Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza - CAMARA FEDERAL DE MENDOZA, 7 de Abril de 2015, expediente FMZ 082211254/2011

Fecha de Resolución 7 de Abril de 2015
EmisorCAMARA FEDERAL DE MENDOZA

Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - SALA B Mendoza, 07 de Abril de 2015.

Y VISTOS:

En Acuerdo de esta Cámara en pleno el expediente nº

FMZ 82211254/2011, caratulado: “T.D., N.D. contra AFIP DGI por Apelación”

Y CONSIDERANDO:

Que vienen los autos a los fines de resolver el planteo de “competencia” efectuado por el señor F. General ante esta Cámara en su dictamen de fecha 22/02/2012.

Sostiene el F. General que: “Las presentes actuaciones se originan en la apelación judicial del art. 78 de la ley 11.683 interpuesta por N.D.T.D. contra la Resolución nro. 11035/10 (DI RMEN) dictada por el Director Regional de la Agencia Estatal AFIP que ordena la clausura durante un día de su establecimiento, con arreglo a las previsiones de los arts. 42 y 43 de la ley 11.683 (fs. 34/37)”

La Juez Titular del Juzgado Federal de 1era Instancia nro. 2 de la Ciudad de Mendoza resuelve dicha apelación y revoca la clausura dispuesta por la AFIP (fs. 57/58). Dicha resolución apelada por el representante de la entidad estatal (fs. 63), remedio que le es concedido (fs. 64).

Bajo el título Postura de esta Fiscalía General el F. General dice que debe expedirse sobre: “… un tema fundamental…” ese tema es: “el referido a la competencia del Juzgado Federal de 1era Instancia nro. 2 de la Ciudad de Mendoza para entender en esta especie de obrados y, en caso negativo, como proceder en este caso concreto”

Fecha de firma: 07/04/2015 Firmado por: R.J.N., Juez de la Cámara Federal de Mendoza -Subrogante-

Firmado por: H.C.E., Juez de la Cámara Federal de Mendoza -Subrogante-

Firmado por: C.A.P., Juez de la Cámara Federal de Mendoza -Subrogante- 1 Firmado por: H.F. CORTES, Juez de la Cámara Federal de Mendoza -Subrogante-

Firmado por: J.A.G.M., Juez de la Cámara Federal de Mendoza Firmado por: G.L.T., Secretaria de Cámara Sostiene el F. General que: “en nuestro sistema jurídico, la piedra angular de esta polémica es el art. 17 de la Ley Nº 24.769 en cuanto enuncia que “Las penas establecidas por esta ley serán impuestas sin perjuicio de las sanciones administrativas fiscales”.

A. mi opinión adhiriendo a la interpretación, que de esta norma hacen Orce y T. para quienes la aplicación conjunta de sanciones administrativas y penales por un mismo hecho se justifica en razón que la sanción impuesta en sede criminal es de naturaleza penal mientras que la sanción impuesta en sede administrativa es de naturaleza distinta, no penal.

Estos juristas –siguiendo a G.J.- afirman que, para resolver los problemas que se pueden presentar en los casos concretos resulta necesario ofrecer alguna interpretación posible de en qué consiste una sanción propia del derecho penal. Una sanción penal afecta con una profundidad incomparable los derechos del condenado; los presupuestos de su aplicación, por ello, son más estrictos. Por el contrario, las sanciones de comportamientos que se encuentran muy cercanos a conductas socialmente adecuadas se ajustan más al ámbito de las contravenciones. (Orce, G. y G.F.T., Delitos tributarios. Estudio analítico del régimen penal de la ley 24.769, Ed. A.P., Buenos Aires, 2.008, pág. 278 y ss.)

Concluye que: “las sanciones previstas por la Ley Nº

11.683 no presentan, debido a la relación de cercanía que demuestran en sus montos con el perjuicio irrogado por la transgresión de las normas, una naturaleza verdaderamente penal. Por lo demás, las reglas de atribución de responsabilidad no contribuyen a conformar un sentido de desaprobación irrenunciable con respecto al hecho

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Fecha de firma: 07/04/2015 Firmado por: R.J.N., Juez de la Cámara Federal de Mendoza -Subrogante-

Firmado por: H.C.E., Juez de la Cámara Federal de Mendoza -Subrogante-

Firmado por: C.A.P., Juez de la Cámara Federal de Mendoza -Subrogante- 2 Firmado por: H.F. CORTES, Juez de la Cámara Federal de Mendoza -Subrogante-

Firmado por: J.A.G.M., Juez de la Cámara Federal de Mendoza Firmado por: G.L.T., Secretaria de Cámara Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - SALA B “Coincidentemente con lo expuesto, G.C. expresa que, desde su comprensión del Derecho penal económico, el punto de partida para encontrar un criterio de diferenciación entre el delito y la infracción administrativa no puede ser la gravedad de la lesión del bien jurídico pues el criterio del bien jurídico como objeto jurídicamente valorado no se corresponde propiamente con la función del Derecho penal.”

“Prosigue afirmando que desde el punto de vista del hecho externo no cabe duda que el delito y la infracción administrativa lesionan o ponen en peligro un bien valorado positivamente, pero desde una perspectiva normativa el Derecho penal no protege esos objetos valiosos sino la vigencia de expectativas de conducta fundamentales para el funcionamiento de la sociedad.

(G.C., P., Derecho Penal Económico. Parte General, Ed. G., Lima, 2007, pág.68)

Una infracción administrativa puede defraudar también ciertas expectativas de conducta, pero habrá que determinar si la importancia de la defraudación justifica utilizar criterios cualitativamente similares al Derecho penal para imputar tal defraudación a una persona. Ambos ordenamientos apuntan a re estabilizar una expectativa defraudada, pero la forma de llevarlo a cabo se muestra claramente distinta, ya que se trata de defraudación de distinta relevancia social.

De tal manera, se puede decir que las normas administrativas aseguran expectativas referidas al funcionamiento global de un sector del tráfico social y tienen como finalidad únicamente que estos sectores no colapsen, lo que, por otra parte, le permite también utilizar mecanismos cognitivos de reestabilización.

Las normas penales, por el contrario, protegen expectativas normativas derivadas de la identidad normativa esencial de la sociedad o, lo que es lo mismo, los aspectos que permiten en el sistema social concreto una realización personal, de manera que Fecha de firma: 07/04/2015 Firmado por: R.J.N., Juez de la Cámara Federal de Mendoza -Subrogante-

Firmado por: H.C.E., Juez de la Cámara Federal de Mendoza -Subrogante-

Firmado por: C.A.P., Juez de la Cámara Federal de Mendoza -Subrogante- 3 Firmado por: H.F. CORTES, Juez de la Cámara Federal de Mendoza -Subrogante-

Firmado por: J.A.G.M., Juez de la Cámara Federal de Mendoza Firmado por: G.L.T., Secretaria de Cámara fundamentan un reproche de culpabilidad material del autor, lo que explica que se recurra no sólo a criterios de imputación sino también a mecanismos de reestabilización cualitativamente distintos (G.C., P., op. Cit., pág. 69 .

Al respecto, este autor concluye enfatizando que por más que exista un acercamiento de los criterios de imputación penal a los manejados en el Derecho administrativo, o viceversa, de ninguna manera puede significar una absoluta homogeneidad entre ambos ordenamientos.

Queda, entonces, claramente justificado, a mi juicio, que existe una diferencia cualitativa entre delitos e infracciones tributarias. Pero resta aún explicar que las particularidades del Derecho penal económico que lo diferencian, en muchos aspectos, del Derecho penal nuclear, han ejercido una incidencia determinante sobre los intentos más modernos de diferenciación entre delitos y contravenciones tributarias.

“Respecto del Derecho penal económico, se ha resaltado los matices que adquieren dentro de este Derecho penal periférico, la teoría de la ley penal, del delito y de las consecuencias jurídico-penales. Reiteradamente se ha sostenido que la parte general del Derecho penal y la teoría del delito se habían elaborado tradicionalmente tomando como referencia hechos delictivos de configuración naturalista, ejecutados de propia mano por un agente individual. Pero ya nadie niega que buena parte de las estructuras de imputación construidas sobre ese paradigma resulte inadecuada cuando se trata de atribuir responsabilidad por delitos económicos. En los delitos penales económicos concurren algunas características que los distancian considerablemente del modelo tradicional de delito: son delitos que se cometen en el marco de organizaciones complejas, que aparecen en sectores generalmente sometidos a una intensa regulación por el Derecho privado y el Derecho administrativo, que se canalizan a través de contactos Fecha de firma: 07/04/2015 Firmado por: R.J.N., Juez de la Cámara Federal de Mendoza -Subrogante-

Firmado por: H.C.E., Juez de la Cámara Federal de Mendoza -Subrogante-

Firmado por: C.A.P., Juez de la Cámara Federal de Mendoza -Subrogante- 4 Firmado por: H.F. CORTES, Juez de la Cámara Federal de Mendoza -Subrogante-

Firmado por: J.A.G.M., Juez de la Cámara Federal de Mendoza Firmado por: G.L.T., Secretaria de Cámara Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE MENDOZA - SALA B anónimos, en no pocas ocasiones con intermediación tecnológica, cuyos medios comisivos son frecuentemente de naturaleza técnica y cuya dimensión de lesividad adquiere notas de difusión y difuminación. (S.S., J.M., La expansión del Derecho penal. Aspectos de la política criminal en las sociedades postindustriales, Ed. Civitas, Madrid, 1999, pág. 124).

“Una observación superficial de este fenómeno explica que haya entrado en crisis la vinculación de la autoría con la noción de ejecución material; que la dogmática de los delitos especiales y de las posiciones de garantía se halle en pleno auge; que se plantee la cuestión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas; que las leyes penales en blanco aparezcan como la técnica legislativa por definición; que se constate la tensión entre los métodos interpretativos formalistas-

jurídicos y fácticos-económicos; o que los delitos de peligro se generalicen. Estas características del Derecho penal económico, a la vez que dan origen a críticas, lo perfilan como un “derecho de intervención o de segunda velocidad” (S.S., J.M., La expansión del Derecho penal. Aspectos de la política criminal en las sociedades postindustriales, Ed. Civitas, Madrid, 1999, pág. 124)...

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