Todavía sin acceso a la información pública

 
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El informe presentado por nueve organizaciones sociales de la Argentina ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en el marco del Examen Periódico Universal (EPU), que se realiza cada cuatro años, abarca el período 2008-2011 y denuncia, a casi 30 años de recuperada la democracia, la falta de una ley de acceso a la información pública y los significativos retrocesos que en el plano nacional experimentó este derecho cívico básico para la promoción de la participación informada de los ciudadanos.Días atrás, a partir de esta presentación, en la sede de ese organismo en Ginebra, países como Noruega, Bélgica, Canadá, Suiza y Estados Unidos cuestionaron al Estado argentino por las falencias que presenta en materia de acceso a la información pública. Algunos de ellos destacaron la necesidad de una ley de acceso que se adecue a los estándares internacionales y que incluya un órgano garante autónomo e independiente que promueva el acceso a la información, al tiempo que destacaron la poca confiabilidad de las estadísticas oficiales.La Asociación por los Derechos Civiles (ADC), una de las organizaciones que elaboraron el informe, resaltó la necesidad de que los problemas de acceso a la información sean considerados problemas de derechos humanos y destacó la obligación que tiene el Estado de garantizar ese derecho y producir información confiable. Ahora, la Corte Suprema convocó a una audiencia pública para comenzar a tratar la demanda de la ADC contra el PAMI porque este organismo se negó a informar cómo reparte su presupuesto publicitario.Como destacamos en numerosas ocasiones, la falta de acceso a la información y la generación de datos sesgados y de frágil rigor técnico y científico limitan la democracia y restringen el sistema republicano, porque además de exponer a los ciudadanos a la intemperie de una institucionalidad de baja calidad, obstaculizan el pleno ejercicio de la ciudadanía en el control del poder.La falta de información pública facilita la cooptación del Estado por parte de un gobierno. Esto conlleva el serio riesgo de convertir algunos de los monopolios que debería ejercer el Estado, como la seguridad, el sistema monetario, el servicio de justicia y las políticas fiscales, en monopolios de gobierno carentes de control ciudadano.La carencia de información sobre la utilización de los recursos del Estado que son...

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