Título XII. Comunas

• Páginas: 378-426
• Autor: Maximiliano R. Calderón,Paulina R. Chiacchiera Castro,Eduardo Torres Buteler

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Este artículo brinda herramientas para el cruce de informa-

ción entre gobiernos en un contexto de proliferación de bases

de datos públicas y privadas, de crecientes ujos de información

que transitan cotidianamente el espacio digital, junto con temas

como el uso de algoritmos, las cadenas de datos encriptados o

los desarrollos en el campo de la inteligencia articial que exigen

una mirada actualizada de la norma orientada a optimizar las

políticas públicas que se implementan.

TÍTULO XII

COMUNAS

Arts. 188 a 211 por Yéssica Nadina Lincon

y Maximiliano R. Calderón

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Constitución y Radio

Artículo 188. Podrán constituirse Comunas en las po-

blaciones estables de menos de dos mil (2.000) habi-

tantes según el último censo nacional, que no se en-

cuentren comprendidas en ningún radio municipal.

El radio de la Comuna comprenderá la zona be-

neciada por cualquier servicio de carácter perma-

nente más la zona aledaña de futura ampliación.

La Comuna se erige en una herramienta del derecho público

que tiende a optimizar la descentralización del poder y, con ello,

a reforzar el sistema federal, permitiendo zanjar de manera e-

caz las necesidades más urgentes de la población.

Tienen una importancia trascendental en la descentraliza-

ción política y el resguardo de la democracia local (Mensa Gon-

zález, 2009:223).

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En ese sentido, procura facilitar la participación de la ciuda-

danía en el proceso de toma de decisiones y en el control de los

asuntos públicos; consolidar la cultura democrática participati-

va; mejorar la eciencia y la calidad de las prestaciones; imple-

mentar medidas de equidad, redistribución y compensación de

diferencias estructurales a favor de las zonas más desfavoreci-

das; preservar, recuperar, proteger y difundir el patrimonio y la

identidad cultural de los distintos pueblos; cuidar el interés ge-

neral de la población y asegurar el desarrollo sustentable.

Si bien la Constitución de Córdoba no prevé expresamente el

reconocimiento de autonomía de las comunas, se les reconoce

una facultad de autogobierno, de administración, con recursos

propios y elección directa de sus autoridades.

En rigor, son pequeños municipios que forman parte del ré-

gimen municipal cordobés cuya autonomía debe ser resguarda-

da en sus contenidos mínimos a n de no desnaturalizar la exi-

gencia de los artículos 5 y 123 de la Constitución Nacional.

El régimen municipal cordobés está congurado, a partir del

criterio cuantitativo, por Ciudades, Municipios y Comunas.

En todos los casos estamos frente a entes autónomos, con di-

ferente alcance y contenido en los distintos órdenes que prevé el

artículo 123 de la Carta Magna.

En la doctrina se ha señalado ya que las comunas comportan

“cuasi municipios” (Mooney y Brügge, 1998:676), ya que, aun-

que no acceden a la estatura institucional municipal, suponen

trascendentes mecanismos de armación “de los principios de

descentralización política y democracia local, pilares del régimen

municipal cordobés” (Hernández, 1987:91-117).

La jurisprudencia del Máximo Tribunal de Justicia de Córdo-

ba ha señalado que “La diferencia entre municipios y comunas

se reere a una graduación en la estructura gubernamental y que

estas últimas si bien con matices diferentes dadas las distintas

realidades en que se asientan, se equiparan prácticamente a los

municipios”. Asimismo, que “…las comunas no son simples dele-

gaciones o entidades administrativas dependientes del gobierno

de la Provincia. Por el contrario, se erigen en nucleamientos polí-

tico-institucionales de naturaleza y contenido similar a los de los

municipios, en cuanto gozan de una autonomía que les permite

gobernarse por sí mismas a través de sus representantes, por lo

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que no se daría cabal cumplimiento al imperativo del art. 5 de la

Constitución Nacional si no se las reconociera como tal…” (TSJ

Sala EyCo, S. 25/1998). Así, “Tanto los municipios como las comu-

nas se erigen en verdaderos ‘gobiernos’ o ‘poderes locales’, dotados

de los resortes legales para lograr su total independencia funcio-

nal en sus diversos órdenes institucional, político, administrativo

y nanciero” (TSJ Sala EyCO, S. 2/2004).

Por nuestra parte, entendemos que no pueden ser cataloga-

dos como entes autárquicos o meras descentralizaciones instru-

mentales, pues inductivamente se advierten rasgos incompa-

tibles con esta calicación, tales como el origen constitucional

(art. 194, CProv.), la base sociológica (población estable), su fa-

cultad de dictado de legislación local y de carácter general (arts.

198 y 208, inc. 3, LOM), la elección popular de sus autoridades.

La falta de autonormatividad constituyente no comporta un

argumento contrario a la naturaleza municipal de las comunas ni

tampoco una violación a la regla del artículo 123 de la Constitución

Nacional, pues resulta admisible la posibilidad de que determina-

dos municipios carezcan de autonomía plena a los nes del dicta-

do de sus instituciones locales (Rosatti, 1997:107). Lo distintivo de

la autonomía municipal está dado entonces por la capacidad de

elegir las propias autoridades; la autosatisfacción económica y -

nanciera, derivada de la posesión de recursos propios; contar con

materia propia, con facultades de ejecución y normativas; y la au-

todeterminación política, como necesidad de no recibir presiones

o controles políticos o de otro tipo desde el exterior que impidan o

tornen ilusorio el ejercicio de sus funciones. Notas que están pre-

sentes en el régimen comunal de Córdoba.

Ello por más que la Ley Orgánica Municipal prevé la posibi-

lidad de su disolución por decisión del Poder Legislativo Pro-

vincial o bien del electorado (arts. 223-224), lo que importaría

acordarles un carácter meramente instrumental y alejarlas de la

noción técnica de Municipio.

En Córdoba las comunas se rigen por el artículo 194 de la

Constitución de Córdoba, del cual se desprende: (i) Su reconoci-

miento constitucional; (ii) La adopción del criterio demográco

para condicionar su existencia; (iii) La delegación a la legislatura

provincial de la determinación de las condiciones de su existen-

cia, competencia, recursos y forma de gobierno y (iv) El impe-

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