícipe secundaria del delito de comercialización de estupefacientes (fs. 77 de las act. adm.).

    3. En la disposición SDX 144320, de fecha 16/10/09, el entonces Director de Control de Permanencia declaró irregular la estadía de la actora en el país, ordenó su expulsión y prohibió su reingreso al territorio nacional (fs. 23/25).

    4. En la disposición DNM 408, de fecha 28/1/11, el entonces Director Nacional de Migraciones rechazó el recurso de reconsideración interpuesto por la Sra. T.H. (fs. 29/31).

    5. En la resolución 415, de fecha 24/5/12, el entonces Ministro del Interior rechazó el recurso de alzada interpuesto por la actora (fs.

      38/41).

  5. ) Que el art. 29 de la ley 25.871, en su redacción original, disponía que:

    ARTICULO 29. — Serán causas impedientes del ingreso y permanencia de extranjeros en territorio nacional:

    (…) c) Haber sido condenado o estar cumpliendo condena, en la Argentina o en el exterior, o tener antecedentes por tráfico de armas, de personas, de estupefacientes o por lavado de dinero o inversiones en actividades ilícitas o delito que merezca para la legislación argentina pena privativa de la libertad de tres (3) años o más. (…)

    (…) La Dirección Nacional de Migraciones, previa intervención del Ministerio del Interior, podrá admitir, excepcionalmente, por razones humanitarias o de reunificación familiar, en el país en las categorías de residentes permanentes o temporarios, mediante resolución fundada en cada caso particular, a los extranjeros comprendidos en el presente artículo (…).

    Esta disposición se mantuvo, en lo sustancial y en lo que al caso interesa, con el alcance que le imprimió el decreto 70/17. Así, en...

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